Provea alerta sobre vulneraciones de derechos humanos a dos meses del doblete sísmico
La organización Provea presentó un balance sobre la respuesta estatal frente a los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio y señaló que la emergencia continúa generando impactos sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).
Según el balance oficial citado por Provea, hasta el 10 de agosto se contabilizaban 6.438 fallecidos, 86.358 heridos y más de 6.462 personas rescatadas, además de 856 edificios afectados y 190 colapsados. Un total de 17.907 damnificados permanecían en 107 campamentos transitorios.
Las autoridades también reportaron la inspección de 59.109 viviendas: 34.680 fueron consideradas habitables, 13.733 presentaron acceso restringido y 10.696 fueron clasificadas como de alto riesgo. El Banco Mundial, por su parte, estimó en 19.600 millones de dólares las pérdidas ocasionadas por los daños físicos directos.
Provea cuestiona militarización de las zonas afectadas
La organización reconoció el despliegue de organismos de rescate, salud y seguridad tras la emergencia, pero cuestionó la militarización de La Guaira y la presencia de cuerpos como la DGCIM, el SEBIN y el CONAS, al considerar que no tienen competencias específicas en gestión de riesgos.
Provea aseguró haber constatado descoordinación entre los cuerpos de seguridad desplegados, lo que habría afectado el tránsito de ambulancias y personal sanitario y dificultado las labores de socorro.
La organización advirtió que la excesiva militarización de las zonas afectadas puede favorecer abusos y recordó los antecedentes de desapariciones forzadas ocurridas durante el deslave de Vargas de 1999.
Vivienda, educación y empleo entre las principales preocupaciones
Uno de los principales retos señalados por Provea es la situación habitacional de miles de personas desplazadas. La organización pidió garantizar soluciones de vivienda y mecanismos transparentes para administrar los fondos destinados a la reconstrucción, especialmente el denominado Fondo “Venezuela Renace”.
También alertó sobre los daños en centros educativos. Solo en La Guaira se reportaron 14 instituciones colapsadas, 38 con afectación media y 86 con daños menores, mientras que UNICEF contabilizó 432 escuelas afectadas en Caracas. Provea pidió establecer mecanismos para que los estudiantes puedan continuar sus clases mientras se recuperan los planteles.
En materia laboral, la organización señaló que los daños en comercios, industrias, puertos y actividades vinculadas al turismo, la pesca y el transporte marítimo han provocado la paralización de fuentes de empleo, particularmente en La Guaira.
Asimismo, advirtió que las personas heridas que desarrollen discapacidades necesitarán mecanismos de inclusión laboral y que el retorno al trabajo debe garantizar condiciones seguras y protección de la salud física y mental.
Piden garantizar atención médica y agua
Provea también alertó sobre las necesidades sanitarias que surgirán a mediano y largo plazo. Entre ellas mencionó el acceso a medicamentos y tratamientos para personas con enfermedades crónicas, además de atención psicológica para quienes enfrentan ansiedad, crisis de pánico y otras secuelas tras el desastre.
La organización destacó la importancia de garantizar agua potable, saneamiento e higiene tanto en las comunidades afectadas como en los campamentos temporales.
En cuanto a la ayuda internacional, Provea recordó que 147 países y 31 organismos internacionales y multilaterales expresaron solidaridad y ofrecieron apoyo a Venezuela. Además, Naciones Unidas anunció una ampliación de su Plan de Respuesta Humanitaria por 299 millones de dólares, destinada a atender durante seis meses las necesidades de 1,3 millones de personas.
Finalmente, Provea recomendó investigar posibles abusos cometidos por funcionarios de seguridad, garantizar transparencia en la reconstrucción y contratación de obras, facilitar créditos para vivienda y apoyar la recuperación de empresas y empleos en las zonas afectadas.
La organización también consideró necesario incorporar a representantes de la sociedad civil y organizaciones humanitarias al Estado Mayor encargado de la emergencia y cuestionó que la coordinación de la respuesta haya quedado en manos de un alto oficial militar, al considerar que estos desastres requieren liderazgo especializado en protección civil y ayuda humanitaria.
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