ONG venezolanas y españolas exigen cierre de «centro de tortura clandestinos» en el país
Una treintena de asociaciones y y organizaciones de España y Venezuela condenaron de manera «categórica» los «crímenes de odio promovidos o tolerados por el régimen venezolano» contra opositores políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas sociales y sectores vulnerables de la población.
«Exigimos justicia, verdad y reparación integral para todas las víctimas de estos crímenes, así como la investigación y sanción de los responsables materiales e intelectuales sin impunidad», según un manifiesto conjunto publicado este viernes.
Por ello, demandaron el «cierre inmediato y definitivo de todos los centros de tortura y detención clandestina del régimen, utilizados como instrumentos de terror y represión política», así como la disolución inmediata de los «grupos armados» responsables de acciones de «terrorismo» contra el pueblo venezolano y el procesamiento de sus miembros por tribunales democráticos.
También reclamaron el acceso irrestricto de organismos internacionales de derechos humanos para verificar la situación de los detenidos por razones políticas en el país.
Asimismo, hicieron un llamado en defensa de la libertad, de la dignidad humana y de todas las víctimas de la represión, la persecución política y los crímenes de odio «ejercidos desde el poder» en el país sudamericano.
El comunicado fue suscrito por la Plataforma Ayuda Venezuela, Alianza Ciudadana por la Libertad de Venezuela, Coordinadora Iberoamericana Contra el Racismo, el Antisemitismo y la Intolerancia, Movimiento Contra la Intolerancia y Organización Geopolítica América Latina, entre otras entidades.
«Liberación incondicional de los presos políticos»
«Denunciamos ante la comunidad internacional la existencia de presos políticos, detenidos arbitrariamente por motivos de conciencia, opinión o participación cívica, sometidos a procesos judiciales sin garantías, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como a la separación forzada de sus familias. Exigimos su liberación plena, inmediata e incondicional», destacaron las organizaciones en su escrito.
Asimismo, exigieron el cese de «toda forma de criminalización de la disidencia» y reafirmaron el compromiso con los principios universales de los derechos humanos, la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas.
«La memoria de quienes han sufrido persecución, exilio, cárcel o muerte nos obliga a no guardar silencio», argumentaron en el manifiesto.
También instaron a los gobiernos democráticos del mundo, a las instituciones europeas, a los organismos internacionales y a la sociedad civil a no aceptar ni normalizar la represión, a vigilar de manera «activa» la situación del país y a acompañar al pueblo venezolano en su legítima aspiración de libertad, justicia, democracia y pleno respeto de los derechos humanos.
Y todo ello porque «la libertad no se negocia, la dignidad no se persigue, los derechos humanos no prescriben».
Con información de TalCual


