Chavismo avanza en reforma de Ley contra el Odio y oposición acusa «maquillaje» parlamentario
La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la reforma de la Ley contra el Odio, que será renombrada y elimina las penas de cárcel, aunque los grupos parlamentarios Libertad (Unión y Cambio, Un Nuevo Tiempo) y Vamos Vamos Venezuela (Fuerza Vecinal y Vamos Vamos Cojedes) acusaron de «maquillar» el instrumento al mantener definiciones ambiguas que terminan en sanciones discrecionales.
En la sesión ordinaria de este martes 3 de noviembre, que inició con hora y media de retraso, el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante (PSUV), dijo que esta norma será renombrada como «Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia» y viene a «equilibrar» dos posiciones que -afirmó- están «en tensión».
«Aquellos, unos, que plantean dejar la ley tal cual como está. Eso sería desconocer este momento político. Otros que frasean «anulen esa ley», pero sería negar el problema real de violencia y odio en la política que hoy se ven signos e intenciones claras de reaparecer por parte de actores políticos de extrema derecha», aseguró Infante.
El diputado, que preside la comisión especial parlamentaria encargada de la reforma, dijo que tiene ocho pilares fundamentales:
- Transformar el enfoque punitivo en enfoque preventivo y educativo.
- Establecer definiciones claras y taxativas que resuelvan la discrecionalidad.
- Eliminar las penas de prisión sustituyéndolas por multas y trabajos comunitarios.
- Establecer procedimientos administrativos claros para la aplicación de la norma.
- Fijar sanciones administrativas y exhortaciones a medios de comunicación eliminando la revocación de concesiones.
- Prevenir mensajes de odio en redes sociales con multas.
- Exhortación a todas las organizaciones con fines políticos para que promuevan la paz con responsabilidad.
«Pido a todos los colegas parlamentarios que asumamos esta reforma como la construcción colectiva de un gran acuerdo de responsabilidad, convivencia y respeto por la democracia y el pluralismo político. No puede ni debe convertirse en un instrumento de lucha partidista… Esta ley no puede ser a la medida de los políticos, ni chavistas ni opositores, para resolver sus diferencias irracionales. Esta ley debe ser un compromiso colectivo que nos obligue a garantizar la paz», expresó Infante.
Asimismo reiteró que esta normativa «nació de un momento de confrontación irracional» en 2017 y, por tanto, es necesario transformarla bajo los criterios de despenalización que solicitó Delcy Rodríguez a los diputados. «Podría estar de acuerdo con esa afirmación de que no debió existir esa ley, porque no debió existir el desborde de violencia (…) esa ley es hija de ese contexto», insistió.
Para Infante, hubo «exceso de todos lados» y la implementación de la Ley contra el Odio fue «en algunos casos» indebida; sin embargo, dijo que respondió a la «espiral de violencia política que cobró la vida de cientos de personas» durante el ciclo de protestas entre abril y agosto de 2017.
«Debemos erradicar definitivamente el odio y la violencia de la política venezolana. No ayudaría en nada justificar la acción indebida o incorrecta de algún factor del Estado. Más allá de las presiones … nos corresponde hacer política con seriedad y responsabilidad», afirmó.
Por su parte, el diputado Rubén Limas (AD intervenida) dijo que la reforma de la Ley contra el Odio es «sensible y delicado» por «las heridas que ha dejado en la familia venezolana por la polarización y el extremismo».
Si bien dijo que la lucha contra el odio no es local, afirmó que «lo que no puede ser es que una ley se utilice como una herramienta de censura y persecución contra la disidencia política por pensar distinto».
Puntualizó que hubo una mala praxis y abusiva aplicación «como el Ejecutivo nacional lo ha reconocido». Sin embargo, dijo que esta reforma contempla «mecanismos civiles» «que más nunca se use esta ley de manera discrecional.
Por otra parte, solicitó la liberación de todas aquellas personas que han sido detenidas «por la mala aplicación de esta ley», cuestión que también fue respaldada por el diputado Antonio Ecarri (Alianza del Lápiz), quien señaló que las familias que reclaman justicia «deben contar con una respuesta en las instituciones y que esas familias víctimas de esta ley deben ser escuchadas» por la comisión que adelanta la reforma.
Exigió además que se distribuya el proyecto de reforma a todos los parlamentarios, y señaló que eso forma parte del «respeto» que se quiere expresar en el nuevo documento. «Revisen porque hay solamente una página con media exposición de motivos», dijo Ecarri ante las respuestas del chavismo.
