Salas Romer: «Lo denunciado por campesinos sobre Barimisagua es falso, somos dueños legítimos de una propiedad privada»

A través de una comunicación enviada a La Mañana, el grupo Salas Romer rechazó lo denunciado hasta ahora por un grupo de ocupantes del fundo Barimisagua. Aseguran ser dueños legítimos de una propiedad privada cuya documentación fue consignada ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI).

El grupo empresarial refutó la declaración publicada en este mismo diario con el título “Campesinos de Sanare afirman que Salas Romer recurre a la jurisdicción penal para desalojarlos”, cuyo contenido expone una serie de alegatos que nos resultan agraviantes y directamente perjudiciales por ser del todo falsos, tergiversados y manipulados en detrimento del honor, reputación e imagen de las Agropecuarias Barimisagua y Yaracuibare C.A., sus dueños y trabajadores según el referido grupo económico.

“En primer lugar, se aclara que la Finca Barimisagua es una unidad de producción privada perteneciente a las Agropecuarias Barimisagua C.A. y Yaracuibare C.A., según cadenas titulativas certificadas por el INTI, está ubicada en Sanare, municipio Monseñor Iturriza del estado Falcón, y la conforman cuatro lotes de terreno denominados: Las Vitrinas, Barimisagua, Las Marías y El Hierro, este último cuenta con una Área de Reserva de Medios Silvestres certificada por el MINEC en diciembre de 2021”, alegan los Salas Romer.

Destacan que al INTI (regional y nacional) y al Tribunal Agrario competente por el Territorio se le fue consignada toda la documentación pertinente para demostrar el origen privado de las tierras, el cual se remonta al año 1857, cuando el para ese entonces presidente de la República, José Tadeo Monagas, se desprendiera de ese lote de tierras asignándoselas a un particular, quien en ventas sucesivas a través de los años generó la tradición que hoy califica a la Agropecuaria Yaracuibare C.A. y la Agropecuaria Barimisagua C.A., como legítimas propietarias de la unidad de producción finca Barimisagua desde hace más de 50 años y que su condición es privada desde ese entonces.

De allí que sea totalmente falsa, infundada e irresponsable la afirmación de Gustavo Ladino según la cual no se puede demostrar ser el dueño de las tierras.

Mas adelante, expresaron que nunca “abandonaron” la finca Barimisagua, por el contrario, han mantenido una posesión productiva sobre dicho predio por más de 50 años, la cual ciertamente se vio seriamente mermada durante los años 2018 y 2019, cuando los lotes Las Marías, Barimisagua y El Hierro sufrieron de muy graves y lamentables ataques de la delincuencia dirigidos a reducir dolosamente la producción de la finca: se evidencia de más de 68 denuncias ante la Guardia Nacional y el Cicpc que “nos mataron más de 100 búfalos, además de que fuimos víctimas de daños materiales de toda índole tales como el robo de quesera, techos de gel, sistema de riego, bomba de pozo profundo, transformadores de la finca, motores de riego, repuestos de tractores y demás maquinaria existente en la finca”.

Además, a partir del año 2019 los recursos naturales de la Finca Barimisagua fueron objeto de terribles afectaciones ambientales, lo cual fue denunciado ante la Fiscalía 14° ambiental del Estado Falcón, y que, tras las investigaciones pertinentes, derivó en una sentencia dictada por el Tribunal de Control Estadal y Municipal de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Falcón, en fecha 29 de enero del año 2020, consistente en medidas de protección sobre lo predios El Hierro, Barimisagua, Las Vitrinas y Las Marías (Santa María), que incluyen la orden de alejamiento y prohibición de permanecer en el territorio, así como la demolición y saneamiento de las construcción o ranchos construidos dentro de dicho espacio, de conformidad con lo previsto y sancionado en el artículo 8, numerales 2, 4 y 17 de la Ley Penal del Ambiente. Sin embargo, al día de hoy esta decisión judicial no ha sido ejecutada.

Finalmente, en el año 2020 dichos lotes (Las Marías, El Hierro y Barimisagua) fueron invadidos -ocupados ilegalmente- en plena pandemia, y posteriormente denunciados por los propios invasores como tierras ociosas ante la Oficina Regional de Tierras de Falcón (ORT Falcón), la cual previa sustanciación y procedimiento administrativo correspondiente envió el expediente al INTI Central, conforme lo dispone la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
En fecha 16 de agosto de 2022, el directorio del INTI declaró la improcedencia de la denuncia de tierras ociosas con ocasión de, precisamente, comprobarse aún la productividad de la misma.
No obstante, los ocupantes ilegales insisten en negar también esta decisión del INTI, refieren los Salas Romer.

