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Provea: El Estado dejó de ser el garante para ser un actor alimentario más

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Las restricciones a los derechos de la alimentación, especialmente de los sectores más vulnerables y en dependencia, se profundizó a partir de 2016, el mismo año que se declaró una emergencia humanitaria, mientras que el Estado hizo lo posible para retrasar la respuesta de actores internacionales a través del no reconocimiento de la situación.

Así se desprende del informe del “Con la Comida no se Juega: Graves Violaciones al Derecho Humano a la Alimentación en Venezuela”, elaborado por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y Provea.

Las organizaciones destacan que el deterioro institucional y democrático, así como la implementación de políticas públicas, han causado graves violaciones al derecho a la alimentación.

“Si bien el gobierno ha establecido ciertos programas para aliviar el problema de alimentación, entre los cuales cabe destacar los CLAP, estos carecen de la calidad requerida bajo el derecho internacional, se han implementado de forma discriminatoria y utilizado como instrumento de control social”, destacó Lissette González, coordinadora de investigación y monitoreo de Provea.

La administración de Nicolás Maduro tampoco ha tomado medidas adecuadas para aliviar la discriminación de facto de poblaciones campesinas e indígenas, “en un grave contexto de empobrecimiento e hiperinflación, lo cual estaría en violación del principio de no discriminación”.

Esto se refleja en el acceso a bonos económicos, que si bien son pequeños, “para las personas de bajos ingresos resulta en la diferencia en comer un poquito más o menos. Para acceder a estos bonos deben tener dispositivos tecnológicos con internet, que generalmente no tienen personas en zonas rurales o campesinas”, destacó González.

En el informe, Provea y la FIDH insisten que si bien la situación alimentaria es compleja y un resultado de múltiples factores económicos, políticos y sociales, “tanto las medidas adoptadas como las omisiones del Estado Venezolano han resultado, en su conjunto, en una vulneración del derecho a una alimentación adecuada”.

La experta en nutrición pública y seguridad alimentaria, Susana Raffalli, señaló que a pesar de que el Estado desde 2002 en adelante “estuviera afanoso y riguroso para establecer instrumentos para garantizar el derecho a la alimentación, algunas leyes resultaron regresivas, sobre todo a los actores alimentarios”.

“Los programas de alimentación en Venezuela han sido inefectivos (…) la población en dependencia, personas hospitalizadas, personas privadas de libertad, han sido de las poblaciones más afectadas por el hambre”, reiteró la nutricionista.

A estos sectores les fueron trasladados las cargas de alimentación, pese a que es una responsabilidad del Estado, en un momento donde sus recursos estaban más mermados.

Para Raffali, el Estado dejó de ser el garante para ser un actor alimentario más, al transformar sus funciones a un simple vendedor de comida a través de las cajas CLAP y otros mecanismos.

Además, señaló que Venezuela se tardó para abrirse los mecanismos de protección humanitaria y otros aspectos para hacer frente a la inflación y la emergencia humanitaria.

En este sentido, Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH, mencionó que hubo una denegación del Estado de la magnitud del problema, lo que derivó en una atención tardía. “También el apoyo que algunos Estados adoptaron no ha sido cumplido desde el punto de vista financiero, lo que dificulta la situación”.

Otro de los puntos que menciona el informe son las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, que “limitan el acceso a combustible y otros factores esenciales para la producción y distribución de alimentos en Venezuela”.

A juicio de FIDH y Provea este tipo de medidas deben ser revocadas para permitir la recuperación del sector agroalimentario. Por ello, esperan que con el reinicio de las negociaciones entre la administración Maduro y actores de oposición se priorice la conversación “de cómo se sale del colapso y se tomen en cuenta propuestas de la sociedad civil para mejorar la situación alimentaria, en cuanto a producción, e incluso poder abordar el poder adquisitivo de los venezolanos”.

Con información de Tal Cual

La Mañana

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