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- El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes que el Ministerio para el Servicio Penitenciario incumplió los compromisos asumidos con los familiares de los privados de libertad del Internado Judicial de Barinas (Injuba), luego de los disturbios registrados recientemente dentro del recinto y los posteriores traslados de internos a distintos penales del país. Según la organización, las autoridades habían asegurado a los familiares que cualquier reubicación sería voluntaria y que los propios reclusos podrían escoger el centro penitenciario al que serían enviados. No obstante, allegados de los internos afirmaron que los traslados se realizaron de forma obligatoria y sin información oficial sobre los destinos de los privados de libertad. Herbeauty Este es el nuevo mensaje de Nelly Furtado en apoyo al amor propio Más información El OVP indicó que más de 15 grupos de reclusos fueron enviados a cárceles de los estados Carabobo, Guárico, Lara, Miranda, Portuguesa y Zulia, pese a que varios de esos recintos ya presentan graves problemas de hacinamiento. La organización alertó que esta situación podría agravar aún más las condiciones de reclusión en esos centros penitenciarios. La ONG también expresó preocupación por la situación de las mujeres recluidas en el anexo femenino del penal. Aunque las autoridades anunciaron el desalojo total del área, hasta la mañana de este martes las internas permanecían en el recinto. Sus familiares fueron informados extraoficialmente sobre posibles traslados hacia cárceles ubicadas en Miranda y Táchira. Los hechos ocurrieron tras una protesta iniciada el pasado 24 de mayo, luego de una requisa que los privados de libertad calificaron de violenta. De acuerdo con las denuncias, durante el operativo se habrían registrado agresiones físicas, destrucción de pertenencias y presuntos actos de tortura. Familiares de los internos cuestionaron además el silencio del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, quien hasta ahora no ha ofrecido declaraciones públicas ni atendido directamente a quienes exigían respuestas en las afueras del penal. El OVP señaló que quien sostuvo reuniones con un pequeño grupo de familiares fue el general de división Giuseppe Cacioppo, encargado de transmitir las promesas relacionadas con los supuestos traslados voluntarios. Entretanto, los familiares denunciaron que no existe un listado oficial que detalle cuántos internos fueron trasladados ni los lugares exactos donde permanecen recluidos, lo que ha obligado a muchos allegados a recorrer distintos estados del país para intentar localizar a sus seres queridos. La organización reiteró además las denuncias sobre las precarias condiciones dentro del Injuba, donde persisten problemas severos de alimentación, acceso al agua potable y atención médica. Según el balance presentado, el recinto tiene capacidad para 450 personas, aunque actualmente albergaría a más de 1.300 reclusos, reflejando un hacinamiento superior al 290%. Durante la protesta, varios internos difundieron videos desde los techos del penal denunciando presuntos abusos y exigiendo la destitución del entonces director Elvis Macuare Guerrero. Según las acusaciones, las autoridades respondieron con disparos de perdigones y bombas lacrimógenas dirigidas incluso hacia el anexo femenino. Herbeauty Este es el nuevo mensaje de Nelly Furtado en apoyo al amor propio Más información Finalmente, el OVP exigió una investigación sobre lo ocurrido dentro del penal y solicitó la destitución del ministro Julio García Zerpa, al considerar que no ha respondido adecuadamente a la crisis penitenciaria en el país.
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