Rocío San Miguel: Mi sentencia ratifica el derecho de los civiles de exigir transparencia a la FFAA

Rocío San Miguel (Caracas, 60 años) llevaba tres días desaparecida en manos de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) cuando la presentaron ante un tribunal. Eran los primeros días de febrero de 2024. Ahí estaban, en fila como acusados, su hija, dos de sus hermanos, su exesposo y el padre de su hija. “Eso fue muy fuerte para mí”, dice en esta entrevista con EL PAÍS en Caracas. San Miguel se negó a declarar sin su abogado y le dijeron que toda su familia quedaría presa. No tuvo opción. “Ahí todo es una transacción permanente”, agrega, dos años y nueve meses después de haber estado presa en la cárcel del Helicoide.

Por Florantonia Singer / elpais.com

El viernes pasado, San Miguel recuperó su libertad plena, luego de que declararon su absolución en el juicio por una supuesta conspiración para asesinar a Nicolás Maduro, el llamado caso Brazalete Blanco. El proceso comenzó en agosto pasado, meses después de que ella se convirtiera en la excarcelada 001 del 2026 —como indica su boleta— y fuera enviada en un avión a España junto con otros presos políticos españoles liberados, cuando todo cambió en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos.

La defensora de derechos humanos, abogada y experta en seguridad y defensa ha pasado del silencio que le impusieron a contar que pasó ocho meses aguantando el dolor por una fractura en el hombro, sin recibir atención médica; que pudo hacer su primera llamada telefónica un año y diez meses después de ser apresada; y que se enteró de que su hija estaba embarazada en una visita en la cárcel, semanas antes de ser liberada. “Mi hija fue mi único soporte, mi sostén; me llevaba el agua, la comida, lavaba mi ropa. Se convirtió en mi madre. Y cuando me dio la sorpresa de que estaba embarazada, las dos dijimos que yo no podía seguir ahí”.

Pregunta. ¿Qué recuerda de aquel 8 de enero, cuando fue excarcelada?

Respuesta. En la madrugada entró a mi celda una muchacha llorando de felicidad diciendo que habían extraído a Maduro. Yo no entendía si le habían extraído el hígado o qué, hasta que me di cuenta de que se lo habían llevado los estadounidenses. No sabíamos qué represalias podían tener con nosotros. Pero el día 4 de enero nos sacaron al patio. Recuerdo que pasaba al lado de mis compañeras y les decía “esto es histórico” y nos reíamos. Ahí empecé a sentir que podíamos salir. El día 8, muy temprano, me llaman al servicio médico. Llega el director de El Helicoide y le dice a la doctora: “Prepárate el informe de egreso”. Me quedé impactada. Luego hablé con [Alexis] Rodríguez Cabello [director de Inteligencia] que me dijo: “Rocío, te vas para España”. Rodríguez Cabello me condujo en su carro a la embajada de España. Cuando llegué a la residencia del embajador, me encontré a toda mi familia en fila esperándome, hasta con el perro. Bajamos a Maiquetía [el aeropuerto internacional] y nos montamos en un avión comercial con los otros españoles y mi hermano, que estaba muy enfermo y tenía medidas cautelares. Yo le preguntaba a la aeromoza si sabía que nosotros acabábamos de salir de la cárcel. Ahí brindamos. Al llegar a Madrid, fue abrumador salir a la calle por primera vez. Me volqué cinco meses a cuidar a mi hermano en una carrera contra el tiempo por el tratamiento para el cáncer hasta que falleció. Si lo hubiese hecho antes, se hubiera salvado, pero el juez nunca le autorizó salir del país siendo español.

P. ¿Qué fue lo más duro que vivió en prisión?

R. Todo. Algunas de la intimidad familiar me las guardo, pero creo que lo más duro fue estar fracturada. De los dos años presa, estuve sin dolor solo seis meses. Me caí en el Helicoide por la laberintitis que todavía sufro, agudizada por el estrés, el encierro y pasar hasta cuatro meses seguidos sin ver el sol. Tardaron cuatro meses en hacerme una radiografía para confirmar la fractura y la hicieron pública, y otros cuatro meses más en operarme por primera vez. Luego, me volvieron a operar. Fue un ciclo de perpetuidad del dolor.

P. ¿Por qué decidió regresar al país en mayo pasado?

R. Mi vida está en Venezuela, mi familia estaba aquí. En España solo me ataba mi hermano y ya había fallecido. Sabía de los riesgos, pero tenía la esperanza de que mi caso se resolviera por la vía de la amnistía o el sobreseimiento. El 4 de agosto fui a los tribunales a solicitar la nulidad del proceso y la sorpresa fue que dieron inicio al juicio. ¡¿Qué estaba pensando cuando quise volver?! La fiscal ratificó los seis delitos en mi contra con penas de 30 años. Al final terminó mejor de lo esperado con una sentencia absolutoria que sirve de precedente. Criminalizaron mis análisis, mis estudios sobre el control civil sobre las Fuerzas Armadas, los mapas de zonas de seguridad que son públicos, mis anotaciones tomadas en los allanamientos a mi casa fueron analizadas por peritos y los catalogaron como “pruebas de interés criminalístico”. Ahora mi sentencia ratifica el derecho de los civiles de exigir transparencia.

P. Durante años ha estudiado las instituciones militares de Venezuela, ¿qué descubrió de ese mundo estando en prisión?

R: Me impactó mucho cuando los abogados preguntaban a los funcionarios militares si sabían cuáles son los derechos del detenido y no sabían articular cosas tan básicas como el derecho a una llamada, a tener un abogado, a no ser torturado o desaparecido. Los elementos preparatorios, la detención, los allanamientos, las pruebas y todo lo que pasó alrededor mío y de mi familia estuvo sujeto al sistema militar, donde fiscales y jueces ordinarios se subordinan a lo que decide el sistema militar. Los organismos de inteligencia en Venezuela no pueden seguir teniendo calabozos, como pasa en la DGCIM. Eso tiene que terminar en Venezuela.

P. ¿Por qué dijo que los militares en su causa recibieron condenas “profundamente injustas”?

R. El caso en su totalidad está sujeto a la nulidad absoluta. Fuimos 15 personas detenidas arbitrariamente, todos fuimos desaparecidos, todos sufrimos violaciones al debido proceso, no tuvimos abogado de confianza. Algunas personas fueron torturadas. Me preocupa, por ejemplo, la salud de Ángelo Heredia [sentenciado a 18 años]. Tiene un disparo en la pierna y puede perderla por falta de atención. Hay casos como el de Ronald Ferrer, un exsoldado involucrado injustamente por un simple saludo en Facebook. Es un muchacho que vendía algodón de azúcar en un parque. Otros quedaron condenados a tres años por “encubrimiento”. Aspiro a que en la apelación se anule todo esto y que salgan todos los presos políticos en el corto plazo, inclusive los militares.

P: Le agradeció al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su libertad. ¿En qué le apoyó?

R. Sé que este es un tema polémico, pero inscribo su labor en la diplomacia humanitaria. Me ayudó en momentos de extrema fragilidad. A mí me operaron dos veces gracias a su intermediación, estuve a punto de salir en libertad tras una llamada suya con Maduro en agosto del año pasado, y le agradezco las gestiones para que mi hermano se montara en el avión conmigo.

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