Transparencia Venezuela propone crear una justicia especial anticorrupción
Transparencia Venezuela propuso crear una justicia especial anticorrupción, un subsistema especializado dentro del sistema de justicia que se establecería con una ley orgánica, sin reformar la Constitución.
La directora ejecutiva, Mercedes De Freitas, presentó la iniciativa el 22 de octubre en el foro «Reconstruir la justicia, recuperar el Estado», celebrado en la sede de la Fundación Ortega-Marañón, en Madrid.
De Freitas afirmó que Venezuela es «un Estado organizado alrededor de la corrupción» y que esta tiene «una relación simbiótica con el crimen organizado». Agregó que en el país no hay «un órgano indemne» al que acudir, por lo que planteó una refundación.
Sin embargo, explicó que crear un órgano autónomo e independiente para investigar y castigar la corrupción exigiría reformar la Constitución y que abrir ese proceso retrasaría la transición hasta 2030. Por ello, la ONG propone crear un subsistema integrado al sistema de justicia, anclado en el artículo 253 de la Constitución.
Esta justicia especial anticorrupción estaría compuesta por una unidad fiscal especializada, con fiscales que duren al menos siete años; una secretaría de cooperación y un consejo internacional que ayude con la cooperación; un cuerpo de jueces especializados en anticorrupción; una oficina de inteligencia patrimonial y financiera; una oficina de recuperación de activos; una unidad de protección de denunciantes y testigos, una defensoría pública especializada, un cuerpo de investigación propio y una unidad de análisis y datos.
La propuesta contempla que los delitos de corrupción no prescriban y que los antejuicios de mérito tengan plazos perentorios.
La sede nacional sería única y los jueces tendrían un mandato institucional de ocho años, con renovación de cuatro, para un total de 12 años, además de inamovilidad durante el período.
Mercedes de Freitas explicó que cada fiscal, juez e investigador venezolano tendría un par internacional. Aclaró que el órgano sería nacional y no uno externo al Estado, como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
«Lo más importante es quitarles el dinero, más que meterlos presos, es quitarles el dinero, que no disfruten lo que robaron», señaló.
La propuesta incluye además un mecanismo de vetting, es decir, la verificación de los antecedentes y la integridad de quienes integrarían el sistema.
De Freitas aclaró que la justicia especial no es una depuración del sistema de justicia ni una comisión de la verdad. Tampoco trataría la corrupción administrativa cotidiana ni reemplazaría los casos que se llevan en el exterior.
La organización construyó el diseño con las experiencias de Guatemala, Honduras, Kosovo, Brasil, República Checa y Hungría. Planteó discutirlo con partidos, ONG y juristas de todo el país antes de la transición y anunció que publicará el documento completo en su página web.
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