Concejales de Cacique Manaure denuncian irregularidades en proyectos comunitarios
Los concejales del municipio Cacique Manaure, en la costa oriental falconiana, denunciaron públicamente una serie de hechos de gravedad que, aseguran, afectan de manera directa la calidad de vida y el patrimonio de los habitantes de Yaracal.
Los ediles Juan Escubina, César Peña, Joanni Mujica y Alejandro Bravo señalaron la presunta pérdida de recursos públicos y fallas en infraestructura crítica, específicamente en la adquisición e instalación de transformadores eléctricos, por lo que exigen una respuesta institucional inmediata.
Asimismo, denunciaron voceros presuntamente ilegítimos de la comuna “Los Caciques”. Según explicaron, el Consejo Federal de Gobierno (CFG) habría asignado recursos para la adquisición e instalación de transformadores eléctricos a través de las consultas populares.
Las irregularidades denunciadas consisten en que dos de los transformadores explotaron poco tiempo después de ser instalados, duraron menos de 24 horas.
Los concejales de Yaracal consideran que estos hechos podrían evidenciar fallas de calidad, sobreprecio, negligencia técnica o la posible adquisición de equipos reconstruidos presentados como nuevos.
Irregularidades
Los legisladores también señalaron presuntas irregularidades en la construcción de una escuela ubicada en el sector Las Brisas de Yaracal, por lo que consideran necesario activar de manera urgente los mecanismos institucionales y legales correspondientes.
En este sentido, solicitaron la actuación de la Contraloría Municipal de Cacique Manaure, organismo al que le correspondería iniciar de oficio una investigación, auditar los recursos asignados por el CFG, revisar facturas, actas de entrega y verificar la calidad de los equipos, así como la capacidad técnica de quienes ejecutaron el proyecto.
De igual forma, exhortaron al Ministerio de las Comunas a intervenir para verificar el estatus y la legitimidad de los voceros señalados, debido a que, según la denuncia, estarían actuando de manera “ilegítima”.
Finalmente, los concejales destacaron que los servicios públicos, especialmente el servicio eléctrico, constituyen un derecho fundamental para la población.
Afirmaron que la sustracción o el desvío de estos bienes no sólo representa un delito económico, sino también un atentado contra el bienestar social de las comunidades.
Francisco Chirinos
CNP 9966