AN de Guaidó pide investigar confiscación del diario El Nacional

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La comisión delegada de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 aprobó un acuerdo en el que rechaza el fallo confiscatorio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el diario El Nacional. En el documento aprobado en la sesión ordinaria de este 18 de mayo los diputados solicitaron un procedimiento de investigación por la confiscación del medio.

El presidente de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación, diputado Jony Rahal, se comprometió a realizar todas las acciones junto a Gustavo Tarre Briceño, representante de Venezuela designado por el gobierno interino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), para denunciar todos los abusos contra la libertad de expresión.

Rahal, quien presentó el acuerdo, manifestó que el país fue testigo del asalto a las instalaciones del referido diario. “Se robaron las instalaciones de El Nacional, un periódico que tiene más de 77 años al servicio de la libertad de expresión y la democracia en Venezuela”, dijo.

El parlamentario aseveró que las acciones del régimen de Maduro contra el medio de comunicación evidenciaron el abuso del poder. Detalló que no se presentó una orden judicial, ni un decreto de medida, sino que apenas se limitaron a pegar un cartel y desalojaron a todos los que se encontraban en el lugar.

El diputado Rafael Veloz subrayó que los «sistemas dictatoriales» no pueden convivir con los medios de comunicación social, porque les tienen mucho miedo y por eso los cierran.

Indicó que el diputado de la AN de Nicolás Maduro electa en los cuestionados comicios del 6 de diciembre Diosdado Cabello accionó una ejecución política de confiscación. “El régimen ha ofrecido a El Nacional en ofrenda a Diosdado Cabello bajo el uso criminal de las sagradas togas de la justicia, construyendo un terrorismo de Estado”, destacó.

Por su parte, la diputada del estado Carabobo, María Mulino, aseguró que el TSJ una vez más se unió a lo que calificó como a una especie de concertación de poderes para humillar el pueblo y hacerle saber que su dolor no es tan importante, sino el que sufren los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

En tanto la diputada Marianela Fernández deploró que el también primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, se haya convertido en carcelero de los medios de comunicación. Reiteró su rechazo a la sentencia del TSJ que a su juicio, solo conoce y decide a favor de la “maquinaria roja”.

El debate terminó con el derecho de palabra del diputado Williams Dávila, quien recalcó que la toma militar de las instalaciones del diario El Nacional es una demostración del estado de «dictadura» que se vive en Venezuela.

“No hay liberad ni democracia, solo existe una máscara que utiliza el régimen para esconder sus intenciones contra la dignidad del pueblo de Venezuela. La única libertad que permite la dictadura de Maduro es la de morirse de hambre, porque en definitiva el que pasa hambre no puede ni hablar ni escribir, por eso elimina la libertad de expresión para que el pueblo siga entumecido”, agregó.

AN de Guaidó respalda acuerdo de salvación

La comisión delegada de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 aprobó un acuerdo en respaldo al llamado “acuerdo de salvación nacional” presentado por el máximo representante de este Parlamento, Juan Guaidó, y que incluiría la convocatoria a elecciones libres y justas, la entrada masiva de ayuda humanitaria y la liberación de los presos políticos.

El acuerdo aprobado en la sesión ordinaria de este 18 de mayo exige garantías democráticas amplias para todos los actores políticos. La AN electa en 2015 también respaldó el compromiso de la comunidad internacional para lograr la recuperación de Venezuela y ofrecer incentivos al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones condicionado al cumplimiento de los objetivos fundamentales del acuerdo.

También se dio luz verde a pedir a los aliados internacionales facilitar y respaldar los acuerdos, así como también a que dispongan de mecanismos efectivos coordinados de rendición de cuentas para disuadir cualquier intento del gobierno de Maduro de evadir o postergar la negociación.

Para el diputado Omar Barboza con el acuerdo no se busca abandonar los principios que, a su juicio, han inspirado la lucha por el restablecimiento de la democracia y mucho menos entregarlos a cambio de privilegios políticos.

Según el parlamentario, el planteamiento recoge la necesidad de la participación de los factores convocados a su discusión para lograr dos objetivos. Uno de ellos sería la necesidad de atender la emergencia humanitaria compleja y que esto vaya de la mano con un plan masivo de vacunación nacional contra la covid-19.

