Ya se conoce el proyecto de ley de amnistía y admite la represión política desde 1999
El proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática presentado ante la Asamblea Nacional se dio a conocer en horas de mediodía de este jueves 5 de febrero, incluso una hora después de la planteada para el debate de la misma, sin que este haya iniciado.
El documento del proyecto de Ley de Amnistía, Reconciliación y Reencuentro Nacional, es una iniciativa que plantea la liberación inmediata de personas detenidas por delitos políticos, de opinión, protesta y expresión en redes sociales desde 1999, pero que excluye violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio doloso y corrupción.
La propuesta parte de la premisa de que la polarización política ha «dejado heridas profundas» en la sociedad venezolana y plantea la amnistía como un mecanismo para avanzar hacia la paz y la convivencia, desde el respeto a la diversidad y el pluralismo político.
De acuerdo con el documento, la propuesta se sustenta en la competencia constitucional de la Asamblea Nacional para dictar leyes de amnistía y busca consolidar un marco integral que especifique tanto los hechos y delitos amnistiables como aquellos que deben quedar expresamente excluidos.
El proyecto establece una amnistía de carácter amplio para hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1999 y la entrada en vigencia de la ley, vinculados a manifestaciones, protestas, expresión de ideas, difusión de información y pronunciamientos con fines políticos. Incluye delitos como instigación, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad, daños a la propiedad, desacato, difamación, injuria y hechos cometidos a través de redes sociales.
El proyecto reafirma principios propios de un Estado democrático y social de derecho, entre ellos la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad social y la preeminencia de los derechos humanos. Asimismo, plantea que la amnistía no debe entenderse como un acto de venganza o revancha, sino como un camino hacia la reconciliación nacional.
En este sentido, el texto ordena la aplicación inmediata de la amnistía para personas privadas de libertad por hechos de naturaleza política o de opinión, y obliga a los tribunales a otorgar medidas sustitutivas mientras se verifica la aplicación definitiva de la ley, priorizando la libertad como regla general.
La ley excluye expresamente los crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos, tortura, desaparición forzada, homicidio doloso, narcotráfico y delitos de corrupción que impliquen enriquecimiento ilícito, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución.
El proyecto también contempla la creación de una comisión especial de seguimiento con participación plural y la presencia de ONG de derechos humanos como veedores del proceso, aunque sin facultades decisorias, lo que mantiene abiertas las demandas de vigilancia y transparencia sobre su implementación.
La propuesta de ley de aministía consta de 13 artículos. Los cinco primeros definen el objeto, las finalidades y los principios de aplicación e interpretación de la ley, mientras que los artículos restantes desarrollan los hechos sujetos a amnistía, así como los efectos y procedimientos para su implementación.
Giro oficial
El diputado Luis Florido señaló que, aunque el proyecto fue redactado por el oficialismo, la exposición de motivos refleja un giro en la postura que ha sostenido el chavismo sobre la amnistía. «El proyecto ha sido redactado por el oficialismo, pero más allá de eso, su exposición de motivos muestra un cambio en la posición que han venido sosteniendo sobre esta materia»; no obstante, insiste en que hay margen para la exclusión.
El parlamentario sostuvo que, pese a que esta postura más moderada del oficialismo responde a presiones, espera que el debate legislativo se conduzca conforme a las normas.» Esperamos que la soberbia no la repitan y que abramos la discusión a los ciudadanos, como establece el Reglamento Interior y de Debates: llevar la ley a la Comisión de Política Interior, consulta pública y luego segunda discusión», indicó.
Para Florido una eventual aprobación de la ley de amnistía abriría un nuevo escenario para el país. «La ley de amnistía coloca a la República ante otro escenario: una oportunidad. La oportunidad de una reconciliación verdadera que impida que vuelvan a perseguir a un ciudadano por no pagar una ‘coima’ al Seniat o por negarse al chantaje de un funcionario», expuso.
Por su parte, Oscar Murillo, coordinador general de Provea, formuló observaciones críticas sobre la exposición de motivos que circula del proyecto de ley. Cuestionó el uso del término «extremismo» en la exposición de motivos y dijo que «el espíritu de una ley de esta naturaleza no es atribuir a un sector la culpa».
También objetó la caracterización de la amnistía como un acto de clemencia soberana: «Al final dice un ‘acto soberano de clemencia’ que debería decir más bien un acto de reconciliación», explicó el defensor de derecho humanos en su cuenta de X.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exhortó a las autoridades a incluir en el debate a las víctimas, a sus familiares y a las organizaciones de derechos humanos.
Con información de TalCual