AN designó comisión especial para reformar la Ley contra el Odio
La Asamblea Nacional (AN), controlada por el chavismo designó este martes una comisión especial de 11 diputados que se encargará de elaborar el proyecto de reforma de la “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, a petición de Delcy Rodríguez.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la conformación de la comisión después de atender la solicitud de su hermana para modificar la normativa, aprobada en 2017 por la entonces Asamblea Nacional Constituyente.
“Vamos a conformar una comisión especial que hemos denominado comisión especial de proyecto de ley de reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, dijo Rodríguez durante la sesión parlamentaria.
La instancia estará presidida por el diputado Pedro Infante e integrada además por Jorge Arreaza, América Pérez, Carolina García Carreño, Willy Medina, Tania Díaz, Jehyson Guzmán, Nicolás Maduro Guerra, Amelia Belisario, Luis Romero y Rubén Limas.
Jorge Rodríguez indicó que los diputados deberán “abocarse de inmediato al trabajo de conformación y de redacción del proyecto de reforma de ley”.
Delcy Rodríguez había solicitado horas antes al Parlamento una reforma parcial “con carácter de urgencia” de la Ley contra el Odio, publicada en 2017 y criticada por la mayor coalición opositora como parte de un marco legal represivo y usada, según organizaciones no gubernamentales, para perseguir a periodistas y violar la libertad de expresión.
LEE TAMBIÉN: Delcy Rodríguez admitió el “uso abusivo” de la Ley contra el Odio tras años de persecución política (VIDEO)
Luego, en un acto con campesinos en Portuguesa, la líder chavista reconoció que la norma fue “mal aplicada” y utilizada de forma “abusiva”.
La ley fue avalada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país suramericano.
Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa de Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de odio que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.
Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados “delitos de odio” y desde entonces ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento “para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder”.
Con información de EFE