SIP advierte que omitir la libertad de prensa en la transición compromete la democracia
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó una profunda preocupación ante la exclusión de las libertades de expresión y de prensa en la agenda pública del proceso de transición política en Venezuela. En este sentido, la organización exigió la adopción urgente de «medidas concretas que garanticen el ejercicio pleno, libre e independiente del periodismo».
La SIP advirtió que omitir estos derechos fundamentales en las discusiones sobre reformas institucionales, judiciales y económicas es una señal alarmante que compromete la viabilidad de una transición democrática genuina.
Dado el contexto excepcional que atraviesa Venezuela desde el pasado 3 de enero, la organización subrayó que sin un periodismo libre no podrá consolidarse una transición real, legítima y sostenible. Por ello, aseguró que la reconstrucción institucional del país exige el «restablecimiento efectivo de las garantías para la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información».
La organización enfatizó que no hay democracia sin una prensa libre, plural e independiente; no obstante, la ausencia de estos principios en la agenda pública prolonga las condiciones de censura, persecución y autocensura que han caracterizado al país en los últimos años. Por esta razón, la SIP instó a las autoridades de transición, organismos intergubernamentales y a la comunidad internacional a adoptar de manera eficaz las siguientes medidas:
- Levantamiento del bloqueo informativo, actualmente impuesto por el ente regulador Conatel en coordinación con operadoras de telecomunicaciones. Esta restricción afecta el acceso a más de 60 portales de noticias nacionales e internacionales (como El Nacional, CNN en Español, Infobae y NTN24), en un contexto donde el periodismo independiente opera mayoritariamente en entornos digitales.
- Garantías jurídicas y personales, que exista el cese inmediato de procesos judiciales arbitrarios, órdenes de captura y otras formas de criminalización contra periodistas. Estas prácticas han forzado al exilio a cientos de trabajadores de la prensa.
- Restitución del derecho a la identidad y movilidad, que haya la eliminación de las restricciones administrativas que impiden a los periodistas obtener documentos oficiales o regresar al país. La negación de trámites por parte de organismos estatales, bajo alegatos infundados, constituye una forma de persecución indirecta.
- Devolución de bienes y medios confiscados, para que sea el retorno de sedes, equipos y frecuencias. Estas prácticas de «censura patrimonial» han debilitado el ecosistema informativo. Un ejemplo es el diario El Nacional, despojado de sus instalaciones mediante un proceso judicial «amañado» que derivó, además, en la confiscación de una vivienda de los familiares de su propietario, Miguel Henrique Otero.
- Protección integral al ejercicio periodístico que permita el resguardo frente a amenazas de actores estatales y grupos irregulares. El entorno de alto riesgo actual desalienta el retorno de profesionales y restringe el derecho ciudadano a la información.
- Garantías para periodistas liberados para asegurar que quienes fueron recientemente liberados tras detenciones arbitrarias puedan ejercer su labor sin restricciones, cercos informativos o represalias, restableciendo plenamente sus derechos profesionales y civiles.
La SIP enfatizó que la persecución judicial, el exilio, la censura digital y la confiscación de medios generan un entorno incompatible con cualquier proceso serio de recuperación democrática. La organización reafirmó su disposición para respaldar iniciativas orientadas a asegurar que la «reconstrucción democrática de Venezuela» sea auténtica, inclusiva y respetuosa de los derechos fundamentales.
Con información de TalCual