Pueblos indígenas exigen el reconocimiento de sus derechos como garantía para una transición a la democracia
El pasado 3 de enero de 2026 ocurrió una situación inédita en nuestro país.
Por Provea
La incursión de tropas de Estados Unidos en el territorio nacional, el bombardeo aéreo de distintos puntos de la ciudad de Caracas, La Guaira, Higuerote y Maracay, y la captura de Nicolás Maduro por parte de militares estadounidenses, representó el punto de quiebre de una situación de confrontación, amenazas y acusaciones que se desarrolló durante meses entre Washington y Caracas.
Este hecho, que fue calificado como una violación del Derecho Internacional por distintas organizaciones internacionales de Derechos Humanos, generó un cambio drástico en las relaciones bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos, rotas, tras años de enfrentamientos verbales y de la vuelta de tuerca que inicio Hugo Chávez Frías, al afianzar relaciones militares, políticas y comerciales, con países no alineados con la política exterior de Washington.
Días después de lo ocurrido, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció al país un “nuevo momento” político y el inicio de una relación más cercana a Estados Unidos, basada en acuerdos energéticos y comerciales, que, con el paso de los meses, se ha convertido en una especie de tutelaje del gobierno venezolano por parte de la Administración Trump.
A comienzos de año, Provea y otras organizaciones de la sociedad civil, calificaron como positivos los anuncios sobre excarcelación de presos políticos y la considerable disminución cuantitativa de la represión contra la disidencia política y social, tras haberse registrado picos históricos luego de las elecciones del 28 de julio de 2024.
Ello ha permitido la reaparición de movilizaciones y otras expresiones organizativas encabezadas por diversos actores sociales que reclaman la restitución de derechos y la reinstitucionalización del país, en un ambiente de menos riesgo, en comparación con los meses previos al 03 de enero.
Provea urgió a que el “nuevo momento político” anunciado por las autoridades, sirviera para avanzar en un genuino proceso de transición democrática, que permitiera avanzar hacia la reinstitucionalización del país y la restitución del Estado de Derecho.
Para ello insistimos en un cuerpo de recomendaciones y exigencias que incluyen la necesaria reforma del sistema de administración de justicia, el desmantelamiento del entramado legal que ha propiciado la judicialización de miles de personas por razones políticas, la apertura del espacio cívico y el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), entre otras.
Sin embargo, también advertimos que la indiscutida transición podía derivar en un escenario en el que se privilegiara los intereses de inversores extranjeros, y se continúe desconociendo los derechos de la ciudadanía, una especie de tecnocracia autoritaria como hemos señalado.
Hasta ahora, el andamiaje jurídico represivo levantado durante años para obstaculizar el ejercicio de los derechos a la libre asociación, manifestación y expresión, sigue vigente en el país, mientras continúa el desconocimiento de las obligaciones del Estado con los DESCA.
Los acuerdos suscritos con Estados Unidos en materia energética y extractiva, y que incluyen la reforma de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minas, no fueron objeto de consulta con la sociedad y, concretamente con los pueblos y comunidades indígenas afectadas por el posible desarrollo de nuevos proyectos extractivos.
Ello, es particularmente crítico tomando en cuenta que estos cambios se están produciendo bajo la tutela de una administración norteamericana que ha sido constante negacionista de la existencia de la emergencia climática global, y que además retiró a Estados Unidos del Acuerdo de Paris y recortó fondos en su propio país y en otras naciones, destinados a la mitigación de los efectos del cambio climático.
Frente a un posible escenario de transición del actual modelo político autoritario hacia la recuperación de la democracia y el fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana, los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela analizaron la situación de sus territorios, identificaron las principales amenazas y plantearon las condiciones que deben garantizarse para avanzar en la recuperación del Estado de derecho, fortalecer las instituciones y permitir la restitución de sus derechos.
El encuentro se llevó a cabo entre los días 17 al 19 de agosto en la ciudad de Caracas, en el marco del segundo Taller de Promotores de Derechos Indígenas, una iniciativa realizada en el marco de la Escuela de Formación Permanente en Derechos Indígenas “José María Korta – Ajishama”, promovida por Provea, Wayamouteri, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes /GTAI-ULA) y la coalición Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA).
En la mesa de trabajo participaron 14 líderes y lideresas indígenas de los estados Amazonas y Bolívar, egresados de la primera cohorte de Promotores de Derechos Indígenas de la Escuela “José María Korta – Ajishama”.
La minería ilegal como motor de los problemas
De manera unánime, los participantes coincidieron en señalar que la expansión de la frontera extractiva y la minería ilegal en sus territorios, constituye la principal causa de las violaciones de Derechos Humanos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.
Esta actividad se ha expandido durante al menos dos décadas en los estados habitados ancestralmente por estos pueblos.
Anteriormente, la minería ilegal se concentraba en sectores específicos del estado Bolívar, mientras que, en Amazonas, se desarrollaba de manera artesanal y limitada, a pesar de la prohibición expresa que se desprende del Decreto Presidencial N° 269 de 1989.
Sin embargo, en la actualidad, especialmente tras la entrada en vigor en 2016, del proyecto del Arco Minero del Orinoco, esta actividad se ha extendido prácticamente por todo el territorio.
El crecimiento desmedido de las zonas mineras en los últimos diez años se debe a la ocupación de los territorios por parte de grupos armados irregulares provenientes de Colombia y Brasil, así como de bandas delictivas organizadas.
El avance y fortalecimiento de estas estructuras criminales ha sido gracias a una mezcla entre abandono y la anuencia del régimen político.
En estos territorios, el Estado perdió el control físico del territorio, el monopolio del uso legítimo de la fuerza y la capacidad de proveer servicios públicos esenciales.
En esa región del sur del país, el Estado dejó de cumplir sus obligaciones para con la ciudadanía, como garantizar el acceso a la salud, a la educación, la seguridad ciudadana, defender la soberanía y regular la economía.
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La Patilla