«Ya basta de manipular políticamente este caso»: jueza Afiuni le responde Jorge Arreaza
La jueza María Lourdes Afiuni y su abogada Thelma Fernández respondieron a un comentario en redes sociales del diputado Jorge Arreaza sobre los «motivos» de su arresto en el año 2009 y cuya privación de libertad, ahora bajo medidas cautelares, se mantiene hasta la fecha.
En un comunicado, publicado este martes 9 de junio, la jueza Afiuni y su abogada se refieren directamente a un comentario de Arreaza en la red social X.
«Facilitó la huida impune del país de un banquero corrupto que le quedó debiendo millones a las miles de familias que estafó, violando sus derechos humanos fundamentales….», posteó el presidente de la comisión parlamentaria de seguimiento a la amnistía en una publicación de la organización Provea, justamente donde se denuncia la detención arbitraria, las torturas y la extensión de un proceso donde se le han negado sus derechos civiles y políticos pese a haber cumplido la pena en su totalidad.
Facilitó la huida impune del país de un banquero corrupto que le quedó debiendo millones a las miles de familias que estafó, violando sus derechos humanos fundamentales….
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) June 8, 2026
«Ya basta de manipular políticamente este caso y de prolongar una injusticia que, dieciséis (16) años después, sigue constituyendo una herida abierta en la institucionalidad democrática y en la administración de justicia venezolana», sentenciaron Afiuni y su abogada.
Ambas recordaron que las leyes venezolanas no deberían operar «conforme a interpretaciones políticas ni a valoraciones ideológicas» y refutaron cada uno de los señalamientos hechos por Arreaza en sus líneas sobre la detención del banquero Eligio Cedeño y el arresto y condena sobre Afiuni.
En primer lugar, se señaló que la medida cautelar sustitutiva de libertad aprobada por la jueza Afiuni en favor de Cedeño obedeció al vencimiento de los lapsos procesales que dicta la Constitución y las leyes penales, además de una serie de recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias.
«Si el ciudadano Eligio Cedeño permaneció privado de libertad durante casi tres años sin juicio ni sentencia definitiva, corresponde preguntarse por qué los órganos competentes no concluyeron oportunamente el proceso ni produjeron una decisión judicial dentro de los límites establecidos por la ley», puntualizaron.
Asimismo, refutaron que Eligio Cedeño haya sido procesado judicialmente por perjuicio patrimonial a «miles de familias» o «violación de derechos fundamentales», por lo que invitaron al diputado a revisar los casos «antes de formular afirmaciones categóricas sobre hechos que no fueron demostrados judicialmente».
Respecto a la afirmación de que la jueza «facilitó la huida» del banquero, resaltaron que dicha fuga se produjo luego de que la propia María Lourdes Afiuni fue detenida junto a varios miembros de su equipo, su tribunal fue intervenido y fue recluida en la sede del Sebin.
Aseveraron que este fue un «acto personal y autónomo» de Eligio Cedeño, del cual la jueza no tiene responsabilidad de ningún tipo. «Pretender lo contrario implica desconocer que ella fue precisamente la principal víctima de las represalias desencadenadas por el ejercicio independiente de su función jurisdiccional y por el cumplimiento de su deber como juez».
Por otra parte, recordaron que no hubo evidencia de que la jueza Afiuni recibiera «dinero, beneficio económico o promesa alguna a cambio de su decisión» y se dictó una sentencia con base en una figura de «corrupción espiritual» que no corresponde a ningún delito dentro del ordenamiento jurídico venezolano.
«La pena impuesta en su caso fue de cinco (5) años de prisión. Sin embargo, la duración total de las restricciones sufridas supera ampliamente ese lapso, alcanzando más de tres veces el tiempo establecido en la sentencia», recalcaron.
En estos 16 años enfrentó prisión en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde fue víctima de torturas, violencia sexual y «condiciones inhumanas» de detención. Luego fue sometida a una medida de casa por cárcel y otra serie de restricciones que, pese a cumplir la pena, no han sido levantadas.
«Surge entonces una pregunta inevitable: ¿cuánto tiempo más deberá permanecer sometida a un proceso que continúa limitando sus derechos civiles y políticos? ¿Existe algún límite para esta situación? ¿Cuándo se considerará satisfecho el castigo impuesto? ¿Cuándo cesará una persecución que ha trascendido con creces los parámetros ordinarios de la justicia penal?», afirmaron.
La jueza Afiuni y su abogada mencionaron que no se puede hablar de reconciliación, paz o renovación institucional si se ignora a las víctimas «de procesos judiciales altamente cuestionados ni postergando indefinidamente la reparación de los daños causados».
«Tampoco puede hablarse de una transformación real del sistema de justicia mientras casos emblemáticos para la independencia judicial, como el de María Lourdes Afiuni Mora, permanezcan abiertos o sin una solución definitiva que restablezca plenamente sus derechos».
Insistieron su solicitud al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, a la comunidad internacional y organismos de protección de derechos humanos para que «contribuyan a poner fin a esta prolongada situación de injusticia».
TalCual