OVV: «A los jóvenes no los protege el Estado, así que deben protegerse a sí mismos»
Hay una desprotección absoluta hacia los jóvenes en Venezuela, de acuerdo con Roberto Briceño-León, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y profesor de Sociología de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Durante la presentación, el 7 de junio, de los resultados de la investigación «Violencia contra la niñez y la juventud en Venezuela; las víctimas ignoradas e invisibles», realizada junto con la Red de Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), Briceño-León señaló que los jóvenes son victimizados por la crisis humanitaria y la pérdida de la institucionalidad en Venezuela.
«Es una juventud que creció con un altísimo nivel de violencia en el país», expresó el profesor y resaltó que a eso se agrega el aumento de la violencia estructural y por parte del Estado. Destacó también la falta de oportunidades para los jóvenes en el país.
No tienen posibilidad de educación y el mundo laboral tampoco les permite sobrevivir realmente».
Briceño-León expuso cinco formas en las que la juventud venezolana es victimizada. En primer lugar, señaló que son víctimas de las agresiones de sus pares. Aunque dijo que son conductas propias de la edad, explicó que cuando los jóvenes son dejados atrás (por la migración) o cuando la escuela deja de cumplir su función, «estas agresiones pueden pasar a actos violentos».
También son víctimas de otros delincuentes. El profesor indicó que los jóvenes en situación de vulnerabilidad tienen dos opciones: someterse a una pandilla o crear otra para defenderse. «Quien debiera protegerlos, que es el Estado, nos los protege, entonces deben protegerse a sí mismos».
Los cuerpos de seguridad ejercen violencia contra ellos. Destacó que tanto los jóvenes «sanos» como aquellos que delinquen son victimizados por parte de los cuerpos policiales mediante la extorsión y el robo.
Por último, resaltó la vulnerabilidad de los jóvenes frente a las políticas del Estado y recordó que los operativos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Operación Liberación del Pueblo (OLP) se concentraban precisamente en la población de jóvenes.
Señaló que estos operativos se tratan de «muertes preventivas» en las cuales los jóvenes son juzgados y condenados «por lo que pudieran hacer en el futuro, no por lo que han hecho» y que suponían una forma de «limpieza social».
Jóvenes privados de libertad
Carla Serrano, socióloga y secretaria general de la Red de Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), destacó que la cifra de jóvenes entre 15 y 29 años que no están inscritos en una institución educativa y tampoco han entrado al mercado laboral aumentó de 23% a 37% entre 2013 y 2021, lo que significa la pérdida de oportunidades.
Serrano reveló que 8.346 adolescentes fueron judicializados en el año 2018 y solo a 14% se les dictó medidas privativas de libertad. «Es una población que podría ser manejable si hubiese las políticas y la intervención adecuada», indicó.
En cuanto a la situación de los jóvenes privados de libertad, la socióloga destacó que los adolescentes permanecen bajo arresto en las comisarías policiales por períodos más largos que los previstos en la ley. También indicó que persisten las prácticas de aislamiento a las que se someten a los adolescentes, que pueden durar entre 15 a 21 días.
Con información de TalCual