72 venezolanos han muerto por torturas desde 2013

Comparte

Las torturas persisten en Venezuela con cifras alarmantes, advirtió este viernes el comisionado presidencial para los derechos humanos del gobierno interino, Humberto Prado.

Con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, Prado destacó que según la ONG Provea, en Venezuela desde 2013 han muerto 72 personas a causa de torturas.

Los asesinatos del concejal Fernando Albán y del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo figuran entre esos crímenes de lesa humanidad.

«La tortura persiste en Venezuela y tan solo en 2019 los casos incrementaron en más de 526%», señaló Prado.

Los cuerpos de seguridad Cicpc, Dgcim y PNB han tenido mayor participación en esos delitos que se han ejecutado en establecimientos oficiales de detención o en zonas militares. En algunos casos, los funcionarios han realizado estas prácticas en centros clandestinos destinados para tal fin.

Error del Banco Bicentenario fijó el límite de las tarjetas de crédito en 200 millones de bolívares
Para 2020, Provea reportó 5.232 violaciones de la integridad personal, 852 víctimas de trato cruel, 1.033 heridos, 1.804 allanamientos ilegales y 810 amenazas y hostigamiento. Según el Casla Institute, en 2019, 53% de las víctimas torturadas fueron civiles y 47% militares.

«En Venezuela existe un alto margen de impunidad en casos de torturas, lo que fomenta la repetición de tales prácticas. Ante ello, es imprescindible que el Estado se avoque a investigar, aun de oficio, los actos que pudieran constituir tortura; someta a los presuntos responsables ante la justicia y aplique las sanciones a las que haya lugar», manifestó el comisionado.

Prado se refirió a la necesidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, instrumento que permitiría que órganos independientes de índole nacional e internacional realicen visitas periódicas, no anunciadas y sin restricciones a todo tipo de establecimientos en los que existen personas privadas de libertad.

El comisionado recordó que toda víctima de tortura tiene derecho a gozar de una reparación integral por el daño sufrido, la cual, atendiendo al caso concreto, podrá incluir medidas de diversa índole, entre ellas restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción.

Con información de El Nacional

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *