Venezuela cumple 17 años bajo control de precios y sin libertad económica

Hace 17 años Hugo Chávez tomó una medida con la que empezó a labrar el terreno para dominar a sus anchas la ya inflacionaria economía venezolana:
decretó un control de precios. “Hemos tomado medidas que no les gustan a
los neoliberales, pero como no tenemos compromisos y para defender al
pueblo hemos establecido un control de cambios y ahora le seguirá un
control de precios”, dijo el 26 de enero de 2003 el entonces presidente
durante un discurso en la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul, en
la ciudad brasileña de Porto Alegre, donde se llevaba a cabo el Foro
Social Mundial.

El 6 de febrero de 2003, un día después de que impusiera un férreo
control cambiario que ha provocado la destrucción del bolívar,
corrupción, cierre de empresas e hiperinflación, el gobierno chavista
anunció que los precios de 45 bienes y siete servicios declarados de
“primera necesidad” serían regulados.

El 11 de febrero de 2003, el Ministerio publicó en la Gaceta Oficial
Nro. 37.629 la lista de los precios regulados de 106 presentaciones de
alimentos y 63 de productos de higiene personal y limpieza del hogar que
debían mantenerse congelados.

“Tendremos que instalar un sistema nacional integral,
pleno y nacional, de distribución de alimentos y medicinas para que no
haya escasez”, expresó Chávez.

Ese fue el inicio de un nuevo capítulo en la historia del control de
precios en Venezuela en el que las palabras inflación, escasez,
empobrecimiento, control, ataques a la propiedad privada y crecimiento
del mercado negro están escritas en sus largas páginas.

Desde el año 2003 Chávez derogó y promulgó nuevas leyes,
supuestamente para proteger a los consumidores, política que continuó su
heredero Nicolás Maduro. Algunas de las empresas que estuvieron bajo la
lupa del gobierno fueron: Pepsi-Cola, Coca-Cola, Alimentos Nestlé,
Heinz, Johnson & Johnson y Alimentos Polar. Según Lorenzo Mendoza,
presidente de esta última, solo en 2011 las instalaciones de la compañía
fueron inspeccionadas por funcionarios del gobierno 2.200 veces.

Con Maduro los efectos del control de precios empezaron a ser
realmente evidentes en los establecimientos. Cuando asumió la
Presidencia en el año 2013 al país ya se le estaba pasando la borrachera
que atravesó durante el boom petrolero desde 2002. Antes,
el gobierno de Chávez utilizaba los millones de dólares que ingresaban
al país gracias a los elevados precios del barril de petróleo para hacer
grandes importaciones que por mucho tiempo mantuvieron abarrotados las
tiendas.

A partir de 2014 los ingresos del Estado, que dependen mayormente de
la venta de petróleo, empezaron a disminuir como consecuencia de la
caída tanto de los precios del barril como del bombeo de crudo, y
dejaron de ser suficientes para continuar con esas exorbitantes compras
en el exterior. El tamaño de la industria nacional seguía reduciéndose,
lo que impidió al sector productor satisfacer la demanda. Se agotaban
las divisas y se comenzaron a ver espacios vacíos en los anaqueles; incluso pasillos completamente desabastecidos.

Frente a este panorama, en 2014 Maduro reformó la Ley de Costos y
Precios Justos promulgada por Chávez en 2011. Con la nueva Ley Orgánica
de Precios Justos el gobierno estableció un margen máximo de ganancia de
30% para cualquier actor de la cadena de comercialización. Además,
sustituyó la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop)
–que tenía la potestad de “ejercer la regulación, administración,
supervisión, inspección, control y sanciones por parte del Estado a los
agentes económicos”– por la Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos (Sundde), un organismo adscrito al
Ministerio de Comercio que se ha encargado más de reprimir que de
vigilar el cumplimiento de las normas, y cuyas actuaciones fueron
responsables de fuertes episodios de escasez.

Los alimentos más básicos, como la harina de maíz precocida, los
huevos, el arroz y la carne, desaparecieron de los comercios. Los
venezolanos amanecían en las entradas y calles adyacentes de los
establecimientos con la esperanza de poder comprar algún producto de
primera necesidad que vendiera el negocio al abrir sus puertas. La
oferta llegó a niveles tan bajos que el gobierno implementó la venta por
número de cédula de identidad y creó en 2016 su programa de
distribución de alimentos CLAP.

Según Andrea Rondón, miembro del Observatorio de Derechos de
Propiedad de Cedice Libertad, los controles per se son dañinos y también
dan cabida no solamente a la escasez sino también a la arbitrariedad.

“Llegó un punto en el que prácticamente todo podía estar
sujeto al control de precios. Como hubo escasez, los controles de
precios crearon mecanismos en el mercado negro, los llamados bachaqueros
que yo llamo revendedores, se empezó a criminalizar conductas que en
realidad no son delitos sino oportunidades que lamentablemente generan
regulaciones asfixiantes que desconocen la propiedad privada y la
libertad económica. El resultado es una profunda escasez y un profundo
mercado deprimido”.

Aunque el año pasado el organismo no actuó con tanta fuerza como en
2018, cuando llevó a cabo masivas fiscalizaciones que dejaron
desabastecidos supermercados, farmacias, panaderías y otros tipos de
negocios, en realidad la Sundde no ha parado. El Observatorio de
Derechos de Propiedad de Cedice contabilizó durante el primer semestre
del año pasado 1.029 fiscalizaciones.

Hoy, 17 años después de implementados los controles de precios y de cambio, Venezuela atraviesa la peor crisis económica para un país sin guerra.
Además, es la nación con menos libertad económica del mundo. De acuerdo
con el Índice Mundial de Libertad Económica 2019 (EFW 2019 por sus
siglas en inglés), realizado por el Instituto Fraser de Canadá y con la
colaboración de Cedice, la nación se ubicó en el puesto 162 debido
principalmente a la debilidad de su moneda, la dificultad para hacer
negocios y el irrespeto a la propiedad privada.

El Cedice ha demostrado que durante el chavismo ha habido “una
política de ataque sistemático” en contra del derecho de propiedad, que
se estableció en el Primer Plan Socialista de la Nación 2007-2013.

Con expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones y
fiscalizaciones, el Estado contribuyó significativamente a la caída de
la producción interna y generó un proceso de escasez de bienes de todo
tipo, algo que no se había visto nunca en la historia de Venezuela,
según Ana Carrasquero, investigadora del Observatorio.

Desde atrás

La historia del control de precios en Venezuela se remonta al año
1939, cuando Eleazar López Contreras tomó esa medida con la intención de
garantizarle a la población el acceso a los productos básicos en un
momento en el que la oferta se veía comprometida por el recorte de las
exportaciones de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia en plena
Segunda Guerra Mundial.

Los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera y Jaime Lusinchi también intentaron controlar la economía a través de la regulación de precios. Pero la medida siempre fracasó: provocaba efectos muy negativos para la población como la aceleración de la inflación y la escasez de productos básicos. Y a pesar de los antecedentes, en 2003 Chávez decidió implementarla nuevamente en un país que además acababa de cerrar un año con una inflación de 31,2% y que venía de una huelga general de empresarios y trabajadores conocida como el paro petrolero.

Con información de Tal Cual