Cierre de emisoras de radio afecta la libertad de expresión y DDHH de usuarios

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha cerrado al menos 95 emisoras de radio en todo el país solo en lo que va de año. Los argumentos son la extinción de la concesión o supuestas irregularidades con la titularidad de esos permisos. Sin embargo, expertos en el área de las comunicaciones aseguran que los incumplimientos legales que pueden tener las emisoras no son su responsabilidad, sino del ente regulador. 

Carlos Correa, director de Espacio Público, explica que más de 80% de las emisoras que funcionan en el país no tiene la titularidad al día. Luisa Torrealba Mesa, investigadora del Ininco (Instituto de Investigaciones de la Comunicación) y docente de derechos comunicacionales en la UCV, explica que en Conatel existe «una gran opacidad en relación a la situación del espectro radioeléctrico»; por lo que no se sabe cuántas emisoras operan en el país, cuántas están en procesos de habilitación, la fecha exacta del vencimiento de las concesiones y, resalta que, aunque hayan tramitado la renovación de las licencias, «no ha habido respuesta por parte de Conatel».

Esta es la situación de decenas de emisoras y la de Eduardo Jaime, dueño de la emisora FM Bahía 102.5, que transmitía en la ciudad de Cumaná, estado Sucre, pero que fue cerrada a mediados de octubre tras una llamada de Conatel. «Me llamó la representante regional de Conatel por teléfono y me dijo que apagara la emisora. Sin documento, sin papel, sin una carta; nada. Dijo que los papeles no estaban en regla y, ciertamente, no los tenemos en regla porque hay muchas dificultades con Conatel», explica. 

De la misma manera, Jaime denuncia que además de las dificultades para renovar la concesión se les exige presentar un proyecto por el que deben cancelar entre 7.000 y 10.000 dólares (a gestores de Conatel), pero sin garantía de la concesión, pero se interroga: «¿Cómo un medio del interior de la república va a pagar ese monto? No facilitan las cosas, es una culpa compartida, pero Conatel no hace lo necesario para facilitar el orden». 

Al respecto, la profesora Torrealba reporta que cuando se solicita la concesión, Conatel comienza el procedimiento para cobrar los impuestos establecidos en la ley; por lo que «se supone que si te cobran impuestos es una señal de que el proceso está avanzando positivamente, porque si la respuesta fuera negativa —que no se va a autorizar la concesión— no deberían cobrar impuestos».

Lo que ocurre con la mayoría de las emisoras de radio cerradas en los últimos años es que pagan impuestos y Conatel las cierra alegando que están usando ilegalmente el espectro radioeléctrico, que no están habilitados, especifica Torrealba.

«Entonces, realmente hay una gran opacidad en relación a todo lo que tiene que ver con los procesos de otorgamiento de las concesiones y una gran opacidad por parte de Conatel en relación al estatus del espectro radioeléctrico», expone Luisa Torrealba.

Afectación a los DDHH

Luisa Torrealba Mesa recuerda que el espectro radioeléctrico es de dominio público, pertenece a todos, y el Estado lo único que debe hacer es administrarlo y «garantizar la pluralidad del espectro».

No obstante, asegura que el cierre de las emisoras es «muy preocupante» sobre todo para las personas que viven en el interior del país que usan la radio como medio por excelencia para informarse. «Cuando se cierran canales de información, se reduce significativamente la opción que tienen los ciudadanos para elegir por dóndedocumentarse», dice. 

La investigadora agrega que, en medio de una situación de emergencia humanitaria compleja como la que atraviesa el país, la situación delicada por las lluvias torrenciales y la pandemia, cuando no hay información oportuna, libre y existen restricciones para informarse y tomar decisiones cotidianas —como qué vía de traslado usar o por quién votar en medio de unas elecciones— son múltiples los derechos humanos que se vulneran.

«La información es fundamental para preservar otros derechos humanos como la vida y la salud. Si no tienes información se ven afectados severamente otros derechos porque no podemos tomar las decisiones de prevención para resguardar nuestras vidas. Entonces, es muy grave porque la gente no tiene cómo decidir o prevenir».

Con información de TalCual