Del anterior párrafo se destaca que los invasores no llevan ocupando ilegalmente ni 7, ni 10 ni 20 años la finca Barimisagua (desde el año 2020 hasta la actualidad -año 2023- hay solo 3 años, acotaron.

Aunado a lo anterior, se resalta que, previa solicitud de las propietarias durante el procedimiento administrativo de determinación de tierras ociosas instado por los propios ocupantes ilegales ante la Oficina Regional de Tierras del Estado Falcón; en fecha 16 de diciembre de 2022 el INTI otorgó a las propietarias una certificación de finca mejorable.
En los tres años que los invasores han estado ocupando ilegalmente la Finca Barimisagua, las propietarias y sus trabajadores nunca abandonaron la finca ni su producción, muy por el contrario, mantuvieron las operaciones hasta lo que permitía el sector de tierra no invadido.

Hoy en día, la unidad de producción mantiene una carga animal de casi 100 búfalos, que es lo máximo que se puede mantener a duras penas cortando pasto en solo 50 hectáreas de las 300 que se tenían originalmente sembradas para igual número de rebaño adulto, ya que los invasores no permiten que se ejerza la actividad agroproductiva en el resto de la unidad de producción.

Asimismo, ante los múltiples ataques a la producción de la finca Barimisagua, la representación de las Agropecuarias solicitó una medida de protección a la producción y al ambiente al Tribunal de Primera Instancia Agraria competente por el territorio, el cual la acordó el 16 de marzo de 2022 y la ratificó el 09 de diciembre de 2022, mediante esta última decisión incluso los cultivos precarios que tienen algunos de los invasores fueron amparados y protegidos por el tribunal hasta la fecha final de cosecha en marzo del año en curso.

Durante ese proceso judicial, los invasores participaron amplia y directamente, especialmente en los sendos procesos conciliatorios llevados a cabo por el Tribunal Agrario con la presencia de los propietarios (accionantes), los invasores (accionados) y representantes de los distintos órganos del Poder Público involucrados respecto: Ministerio de Ecosocialismo, Ministerio de Agricultura y Tierras, INTI, Defensoría del Pueblo, entre otros). En dichas conciliaciones el INTI acordó otorgar de forma amistosa unos lotes de terrenos a los invasores, se le ofrecieron tres opciones y hasta ahora están negados a ser reubicados.
Asimismo, en la decisión judicial del 09 de diciembre del 2022, la cual se encuentra plenamente vigente y ha sido comunicada en numerosas ocasiones, por diferentes medios, de forma oral y escrita a los invasores, el Tribunal Agrario ordenó al INTI a través de la Oficina Regional de Tierras del estado Falcón, se inicie de forma inmediata el proceso de reubicación, reasentamiento y relocalización, como acto de justicia, de los ciudadanos que conforman el Consejo Campesino José Leonardo Chirino en terrenos del INTI de igual o mejores condiciones de las que ocupan.

Intraficables
A juicio de los Salas Romer, los ocupantes ilegales se muestran reacios a conciliar con los entes involucrados en la materia incluso a una funcionaria la amenazaron con un machete.
“Los invasores se han dispuesto a atacar directa y públicamente a las autoridades -tanto administrativas como judiciales- acusándolos de hechos de corrupción, sin pruebas o fundamentos de hecho ni de derecho que soporten sus alegatos, lo cual no solo es una actuación temeraria por parte de los invasores sino que además puede constituir el delito de denuncia o acusación falsa”.

Ecocidio

Los encargados del fundo estiman que desde el año 2020 la Finca Barimisagua ha sido víctima de un terrible ecocidio que abarca ataques a su suelo, vegetación, agua y fauna.
“Desde que irrumpieron violentamente en la finca hace tres años han permanecido allí ilegalmente, mermando todos los recursos ambientales del predio”.
“Los ocupantes ilegales talan, queman y destruyen vegetación y suelos de uno de los pulmones verdes más importantes del estado Falcón, lo que ha dejado grandes extensiones de terreno inutilizables y con daños ambientales de difícil o imposible reparación”.
Por si fuera poco dichos individuos afectan y ponen en riesgo las vertientes de la principal fuente hídrica que alimenta el pueblo de Sanare. Además, dañan y minan ilegalmente un Área de Reserva de Medios Silvestres certificada por el MINEC, que prohíbe afectaciones ambientales en determinadas áreas.
En atención a la grave y comprobada devastación ambiental en la finca Barimisagua, los organismos del Estado se han dispuesto a investigar los delitos ambientales y han ordenado la citación de los presuntos involucrados, informaron los Salas Romer.

Francisco Chirinos
CNP 9966