Acceso a la Justicia denuncia irregularidades “desmedidas” del CNE para evitar el referendo

El pasado 10 de enero las organizaciones Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), Todos Unidos por el Referendo Revocatorio, Derecha Democrática, así como el partido MIN Unidad, solicitaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) activar el referendo revocatorio previsto en el artículo 72 de la Constitución. Una vez que Nicolás Maduro arribó a la mitad de su segundo sexenio presidencial (2019-2025).

Una semana después el árbitro electoral anunció, a través de un comunicado de prensa, que iniciaría el proceso, luego de que aprobara las solicitudes impulsadas por los grupos antes mencionados.

El 27 de enero, el árbitro comicial declaró sin lugar la figura del referéndum, luego de una cuestionada jornada que dificultó la recolección del 20% de firmas requeridas.

¿Vocación de enmienda o trampa cazabobos? 

Para la organización Acceso a la Justicia, el CNE parecía dispuesto a facilitar la celebración del revocatorio, sobre todo porque autorizó sin contratiempo alguno la recolección de firmas de los electores.

Recuerdan que en 2016 el CNE “se dedicó a dificultar y retrasar el proceso impulsado por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD)”. En esa ocasión el poder electoral suspendió el procedimiento de activación del revocatorio presidencial tras cinco sentencias emitidas por cinco tribunales penales estadales sin competencia en materia electoral, que declararon ilegal la recolección del 1% de las firmas que ya habían sido validadas por la máxima autoridad electoral, explica la organización.

Destacan que esta vez el CNE no exigió a Mover, Todos Unidos por el Referendo Revocatorio, Derecha Democrática y MIN Unidad los nuevos requisitos que estableció en 2016 y que, a juicio de la ONG, sirvieron para limitar el derecho de los ciudadanos a solicitar la activación de esta figura constitucional.

“El árbitro electoral no requirió la polémica recolección de manifestaciones de voluntad equivalentes al 1% de los electores inscritos en el Registro Electoral para que los solicitantes fueran acreditados como legítimos promotores de la consulta. Esto estaba al margen de lo dispuesto en el artículo 72 de la Carta Magna y de la Resolución N° 070906-2770, publicada en la Gaceta Electoral N° 405 del 18 de diciembre de 2007, contentiva de las ‘normas para regular la promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular’, texto que había servido de marco jurídico para regular el ejercicio de este mecanismo de participación ciudadana ante la falta de una legislación especial en esta materia”, explican.

Sin embargo, destacan que esta no fue la única demanda adicional fijada por el organismo comicial en 2016. También exigió que estas primeras firmas fueran sometidas a una “auditoría”, que realizaría el CNE de acuerdo con una metodología aprobada por el propio árbitro comicial, aparte de otros “trámites” administrativos que fue agregando imprevistamente.

A contrarreloj 

Acceso a la Justicia indica que, pese a que el CNE dejó a un lado requisitos adicionales e inconstitucionales antes mencionados, el pasado 21 de enero anunció los términos y condiciones para llevar a cabo la recolección de las firmas de los interesados en solicitar el referéndum revocatorio.

“Una simple revisión permite concluir que estas exigencias igualmente tienen como intención obstaculizar la activación de la consulta, como ya ocurrió en 2016, y por ende hacer inviable esta figura constitucional”, denuncian.

Además destacan que el cronograma de actividades aprobado por el CNE estableció que la “jornada de recepción” de las llamadas manifestaciones de voluntades para el referendo revocatorio, es decir, de las firmas, se llevaría a cabo el 26 de enero, apenas cinco días después de que el CNE estableciera las condiciones y términos para su realización.

Al mismo tiempo indicó que la recolección del 20%, requerido por la Constitución, se realizaría en el horario comprendido entre las 6:00 am y las 6:00 pm, habilitándose para ello 1.200 centros en el territorio nacional, de “acuerdo al peso electoral de cada entidad federal del país”.

“Esto significa que el CNE apenas dio a los impulsores de la solicitud 12 horas para recoger casi 4,2 millones de firmas de un total de 20.929.987 de electores inscritos en el Registro Electoral aprobado y auditado para las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre del 2021”, advierten.

Además sostienen que como si el limitado tiempo no fuera suficiente, solo habría 1.200 puntos de recolección en el país, cantidad que también resulta injustificada y que parece no ajustarse a los criterios empleados para la celebración de elecciones nacionales.

“Estas condiciones sin duda afectarían la factibilidad de la realización del referendo revocatorio y, también sin duda alguna, representan un fraude al artículo 72 de la Constitución”, condena Acceso a la Justicia.

Recuerdan que, desde el propio árbitro electoral, uno de sus rectores admitió que las condiciones impuestas hacían cuesta arriba la celebración de una eventual consulta para decidir la continuidad de Maduro en el Palacio de Miraflores.

“Se tendrían que procesar cinco electores por minuto, por 12 horas, en todas las máquinas del país, sin margen de error”, advirtió el rector Roberto Picón. Para Acceso a la Justicia, con este cronograma apresurado el CNE nuevamente desconoce sus propias normas, en este caso las de 2007, referentes a la promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular.

Con información de Correo de Caroní