“Este acuerdo de salvación Nacional tiene como objetivo prioritario y urgente salvar la vida de miles de venezolanos hoy desamparados”, matizó.

Explicó que el otro objetivo del acuerdo es solucionar el causal de fondo de la crisis del país. recordó que se propuso una única vía: El establecimiento de un cronograma electoral.

“Estamos hablando de elecciones libres, justas y verificables, con la presencia y supervisión internacional. En esas elecciones el pueblo dirá su última palabra y marcará la ruta democrática para revertir la situación actual y echar las bases para la Venezuela del futuro”, afirmó el diputado Barboza.

Sobre el acuerdo el diputado Freddy Guevara aseveró que es necesario respaldar la propuesta del Guaido para intentar solucionar la crisis del país.

Hizo hincapié en que el gobierno de Maduro no goza de confianza. Reiteró que la única manera que el acuerdo vea luz, es si se logra la unidad de los factores democráticos, la presión del pueblo, de los funcionarios de la cúpula oficialista “que saben que Venezuela necesita una solución” y del compromiso de la comunidad internacional.

“Aun con hambre sin gasolina, sin electricidad, sin agua, sin gas, sin servicios, sin salario digno, sin educación, sin trabajo, sin medios de comunicación incluso aun desplazados, exiliados, refugiados seguimos denunciando y protestando. Aun viendo tanta desunión, traiciones, tanta indolencia de algunos venezolanos y gobernantes de diversos países, seguimos, porque creemos en un cambio, en nosotros mismos y que no nos merecemos esta desgracia”, sostuvo, por su parte el primer vicepresidente de la AN Juan Pablo Guanipa.

Apuntó que se trata de Venezuela, que hay que romper las cadenas de la desunión.

Por la vida de militares secuestrados en Apure

La comisión delegada de la AN de Guaidó, electa en 2015 exigió la liberación de los ocho efectivos militares que fueron secuestrados por disidentes de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el estado Apure.

El Legislativo pidió la intermediación de organizaciones internacionales para salvaguardar la vida los funcionarios del cuerpo castrense. Al mismo tiempo, señaló al régimen de Nicolás Maduro y al ministro de Defensa Vladimir Padrino López, por los hechos violentos que se han producido en la entidad en el último mes.

Los diputados de la AN de Guaidó coincidieron en que el conflicto armado es la consecuencia de las alianzas que tienen con grupos criminales «binacionales» funcionarios del gobierno de Maduro.

El líder de la AN electa en 2015, Juan Guaidó, dijo que los militares venezolanos son prisioneros de guerra por parte de los supuestos socios del gobierno de Nicolás Maduro y se solidarizó con los familiares de los funcionarios.

En su derecho de palabra la diputada Gaby Arellano denunció que debido al supuesto pacto y las mafias que, dijo, tiene el mandatario Nicolás Maduro con los cabecillas de la guerrilla colombiana de la FARC, permite que «el terrorista Iván Márquez, buscado por la justicia internacional, ejecute órdenes estratégicas a militares venezolanos que están en Apure, en defensa de sus negocios ilícitos y aseveró que por esta razón, el frente disidente de la FARC, de “Gentil Duarte” secuestró a los soldados connacionales.

La también presidenta de la Subcomisión de Asuntos Fronterizos alertó que la violencia podría incrementarse y traspasar otras regiones. Del mismo modo, señaló que los funcionarios de las unidades de tropas militares medias y bajas que envíen a esa zona, están en riesgo de ser secuestrados, desaparecidos y asesinados por los grupos terroristas que se diputan el control de las mafias narcotraficantes.

María Gabriel Hernández, también diputada del Legislativo electo en 2015 advirtió que los derechos humanos de los venezolanos y el territorio nacional están en peligro debido a la acción continuada de un «sistema criminal» que, aseguró, ha sido amparado en el sistema de justicia.

Con Hernández coincidieron los diputados Juan Carlos Bolívar y Freddy Superlano. Bolívar responsabilizó a Padrino López por la grave crisis institucional que padece la FAN y aseguró que él «debe responder ante el pueblo y la justicia».

En tanto, Superlano sostuvo que “los soldados venezolanos no pueden seguir siendo carne de cañón por la disputa de un corredor fronterizo que deja ganancias suculentas a una pequeña cúpula del régimen, mientras muchos mueren de mengua”.

Con información de TalCual

La Mañana

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