CIDH amplía medidas cautelares para el general Ángel Vivas y su familia

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió, el pasado 27 de noviembre, la Resolución 94/2021 mediante la cual amplió las medidas cautelares a favor de la familia del general retirado Ángel Vivas, pues consideran que todavía «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela».

El 27 de octubre de 2017, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor del general Vivas Perdomo mientras estaba detenido por una orden presidencial. La Comisión valoró que la situación de riesgo del militar retirado continúa y que, tras su liberación, se ha extendido a su esposa e hija.

La Comisión, entre las denuncias recibidas, tomó nota de la existencia de personas armadas que conocen los desplazamientos de la familia y presuntamente podrían estar relacionadas con funcionarios del Estado.

Personas desconocidas también han tenido acceso a la vivienda del general Vivas, han tomado fotos y se las han enviado a la familia para amedrentarlos. En otra ocasión, ingresaron a la vivienda y agredieron físicamente al militar retirado y su esposa, causando graves lesiones físicas.

Los abogados del expreso político denunciaron que tras estas agresiones, el acoso y seguimiento al  militar retirado y su familia continuó y se extendió a su hija.

Por su parte, destacó la CIDH, el Estado venezolano no ha presentado información «que controvierta lo alegado por la representación de las víctimas ni permite indicar que la situación valorada fue debidamente mitigada».

Por toda esta situación, la CIDH solicitó al Estado de Venezuela que:

  • adopte las medidas necesarias para proteger y respetar los derechos a la vida e integridad personal de las personas identificadas, tanto por parte de sus agentes como en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos;
  • concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y
  • informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción y ampliación de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

El general retirado del Ejército Ángel Vivas Perdomo fue acusado por Nicolás Maduro en cadena nacional, durante las protestas antigubernamentales de 2014, de haber colocado una guaya en una urbanización al oeste de Caracas que ocasionó la muerte de un motorizado identificado como Edwin Durán.

El 23 de febrero de 2014, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se presentaron en la vivienda del militar retirado, ubicada en la urbanización Prados del Este, con una orden de detención sin firma o sello de un juzgado. El general Vivas dijo que no se entregaría, se atrincheró en su casa y se declaró como un civil en rebeldía contra las autoridades establecidas.

En abril de 2017, el militar fue finalmente detenido tras salir a auxiliar a una persona que chocó su vehículo contra el portón de su casa, que luego fue denunciado como una estrategia para apresarlo. Estuvo desaparecido durante varios días y fue recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) conocida como El Helicoide.

Poco más de un año después, el 1° de junio de 2018, el general Vivas fue excarcelado con medidas cautelares por orden del Ejecutivo debido a los graves problemas de salud que desarrolló en prisión por los tratos crueles a los que fue sometido. Presentaba una fractura en la columna vertebral y una hiperplasia prostática que le ocasionaba dificultades al orinar.

Con información de Tal Cual