CIDH otorga medida cautelares a nueve extranjeros detenidos en Venezuela
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección en favor de nueve ciudadanos extranjeros, todos ellos detenidos durante este año en Venezuela.
En su resolución 79/2025, del pasado 17 de noviembre, la CIDH consideró que estas personas se encuentra en «una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable» dentro del país.
La CIDH benefició al pakistaní Najam Islam Butt, la húngara Zsuzsanna Bossanyi, los holandeses Willem Frederik de Rhoodes y Angelique Brigitte Corneille; el español Miguel Moreno Dapena; y los hondureños Walter López Ogaldez, Willy Delano Bowman Webster y Hiubert Johonie Martínez Martínez.
Este grupo era tripulante del barco N35, dedicado a exploración submarina y que fue interceptado el pasado 18 de junio a unas 80 millas de la costa venezolana. La tripulación fue llevada a la isla de Margarita y luego informada de que estaban detenidos.
El Foro Penal indicó que tras un mensaje se confirmó de su traslado a distintos centros de reclusión y las presuntas acusaciones de espionaje y terrorismo. En el caso de la ciudadana húngara Zsuzsanna Bossanyi, la ONG logró verificar que está recluida en la cárcel de La Crisálida, ubicada en Los Teques (estado Miranda).
Asimismo, la CIDH también otorgó medidas cautelares a favor del ciudadano panameño Olmedo Javier Núñez Peñalba, de quien se desconoce su paradero.
«El transcurso del tiempo aumenta la posibilidad de la consumación de afectaciones a sus derechos. Lo anterior, es preocupante en tanto los familiares y allegados están imposibilitados de activar acciones internas a su favor a fin de dar con su paradero», afirmó la Comisión.
Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, en el país se registran 1.080 presos políticos hasta este miércoles. 42 de ellos son extranjeros y 50 son venezolanos con doble nacionalidad.
La CIDH destacó que las condiciones de estos nueve extranjeros se han caracterizado por «la falta de información sobre su situación jurídica, incomunicación y limitaciones en las posibilidades de acreditar defensa particular o acceder a asistencia consular; así como, en general, por la falta de información oficial sobre su situación actual y de salud».
Tampoco el Estado venezolano ha aportado datos sobre estas personas u otros beneficiarios anteriores, por lo que la CIDH exigió a las autoridades que adopten las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de cada uno.
También se solicitó a la administración de Nicolás Maduro que informe si Olmedo Núñez se encuentra bajo su custodia y, en caso de ser así, se indique el lugar y los motivos de su arresto.
Asimismo, se pidió al Estado venezolano que indique si estos nueve extranjeros han sido presentados en tribunales y bajo qué acusaciones penales; se facilite su comunicación con familiares, abogados privados y asistencia consular; se realice una evaluación médica; se les permita acceso a un traductor o intérprete para que tengan conocimiento preciso de su situación y puedan ejercer sus derechos.
Con información de TalCual