Transparencia Venezuela cuestiona pacto petrolero con EE.UU. y exige publicar contratos
Transparencia Venezuela advirtió sobre las dudas que persisten en torno al acuerdo petrolero anunciado entre Venezuela y Estados Unidos y reclamó al Gobierno venezolano publicar el convenio completo, los contratos asociados y las condiciones bajo las cuales se desarrollará la explotación de los campos petroleros involucrados.
En un comunicado divulgado este lunes bajo el título “Convenios para una transición transparente, legítima y con capitales constructivos”, la organización reconoció que Venezuela necesita con urgencia inversiones nacionales y extranjeras, particularmente en la industria petrolera, considerada una de las principales ventajas competitivas del país.
Sin embargo, sostuvo que la necesidad de atraer capital no puede justificar acuerdos sin información pública suficiente. A su juicio, después de años de opacidad, corrupción, debilitamiento institucional y falta de rendición de cuentas, cualquier nuevo convenio estratégico debe estar sometido a reglas claras y mecanismos de supervisión.
Transparencia Venezuela centró sus cuestionamientos en el acuerdo petrolero anunciado por la Casa Blanca el 31 de agosto, que, según la información difundida, contemplaría la explotación de 17 campos petroleros venezolanos y una vigencia de hasta 100 años, una dimensión que ha generado interrogantes entre expertos petroleros, abogados, académicos y distintos sectores de la sociedad.
Falta de información pública
Uno de los primeros cuestionamientos de la organización está relacionado con la ausencia de una discusión pública previa.
Transparencia Venezuela señaló que, aunque desde comienzos de año se ha debatido sobre las oportunidades de inversión en la industria petrolera venezolana y se han anunciado declaraciones de interés, memorandos de entendimiento y acuerdos con empresas que ya operaban en el país, la información sobre el nuevo convenio ha sido fragmentaria.
Para la organización, un acuerdo de esta magnitud debió ser sometido a un debate público, con información suficiente sobre sus beneficios, riesgos, costos, impacto económico y alternativas.
“La ausencia de debate público refuerza la percepción de que se negoció de espaldas al país”, sostiene el documento.
La ONG también considera necesario explicar por qué se escogieron los 17 campos, cuál es su producción actual, cuánto petróleo se espera extraer y en qué plazo, además de precisar quiénes los operaban anteriormente y bajo qué figuras contractuales.
Dudas sobre una concesión de 100 años
Otro de los principales puntos de preocupación es la duración y alcance del acuerdo.
Según Transparencia Venezuela, la falta de publicación del convenio impide conocer con precisión cuáles son los campos incluidos y bajo qué condiciones serán explotados.
La organización cuestionó especialmente la referencia a una vigencia de 100 años, debido a que esta cifra contrasta con las declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien ha señalado que el acuerdo tendría una duración de 25 años.
La diferencia, sostiene Transparencia Venezuela, debe ser aclarada públicamente antes de que el convenio avance.
También pidió explicar cómo fueron seleccionados los campos, cuáles son sus niveles actuales de producción y qué empresas tenían previamente derechos sobre ellos.
En este contexto, mencionó reclamos de compañías privadas que aseguran tener derechos previos sobre determinadas áreas. Entre ellas citó a Delta Finance, vinculada a la empresa mixta PetroDelta hasta 2042, cuya participación habría sido revocada y posteriormente transferida a Pacific Coast Energy Company.
La disputa involucraría seis campos ubicados en el oriente venezolano: Tucupita, Bombal, Uracoa, El Isleño, Temblador y El Salto.
Interrogantes sobre la legalidad
Transparencia Venezuela también planteó dudas jurídicas sobre el acuerdo, entre ellas la utilización de la figura de concesión para la explotación petrolera.
La organización señaló que expertos han cuestionado si esta modalidad está contemplada en la legislación vigente para este tipo de operaciones.
Además, destacó la diferencia entre el supuesto plazo de 100 años divulgado por la Casa Blanca y lo establecido, según el comunicado, en la reforma de la Ley de Hidrocarburos de 2026, que establecería contratos de explotación con un plazo inicial máximo de 25 años y una prórroga de hasta 15 años.
La ONG también recordó las disposiciones constitucionales que atribuyen a la Asamblea Nacional competencias relacionadas con la aprobación de contratos de interés público, tratados y convenios internacionales celebrados por el Ejecutivo, incluidos aquellos vinculados con PDVSA.
Otro punto sin aclarar, según la organización, es la identidad y responsabilidad de todas las partes involucradas. En particular, pidió precisar el papel del Departamento de Guerra de Estados Unidos, PDVSA, North American Blue Energy Partners (NABEP) y los operadores privados que participarían en la explotación.
¿De dónde salen los 209.000 millones de dólares?
El componente económico constituye otro de los interrogantes planteados por Transparencia Venezuela.
La organización recordó que Delcy Rodríguez ha estimado que Venezuela podría recibir 209.000 millones de dólares durante los próximos 25 años como resultado del acuerdo.
No obstante, cuestionó que no se hayan divulgado públicamente los elementos necesarios para comprobar esa estimación.