El parlamentario recordó que «la primera garantía de convivencia es pensar distinto sin miedo» y reconoció la disposición de Delcy Rodríguez a reformar esta ley, cuestión que dijo «debe tomarse en serio».
Pero resaltó que la reforma debe establecer con precisión la diferencia entre una crítica y lo que se considera como un comentario o expresión de odio. «Eliminar la cárcel representa un avance… Debemos asegurar además que ninguna multa se haga imposible. Un derecho necesita protección frente a cualquier sanción, sea penal o administrativa».
«Maquillar» la Ley contra el Odio
Maite Ochoa, a nombre de Vamos Vamos Venezuela, dijo que «hoy se pretende maquillar un instrumento que nació viciado» y que «confunde de manera deliberada la crítica justa con odio».
«Lejos de promover la convivencia pacífica ha servido durante años como un mecanismo de persecución, de silenciamiento y criminalización del pensamiento crítico. Señores diputados, la libertad y los derechos humanos no se reforman ni se regulan con partes legislativos, se respetan», afirmó Ochoa, que también comunicó el voto negativo de su fracción.
Dijo que esta Ley se mantiene como una «espada de Damocles» sobre los ciudadanos. «Nuestra fracción no vienen a proponer modificaciones de forma ni ajustes de redacción… Esta ley debe ser derogada, así como la Ley Simón Bolívar y la Ley Resorte. Venezuela no necesita normas que castiguen la opinión, necesita de garantías reales para la expresión».
Amelia Belisario (Unión y Cambio) comunicó la negativa del grupo parlamentario Libertad a votar este proyecto de reforma. «Venezuela no necesita disfrazar. Venezuela necesita eliminar toda norma que viole garantías y normas constitucionales», sentenció durante su intervención.
La diputada reafirmó que esta Ley se usó «para institucionalizar la represión y el miedo… para aterrorizar, atemorizar, perseguir la crítica, al periodismo y también a la disidencia». Insistió en que «no es suficiente» plantear el cambio de cárcel por una multa.
Esas sanciones, indicó, estarían en manos del Ministerio de Interior y Justicia, «el mismo que coinciden que desaplicó la norma». Además, señaló que existen definiciones ambiguas que terminan en sanciones discrecionales y la reforma tampoco resuelve la deuda de justicia a las víctimas y sus familiares.
«Lamentablemente el proyecto mantiene la arquitectura del miedo», sentenció Belisario, quien también expresó que «cuestionar a un gobierno no es odiar a Venezuela».
La parlamentaria aclaró que tanto su fracción como Vamos Vamos Venezuela presentaron dos documentos, el 6 y 15 de octubre, donde solicitan la derogatoria a la comisión especial, pero hasta la fecha están a la espera de que sus solicitudes entre en la cuenta de esta instancia parlamentaria en su próxima reunión y se haga una consulta pública «lo suficientemente amplia».
La respuesta de Jorge Rodríguez
El presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, defendió la reforma de la Ley contra el Odio y afirmó que desde el chavismo están «empeñados en que sea una ley que no instrumente la persecución de nadie».
Dijo que la respuesta del gobierno nacional «ha sido el diálogo ante la violencia desbordada que ustedes (la oposición) siempre han propiciado».
Rodríguez dijo que «el odio lamentablemente no se puede derogar y tampoco se contiene porque empieza publicando tuits y termina quemando gente viva», y mostró imágenes de la muerte de Orlando Figuera, que el oficialismo sostiene fue quemado vivo «por ser chavista», declaraciones de Juan Guaidó en 2019 sobre que no había temor ante una «guerra civil» y una declaración de un ciudadano vía radio que aseguraba «yo voy pendiente de matar chavistas».
Leyó además una serie de tuits referentes a ataques hacia figuras del chavismo. Increpó a la diputada Belisario al afirmar que «todavía se mantiene el odio» y aseguró que «ojalá no la necesitáramos pero es indispensable para avanzar en este proceso».
Asimismo, criticó que se cuestione ciertos «logros» de última ronda de diálogo relativa a derechos y garantías civiles y políticos. Según el parlamentario, «ya se liberaron» todos los portales de medios de comunicación que estaban bloqueados en Venezuela, pese a que medios como Armando.Info o Infobae todavía no estás accesibles para el público desde el país.
Jorge Rodríguez insistió en que se puede «construir una ley para que quien se salga del cauce de la convivencia, algo haga, algo le pase. Por ejemplo, me sentiré feliz cuando el reincidente del odio Javier Vivas Santana, que sé que va a volver a reincidir, me asomé en mi oficina y lo vea dejando limpiecita la plaza Bolívar de Caracas».
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