Abogado Joel García advierte que se agota el tiempo para apelar caso de Rocío San Miguel
El abogado Joel García advirtió el domingo 18 de febrero que se reducen los lapsos para ejercer el recurso de apelación y solicitar diligencias de investigación en el caso de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, por lo que denunció que todavía la defensa privada no ha sido juramentada ante los tribunales que llevan el caso.
García, a través de su cuenta en la red social X, alertó que los tiempos van acortándose para poder ejercer la defensa y desvirtuar la imputación contra San Miguel por parte de la Fiscalía y advirtió que existe obstaculización para que los abogados de la también activista por los Derechos Humanos sean nombrados oficialmente como su defensa; hecho que a su juicio hace mantener al imputado en un estado de «total indefensión».
Por su parte, la directora de la Oficina de Las Américas en la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Jimena Reyes, expresó su preocupación por la actual situación que se registra en Venezuela y consideró que la detención arbitraria de Rocío San Miguel representa «un ataque a la libertad y la democracia en el país».
«El gobierno de Nicolás Maduro ha implantado una serie de detenciones en las últimas semanas bajo un lema denominado Furia Bolivariana, lo que ha llevado a las autoridades venezolanas acelerar los actos de criminalización, persecución y arrestos arbitrarios contra dirigentes políticos y activistas sociales», indicó según el diario El Impulso.
El sábado 17 de febrero se conoció que el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, habló con su homólogo venezolano, el canciller Yván Gil, sobre la detención de la activista hispanovenezolana y defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel, arrestada hace ocho días en Venezuela.
Fuentes de Exteriores han informado de que Albares ha mantenido una conversación telefónica con Gil este sábado 17 de febrero, en la que se ha interesado por la detención de San Miguel y también por la situación de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Venezuela, cuya actividad ha sido suspendida por el Gobierno de Caracas, según reportó la agencia EFE.
En paralelo, el cónsul español en Caracas ha mantenido su primera reunión con Miranda San Miguel, la hija de la activista de DDHH que también estuvo desaparecida durante varias días, según medios locales. La joven, que también cuenta con nacionalidad española, sufre medidas cautelares que le impiden regresar a Madrid, su residencia habitual y donde el año pasado se graduó de Periodismo en la Universidad Complutense, reseñó el diario español El Mundo.
San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, fue detenida el viernes 9 de febrero junto a varios familiares, incluida su hija.
Con información de TalCual