CIDH exige liberar a presos políticos y frenar el uso de justicia militar para perseguir
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este martes 6 de octubre al Estado venezolano a que libere a los presos políticos militares, activos o en situación de retiro, de forma inmediata y frenar el uso de la jurisdicción penal militar «como mecanismos de persecución o represalia» en contra personas opositoras.
En un comunicado, la CIDH reiteró su petición para que se libere a todos los presos políticos, incluidos militares, «a sobreseerlas o absolverlas según corresponda, y a dejar sin efecto los procesos y restricciones derivados de esas detenciones».
Según datos proporcionados por Justicia, Encuentro y Perdón a la CIDH, al menos 196 militares (ocho de ellos mujeres) se encuentran detenidos por razones políticas en el país hasta el 20 de septiembre. De ellos, 165 estaban en servicio activo y 31 en situación de retiro al momento de la detención; y al menos 14 presentarían un estado de salud grave. Por su parte, el Foro Penal registró 144 militares detenidos por motivos políticos hasta el 14 de septiembre.
La mayor parte de los detenidos han sido acusados de conspiración y rebelión. Asimismo, su reclusión se concentra en centros de custodia militar y en establecimientos penitenciarios como el Comando Nacional Antidrogas (CNA) de la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Procesados y Penados Militares «Ramo Verde», ubicado en Los Teques; el Centro de Procesados y Penados Militares Fuerte Guaicaipuro; los centros penitenciarios Rodeo I y Yare II; y el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como «Tocorón».
La CIDH destacó que la diferencia entre las cifras refleja los criterios propios de cada organización, aunque también evidencia «la necesidad de contar con datos oficiales, que respondan a los estándares de transparencia y acceso a la información pública».
También manifestó su «extrema preocupación» por las reiteradas denuncias sobre muertes bajo custodia y graves condiciones de reclusión, como el aislamiento, restricciones de visitas familiares y la negación de alimentos o asistencia médica oportuna o especializada. Según Justicia, Encuentro y Perdón, cuatro integrantes de la FAN y de dos exfuncionarios de seguridad han muerto bajo custodia, mientras que Foro Penal informó a la CIDH de cuatro fallecidos, tres del Dgcim y uno del Sebin.
Asimismo, la CIDH advirtió que algunas de estas personas permanecen bajo custodia del mismo organismo que practicó su detención, por lo que el Estado «tiene un deber reforzado de garantizar la integridad personal de las personas detenidas, su acceso a una defensa técnica de su confianza y la supervisión independiente de las condiciones de reclusión».
La Comisión destacó que en 2019 se otorgaron medidas cautelares a favor de todas las personas privadas de libertad, civiles y militares, en la sede de la Dgcim en Boleíta (Caracas). A la fecha, la CIDH ha otorgado 20 medidas cautelares en favor de presos políticos militares.
TalCual