Bolívar | MP mantiene silencio ante hallazgo de cuatro fosas en minas clandestinas
Durante las incursiones militares de noviembre e inicios de diciembre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reportó vía redes sociales el hallazgo de cuatro fosas comunes en zonas mineras del estado Bolívar. Aseguran que hallaron las osamentas humanas en lugares controlados por el grupo delincuencial Las 3R.
Es la primera vez -desde la masacre de Tumeremo ocurrida en 2016- que algún órgano del Estado admite la existencia de fosas comunes en este territorio que es, además, una Zona de Desarrollo Estratégico con la presencia de al menos seis cuerpos policiales y militares diferentes, y donde, paradójicamente, grupos armados impusieron su propio sistema de gobierno paralelo.
Hasta el momento, el Ministerio Público -que es el órgano competente para la investigación y acción penal de todo hecho punible- no ha ofrecido declaraciones oficiales sobre el avance de las averiguaciones, la ubicación exacta de las fosas y la cantidad de cadáveres encontrados en un territorio minero que acumula más de 151 desaparecidos desde 2012 hasta agosto de 2022, según el último balance independiente de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) en alianza con Correo del Caroní.
Más de cuatro masacres, más de 90 desaparecidos, líderes indígenas asesinados, pueblos desplazados y más de 3.500 mujeres víctimas de explotación sexual y laboral, son algunos de los elementos que componen un patrón de violencia inherente a la explotación de minerales al sur del Orinoco, fortalecida tras la imposición del decreto del Arco Minero del Orinoco (AMO).
Acciones orientadas al alcance de la justicia, reparación y garantías de no repetición
“Impera no solo que el Estado se pronuncie desde los órganos competentes (Ministerio Público) sino que ese pronunciamiento tenga una propuesta de qué va a suceder en función de estos hallazgos”, declaró Eumelis Moya, abogada y coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana, en entrevista con Correo del Caroní.
Moya resalta que la actuación del Estado no debe quedarse solo en develar una situación que ya es ampliamente conocida, y denunciada por los pueblos mineros desde hace más de cuatro años. Sino que el pronunciamiento debe estar acompañado de una propuesta que garantice la investigación, reparación de las víctimas y la garantía de no repetición de estos hechos.
De los hallazgos, y de los operativos militares Roraima y Autana 2022 surgen preguntas que hasta el momento no tienen respuesta: ¿Quién ocasionó estas muertes? ¿Por qué este grupo armado tiene tanto poder en una zona custodiada por el Estado? ¿Por cuánto tiempo este grupo armado (Las 3R) ha tenido el poder en Sifontes? ¿Cómo un grupo armado establece un sistema de gobierno paralelo al del Estado en una zona de seguridad y desarrollo estratégico?
El Ministerio Público está en la obligación constitucional de abrir una línea de investigación amplia para determinar muertes potencialmente ilícitas, desapariciones forzadas y demás delitos que impliquen o no la participación directa de funcionarios del Estado involucrados, tal como lo establece también el Protocolo de Minnesota sobre muertes potencialmente ilícitas.
Ronnie Boquier, abogado y coordinador del área jurídica de la ONG Cofavic, declaró en entrevista con Correo del Caroní que los familiares de estas personas que están ahí enterradas no son los únicos afectados. “Es la sociedad entera la que necesita respuestas. ¿Por qué hay fosas comunes en el sur? Se debe llegar a la verdad”, dijo.
“Es probable que estas personas fueron ejecutadas de manera arbitraria, y se tienen que aplicar los protocolos necesarios para determinar la manera en que murieron y quiénes fueron los responsables de estos hechos”, agregó.
Una deuda que el Estado no ha saldado
El reciente hallazgo también pone sobre la mesa un tema que fue archivado por el Estado, que aún debe justicia y reparación para las víctimas y sus familiares: la masacre de Tumeremo, ocurrida en 2016.
Una disputa entre sindicatos mineros por el control de la mina Atenas, ubicada en el municipio Sifontes, provocó la retención temporal de más de 400 personas en la zona y el asesinato de más de una decena en marzo de 2016. El Estado reconoció sólo 17 cadáveres aunque pobladores aseguraron que al menos 28 mineros fueron asesinados y lanzados a una fosa común.
De acuerdo con el informe levantado por Cofavic en ese entonces, algunos afectados testificaron que, aunque les fueron devueltos los restos de una persona, no se les permitió verificar si era su familiar. En otros casos, a los dolientes no se les permitió acceder a los restos de sus parientes, ni tampoco velarlos o enterrarlos.
Con información del Correo del Caroní