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Acusan a Roland Carreño de coordinar logística para buscar suspender parlamentarias

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Acusan a Roland Carreño de coordinar logística para buscar suspender parlamentarias

A las 12:55 de la mañana del 29 de octubre, el abogado Joel García informó que había culminado la audiencia de presentación del periodista y dirigente de Voluntad Popular, Ronald Carreño, y que el tribunal decidió privarlo de libertad, aceptando los cargos presentados por la Fiscalía que lo acusó de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y municiones y financiamiento al terrorismo.

Horas antes el  Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), había informado que Carreño será presentado en el tribunal 4to de Terrorismo, después de que el fiscal general impuesto por la constituyente, Tarek William Saab, lo señalara de ser promotor de «acciones violentas» en el país. Su defensa será asumida por los abogados Ana Acosta y Joel García.

Según una nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la investigación contra Roland Carreño inició cuando fue detenido el lunes 26 de octubre «en flagrancia» por funcionarios policiales, quienes supuestamente incautaron un fusil desarmado modelo AM-15 calibre 5.56 con 17 municiones.

Además, lo acusa de ser un «operador financiero» con el fin de ejecutar en el país «planes conspirativos y terroristas» contra la administración de Nicolás Maduro, así como también le achacan ser el encargado de logística para pagar a elementos para que se suspendan las elecciones parlamentarias.

Tras la audiencia de presentación, el director y vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, recalcó que la estrategia aplicada contra el periodista y militante de Voluntad Popular es un ejemplo de la llamada «puerta giratoria» y alertó que esta situación no terminará hasta tanto todas las facciones políticas dejen ver a los presos políticos como un elemento para poder negociar.

El también director y presidente de la ONG, Alfredo Romero, directamente dijo que el comunicador se convirtió en un preso político

Por su parte, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), cree que el caso armado contra Carreño ratifica lo dicho por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU que subraya que existen razones para creer que en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad.

A más de 48 horas de la desaparición de Carreño, por fin se levantará ligeramente la capa de hermetismo que ha rodeado al periodista. Después de ser abordado por vehículos no identificados, sus allegados denunciaron su desaparición y la información al respecto era prácticamente nula hasta que Saab confirmó su detención por su su presunta participación en «planes conspirativos contra la paz democrática», según indicó en una publicación en su cuenta de Twitter.

A raíz de la situación, horas antes la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) exigió a la administración de Nicolás Maduro a que brinde información completa sobre el paradero de Carreño, así como también pidió que si deben ser presentado ante la Justicia, que sea ante un tribunal «competente e independiente con apego a garantías judiciales».

Con información de TalCual

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