Sindicatos rechazan mesa de consensos laborales y exigen recuperar el salario mínimo
Representantes de organizaciones sindicales como la Confederación General del Trabajo, Codesa (Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela) y la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) rechazaron la denominada mesa de consensos laborales y sociales, al considerar que no representa a la totalidad del movimiento de trabajadores y que podría abrir paso a cambios que vulneren derechos establecidos en la Constitución y la legislación venezolana.
Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores (Únete) y de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep), llamó a los trabajadores y a sus organizaciones de base a mantenerse alertas y movilizados ante lo que calificó como amenazas a sus derechos.
«Rechazamos los acuerdos de cúpulas que se adelantan en la denominada mesa de los consensos laborales y sociales», expresó Carbone, quien cuestionó que las decisiones se tomen sin consultar a los trabajadores y a los sindicatos de base.
El dirigente sindical sostuvo que la participación de solo tres de las siete confederaciones mencionadas en su declaración no garantiza la pluralidad del movimiento laboral: «No representa la pluralidad del movimiento obrero ni tiene la potestad de comprometer los derechos de la clase trabajadora», afirmó.
Carbone advirtió que una eventual ley de consenso buscaría legalizar la bonificación salarial y debilitar derechos como las prestaciones sociales, la estabilidad laboral y la negociación colectiva.
También rechazó lo que describió como una campaña para promover la eliminación del sistema laboral vigente y sustituirlo por un esquema desregulado. Según el dirigente, ese escenario podría profundizar la precarización del trabajo y afectar derechos como la libertad sindical y la huelga.
Rivero denuncia falta de representación sindical
José Vicente Rivero, secretario nacional ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores de Venezuela (CGT), también manifestó su desacuerdo con la mesa y cuestionó que las organizaciones participantes puedan representar al conjunto de los trabajadores.
«No podemos decir que algo que vaya a salir de allí pueda ser positivo sin la representación de todos los trabajadores», sostuvo Rivero, quien defendió la necesidad de un diálogo que incluya a los distintos sectores sindicales.
El dirigente recordó que el 30 de abril de este año se suscribió un documento en el que, según explicó, se exhortó al Ejecutivo nacional a fijar un ingreso mínimo. A su juicio, esa diferencia tiene consecuencias sobre el cálculo de los beneficios laborales.
Sobre la posibilidad de aprobar una ley de consenso laboral, Rivero sostuvo que cualquier instrumento debe respetar la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt). «Crear una ley paralela que estaría por debajo de la Ley Orgánica del Trabajo, pues lógicamente, jurídicamente, es inconstitucional», afirmó al rechazar la posibilidad de eliminar la retroactividad de las prestaciones sociales.
Rivero también cuestionó a los empleadores privados por el incumplimiento, según denunció, de las disposiciones del artículo 92 de la Lottt sobre el depósito de las prestaciones sociales. Aseguró que los trabajadores terminan asumiendo las consecuencias de la precariedad salarial y de las decisiones tanto del sector privado como del Gobierno.
«Seguimos siendo nosotros los trabajadores los más dañados en todo este acuerdo, que realmente no le vemos nada de positivo», expresó.
El representante de la CGT insistió en que cualquier diálogo debe contar con la participación de todos los sectores sindicales y producir resultados concretos: «Queremos un diálogo real, concreto y, sobre todo, que esté la gente en Venezuela», agregó.
Exigen salario mínimo y aguinaldos de $800
Entre las demandas planteadas por Carbone figura la recuperación inmediata del salario mínimo constitucional, que se mantiene estancado en Bs 130 desde el año 2022 y que apenas representa $0,15, el reconocimiento del carácter salarial de los pagos vinculados con la relación laboral, el respeto a las convenciones colectivas vigentes y el cese de la persecución contra dirigentes sindicales independientes.
También exigió el reenganche de los trabajadores despedidos injustificadamente, tanto en el sector público como en el privado, y la derogación de instrumentos administrativos que, según denunció, han contribuido al deterioro de las prestaciones sociales.
El dirigente planteó además que el Estado inicie el pago de los aguinaldos a todo el personal de la administración pública centralizada y descentralizada, calculados sobre la base de cuatro meses de ingresos integrales y tomando como referencia un ingreso mensual de 200 dólares.
De acuerdo con su propuesta, la bonificación de fin de año no debería ser inferior a 800 dólares o su equivalente en bolívares a la tasa de cambio del día. Solicitó que el pago se realice en una sola cuota y no de manera fraccionada, para que los trabajadores puedan hacer frente al costo de la vida.
Carbone informó que sus organizaciones enviaron una comunicación formal al director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a su equipo de gobernanza para solicitar que se exhorte al Estado venezolano a cumplir los compromisos relacionados con el salario mínimo, la libertad sindical, la negociación colectiva y la protección de los derechos laborales.
Ambos dirigentes llamaron a impulsar la unidad de acción sindical y respaldar las movilizaciones de trabajadores activos, jubilados y pensionados de distintos sectores, con el propósito de recuperar los derechos que consideran vulnerados y garantizar una representación plural en cualquier proceso de diálogo laboral.
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