Entre ellos mencionó las previsiones de producción, los precios de referencia del petróleo, las regalías, los impuestos y las demás condiciones fiscales que determinarían los ingresos del Estado venezolano.
Para Transparencia Venezuela, esas variables son indispensables para evaluar si el acuerdo realmente representa un beneficio para las finanzas públicas y para determinar cómo se distribuirían los ingresos generados por la explotación petrolera.
Transparencia Venezuela pide revisar a NABEP
La selección de North American Blue Energy Partners (NABEP) también fue señalada como un punto que requiere explicaciones.
La organización considera necesario conocer cómo llegó la empresa a ocupar una posición relevante en el negocio petrolero venezolano y qué vínculos mantuvo con los gobiernos de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez.
Asimismo, pidió que se realice una investigación independiente sobre el origen de los recursos vinculados con sus propietarios y socios, debido a señalamientos e investigaciones mencionados públicamente.
El comunicado hace referencia a Alejandro Betancourt, señalado como socio mayoritario de NABEP, y menciona investigaciones en España y Suiza relacionadas con el caso Atlantic, así como procesos vinculados a antiguos socios y operadores relacionados con Derwick.
Transparencia Venezuela subrayó que las acusaciones y señalamientos deben ser sometidos a una verificación independiente, especialmente debido a la magnitud económica del negocio petrolero.
Riesgo de nuevas disputas por los campos
La organización también manifestó preocupación por el posible choque entre los nuevos acuerdos y derechos previamente otorgados a empresas privadas o compañías mixtas.
Según el comunicado, publicaciones recientes de Reuters han informado que algunos de los campos contemplados en el convenio estarían relacionados con empresas mixtas con participación de China y Rusia.
Ante la falta de información sobre cómo se cerraron o modificaron esas relaciones, Transparencia Venezuela advirtió que el Estado venezolano podría quedar expuesto a nuevos arbitrajes internacionales o demandas judiciales.
La ONG considera que antes de atraer nuevos inversionistas debe aclararse la situación jurídica de cada campo y determinar si existen derechos contractuales previamente adquiridos.
Inversión sí, pero con garantías
Transparencia Venezuela no cuestiona la necesidad de recuperar la industria petrolera. Por el contrario, sostiene que Venezuela necesita grandes inversiones para elevar su producción y recuperar su capacidad energética.
El problema, según la organización, radica en las condiciones bajo las cuales se incorporen esos capitales.
La ONG recordó que Venezuela mantiene una elevada deuda pública y enfrenta obligaciones pendientes con empresas que han obtenido decisiones favorables en tribunales y mecanismos de arbitraje internacional.
En ese contexto, considera necesario precisar cuánto capital será aportado por Estados Unidos, en qué plazo, bajo qué condiciones y garantías, así como cuál será el origen del resto de los recursos necesarios para desarrollar los campos.
Reclamo de garantías ambientales y sociales
El comunicado también dedica un apartado a los posibles impactos ambientales y sociales de la actividad petrolera.
Transparencia Venezuela sostuvo que el desarrollo de la industria no puede limitarse al incremento de la producción y reclamó estudios de impacto ambiental y sociocultural, además de garantías para las comunidades que viven en las zonas de explotación.
La organización pidió que la inversión petrolera esté acompañada de recursos destinados a recuperar el sistema eléctrico, proteger el ambiente y mejorar el acceso al agua potable.
A su juicio, la experiencia de décadas anteriores, marcada por derrames, deterioro de instalaciones y falta de mantenimiento, demuestra la necesidad de establecer controles ambientales y mecanismos efectivos para sancionar incumplimientos.
Exigen publicar el acuerdo completo
Como parte de sus propuestas, Transparencia Venezuela pidió fortalecer las instituciones encargadas de supervisar la industria petrolera y reclamó una nueva gobernanza para PDVSA, con separación de funciones, autoridades técnicas e independientes y mecanismos de rendición de cuentas.
La organización también exigió aclarar la situación jurídica de cada campo petrolero antes de que se produzcan nuevas inversiones y establecer mecanismos para resolver eventuales conflictos entre antiguos y nuevos operadores.
Su principal demanda es que el Gobierno publique el convenio completo, los contratos relacionados y toda la información relevante, además de explicar las consecuencias previstas en caso de incumplimiento por cualquiera de las partes.
“La transparencia debe ir más allá del anuncio”, sostuvo la organización.
Finalmente, Transparencia Venezuela defendió la llegada de “capitales constructivos” que contribuyan al desarrollo económico y social del país, pero insistió en que los grandes negocios petroleros deben sustentarse en información pública, legalidad, seguridad jurídica, instituciones responsables y mecanismos de rendición de cuentas.
La organización concluyó que la eventual recuperación de la industria petrolera debe formar parte de una reconstrucción económica e institucional más amplia y que, precisamente por la magnitud de los intereses involucrados, los acuerdos estratégicos no pueden prescindir de legitimidad ni de transparencia.
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“La transparencia debe ir más allá del anuncio”, sostuvo la organización, al reclamar que el Gobierno publique todos los documentos relacionados con el convenio y responda las dudas que ha generado entre expertos, empresarios y distintos sectores de la sociedad venezolana.
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