Cobros irregulares y trato desigual en la alimentación de presos políticos en el Fuerte Guaicaipuro
Familiares de presos políticos recluidos en el Fuerte Guaicaipuro, en el estado Miranda, denuncian que el director de penitenciaría del Cuartel, Franklin Rozo, estaría lucrándose de la situación de las víctimas. Según los testimonios, haría “negocios” con algunos familiares para que la comida llegue primero a ciertos detenidos y no a otros.
Los denunciantes relataron que, en algunas ocasiones, el almuerzo es entregado a unos presos después de las 3:00 de la tarde, mientras que a otros se les sirve a las 12:00.
Afirman además que el funcionario habría aprovechado reuniones previas a las visitas para intentar captar a familiares dispuestos a pagar a cambio de mejores beneficios y mejor trato para sus allegados dentro del centro de reclusión.
Los familiares son quienes proporcionan las proteínas en este recinto. Con la práctica denunciada se alargan las horas de hambre de algunos detenidos y se generan conflictos entre ellos, porque unos comen a tiempo y otros no.
Incumplimiento de la legislación venezolana
Los hechos denunciados incumplen la legislación venezolana, en particular el artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza a toda persona privada de libertad el respeto a su dignidad humana y prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el artículo 272, que establece que el sistema penitenciario debe asegurar la rehabilitación del interno y el respeto a sus derechos humanos.
Condicionar o retrasar la alimentación según acuerdos económicos es incompatible con ambos mandatos. Asimismo, de comprobarse, estas prácticas podrían configurar delitos tipificados en la Ley contra la Corrupción y el Código Penal, como concusión, cohecho o abuso de funciones.
Los presos políticos militares recluidos en el Fuerte Guaicaipuro son quienes sufren de manera directa las consecuencias de estas prácticas. Retrasar el almuerzo hasta tres horas o más prolonga innecesariamente el hambre y afecta su integridad física y su salud.
Además, el acceso a la comida y a mejores condiciones queda sujeto a acuerdos económicos o al favor del director, lo que establece un trato discriminatorio entre personas que se encuentran bajo la custodia del Estado. Esta desigualdad genera tensión y conflictos entre los propios detenidos, y agrava el clima de convivencia dentro del recinto. A esto se suma que el Estado, responsable de alimentar a quienes mantiene privados de libertad, traslada esa obligación a las familias, cuyo aporte termina siendo controlado de forma discrecional por un funcionario.
Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) expresamos nuestra preocupación por el impacto que estas prácticas tienen sobre los familiares. Se trata de personas que realizan un esfuerzo diario, económico y físico, para comprar alimentos y trasladarse hasta el Fuerte Guaicapuro con el único fin de que sus seres queridos puedan alimentarse. Ser abordados en reuniones previas a las visitas para pagar por un mejor trato los expone a presión y posible extorsión, genera angustia ante la incertidumbre de que lo que llevan no llegue a tiempo o no llegue, y los coloca en una situación de indefensión y temor a represalias si se niegan a pagar.
Exigencias
Desde el CLIPPVE exigimos:
– Una investigación independiente, imparcial y expedita de los hechos denunciados por parte del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y las instancias competentes.
– Que se garantice una alimentación regular, oportuna y sin discriminación para todos los presos políticos del Fuerte Guaicaipuro.
– Que se proteja a los familiares denunciantes contra cualquier forma de represalia, presión o extorsión.
– Que se sancione a los responsables si se comprueban los hechos, conforme a la ley.
– Que se permita el monitoreo de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales en el centro de reclusión.
Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE)
15 de octubre de 2026
La Patilla