Caso Paracaidistas: nueve años «sin un juicio real» por un supuesto golpe de Estado
Siete sargentos del Ejército permanecen detenidos desde hace nueve años y 28 días por una supuesta conspiración de golpe de Estado, donde se involucró a los generales Raúl Isaías Baduel –quien falleció en octubre de 2021– y Ramón Lozada Saavedra.
El proceso judicial, denuncian familiares de este grupo de militares, ha estado plagado de violaciones al debido proceso, negación de acceso a la justicia, además de decenas de diferimientos de audiencias en tribunales militares y civiles que mantienen al grupo «sin un juicio real».
En tanto, la salud de los siete sargentos se ha deteriorado durante su estancia en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) Los Teques, mejor conocido como la cárcel de Ramo Verde.
«De ellos nadie habla, nadie dice nada. Están juzgando a un difunto (Baduel), hay un profesor que no aparece, otro está en el hospital delicado de salud. Los únicos que siempre están en las audiencias son los siete sargentos», señala Odalys Bermúdez, hermana del sargento primero Rubén Bermúdez.
Desde noviembre de 2025, Odalys no ha podido ver a su hermano Rubén. Su mamá tiene 88 años y varios problemas de salud que le impiden hacer ese tipo de viajes hasta Los Teques, su padre murió el año pasado al igual que su pareja. «Lo que sabemos de él es porque otros familiares nos cuentan, estamos más amarrados porque quedamos mi mamá y yo solamente».
El juicio contra los paracaidistas
El proceso judicial contra los sargentos es irregular desde el momento de su arresto. Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozada, Jairo Villegas y Noé Romero fueron detenidos el 18 de enero de 2017, tras ser llamados a declarar a la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). El grupo estaba destacado en la Brigada 42 de Paracaidistas (Maracay) y estuvo incomunicado durante cinco días en Caracas.
Los militares fueron devueltos a su comando en Maracay, pero mientras esperaban una reunión con el entonces general Juan Carlos Du Boulay fueron apresados por otros efectivos de la Dgcim Aragua con una supuesta orden de captura girada desde Caracas. «Hicieron el montaje de que ellos estaban libres y los agarraron en la Brigada 42. Hasta la fecha están privados de libertad», ha dicho la hermana de Bermúdez.
El grupo fue sometido a torturas como golpes, descargas eléctricas y aislamientos tras vincularlos a un supuesto intento de golpe de Estado que encabezada Baduel. En el caso del general retirado Ramón Lozada Saavedra fue detenido el 21 de enero de 2017 por traición a la patria e instigación a la rebelión. En 2018 se le otorgó una medida sustitutiva de libertad, aunque un año más tarde fue detenido nuevamente y vinculado a una conspiración para «asesinar» a Nicolás Maduro.
A pesar que los expedientes eran distintos, en tribunales militares se decidió unir las causas. «Las supuestas pruebas están mezcladas de manera desordenada, así está avanzando este caso», indica Bermúdez.
Los militares estuvieron año y medio en espera de una audiencia preliminar y en noviembre de 2021 se les notificó que su caso pasaba a la jurisdicción civil, específicamente al Tribunal 23 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, por la supuesta presencia de un civil. Entre justicia militar y justicia ordinaria llevan más de 60 diferimientos para una apertura de juicio.
Los abogados siguen sin acceso al expediente para el juicio, a cargo de la jueza Mariyaris Piñero. Tras varios diferimientos desde octubre de 2025 por falta de traslado, la audiencia se realizó finalmente el pasado 12 de febrero.
«A nosotras no nos dan respuesta ni esperanza de nada. No hay siquiera testigos… Llevaron a un supuesto testigo y no sabía nada de lo que estaba pasando», asegura Bermúdez, quien espera que el grupo pueda ser beneficiado con la ley de amnistía, aunque tampoco guardan muchas esperanzas «porque no son visibles».
«Siempre han quedado en apertura y de ahí no pasan. Ya son nueve años y casi dos meses, queremos que los dejen tranquilos ya. ¿Hasta cuándo?», reclama a las autoridades.
También hace un llamado a Delcy Rodríguez sobre las violaciones a los derechos humanos e irregularidades judiciales que se han cometido contra estos militares. En una ocasión, según comentaron los sargentos a los familiares, les ofrecieron al grupo asumir la culpabilidad y serían sentenciados a 25 años de prisión, por lo que se negaron.
Afirma que en algunas ocasiones los han enviado a revisión forense, «les tiran fotos y más nada… Por la misericordia de Dios están vivos y no los queremos perder. No hay que dejarlos solos porque son inocentes».
Con información de TalCual