Misión de la ONU: Estamos asistiendo a reactivación acelerada de la maquinaria represiva
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela expresó su «profunda preocupación» por la violencia y denuncias de violaciones de derechos humanos registradas en el país tras la elección presidencial del domingo. A juicio de este procedimiento especial de la ONU, el país está frente a la «reactivación acelerada de la maquinaria represiva» contra la población.
«Estamos asistiendo a la reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada y ahora es utilizada para socavar las libertades públicas de los ciudadanos y su derecho a la participación política y la libre expresión de las ideas», dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión, en un comunicado difundido este miércoles 31 de julio.
La Misión manifestó su preocupación por una «nueva ola de persecución» contra dirigentes opositores como Freddy Superlano, detenido presumiblemente por funcionarios del Sebin y el Conas la mañana del martes 30 de julio; así como otros cuatro dirigentes en varios estados; las amenazas contra María Corina Machado y el asedio contra los opositores asilados en la embajada de Argentina en Caracas.
También denunció la «violencia desplegada por cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados que apoyan al gobierno (conocidos como «colectivos») en el marco de esas protestas» contra los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral la madrugada del lunes 29, donde se dio como ganador a Nicolás Maduro con 51,2% de los votos.
La Misión señaló que tanto los funcionarios como colectivos han disparado sus armas de fuego contra los manifestantes. Se han registrado incidentes, como detenciones, desapariciones, heridos y asesinatos en 18 de los 23 estados del país.
El grupo de expertos ha podido confirmar, hasta el momento, la muerte de seis personas y decenas de heridos. Organizaciones independientes hablan de 13 fallecidos y más de 400 detenidos en dos días. Por su parte, el fiscal general Tarek William Saab informó sobre la muerte de un teniente de la Fuerza Armada, 46 heridos entre militares y policías, y 749 civiles detenidos.
«Las operaciones de control del orden público tienen que cumplir con los estándares y normas internacionales de derechos humanos, según los cuales el uso de la fuerza debe ser proporcionado y debe orientarse a la protección de la vida humana», recordó Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Mientras que el experto Francisco Cox afirmó que es deber de las autoridades «investigar y sancionar de manera independiente, expedita, imparcial y transparente todas las alegaciones de violaciones de derechos humanos y posibles crímenes cometidos por subalternos. Asimismo, deben prevenir su comisión».
Cox agregó que «que toda detención debe ser conforme a los estándares internacionales sobre el debido proceso».
Valiñas indicó que seguirán atentos a las «violaciones graves a los derechos humanos que ocurran en el contexto post electoral (…) Esto incluye analizar las fuerzas y los individuos responsables por dichas violaciones».
Con información de TalCual