Política

Abogado Joel García denuncia parálisis en tribunales para aplicar Ley de Amnistía

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El abogado y defensor de derechos humanos, Joel García, denunció este lunes irregularidades en el inicio del proceso de solicitudes de sobreseimiento amparadas en la reciente Ley de Amnistía. A través de su cuenta en la red social X, el jurista señaló que existe una «parálisis operativa» en las sedes judiciales que impide el ejercicio de este derecho legal.

García indicó que, a pesar de lo establecido en la norma aprobada el pasado 19 de febrero, los tribunales mantienen una inactividad que bloquea el avance de las causas. Esta denuncia surge pocos días después de la entrada en vigencia de la ley, la cual ha sido objeto de críticas por parte de diversas organizaciones debido a sus limitaciones y exclusiones.

“Denunciamos irregularidades en el inicio del proceso de solicitudes de sobreseimiento bajo la Ley de Amnistía. Pese a lo establecido, se observa una parálisis operativa en las sedes judiciales que impide el ejercicio de este derecho”, escribió García en la red social.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa hizo un reclamo similar. Denunció que los tribunales con competencia en terrorismo se negaron este 23 de febrero a recibir las solicitudes de sobreseimiento que, conforme a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, pueden presentar las propias víctimas.

“El SNTP asistió y acompañó hoy a un grupo de periodistas en el Palacio de Justicia, quienes introducirían sus peticiones de sobreseimiento, de acuerdo con el artículo 11 de la misma Ley. Ningún tribunal recibió los escritos, aunque se trata de un trámite estrictamente secretarial. Tampoco fueron recibidos en la Unidad de Recepción de Documentos (URD)”, señaló.

El sindicato contó que los tribunales o estaban de «comisión», o sin despacho o remitían a las víctimas a los defensores públicos correspondientes, “violando el artículo 11 de la Ley que le da la potestad a las propias víctimas para solicitar la amnistía”.

Recalcó que los tribunales están obligados a verificar los supuestos de la amnistía y decidir en un plazo que no exceda de quince (15) días continuos, de conformidad con el mismo artículo.

El SNTP aseveró que “la negativa a recibir los escritos constituye una denegación de justicia y una violación directa del mandato legal vigente, así como del principio de celeridad y del carácter de orden público de esta ley”.

Exigió la recepción inmediata de todas las solicitudes de amnistía presentadas por las víctimas, el respeto al plazo legal de 15 días para la decisión de los casos, el cese de trabas administrativas y dilaciones indebidas y la actuación de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para asegurar la correcta aplicación de la ley.

Contexto de las liberaciones y exigencias

El proceso de excarcelaciones en el país inició formalmente el 8 de enero de 2026, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la medida como un «gesto unilateral» para buscar la paz y la convivencia. Desde esa fecha hasta la actualidad, el panorama de las liberaciones presenta los siguientes datos.

  • Reporte de Foro Penal: Según el balance más reciente de la ONG Foro Penal con fecha del 23 de febrero, se han verificado al menos 65 liberaciones plenas específicamente tras la aprobación de la Ley de Amnistía. Si se contabiliza desde el anuncio del 8 de enero, la cifra total de excarcelados asciende a 464 personas.
  • Presos remanentes: A pesar de los avances, la organización advierte que más de 600 presos políticos continúan en centros de reclusión. Se estima que al menos 400 de estos detenidos podrían quedar excluidos de los beneficios de la ley debido a las restricciones que contempla el texto legal.
  • Exigencia de familiares: Los familiares de los detenidos han protagonizado vigilias y protestas frente a sedes como El Helicoide y la Asamblea Nacional. Su demanda principal es que la amnistía sea «inmediata, pública y transparente», exigiendo que no se demore más el proceso para quienes no han contado con el debido proceso judicial.
  • Antecedentes del proceso: El anuncio de Jorge Rodríguez el 8 de enero incluyó nombres de figuras de alto perfil y fue presentado como una contribución del Estado para la unión nacional en un contexto de crisis política. No obstante, el oficialismo ha recibido más de 1.500 solicitudes y actualmente evalúa «medidas de gracia» adicionales para aquellos casos que la ley vigente no cubre.

Con información de TalCual