Provea afirma que la reforma judicial anunciada por Rodríguez debe ser «integral y genuina»
La organización de derechos humanos Provea exigió este sábado que la reforma del sistema de justicia penal, anunciada por Delcy Rodríguez, «sea integral, transparente y con participación amplia de distintos actores, al advertir que cualquier cambio limitado o politizado «no resolverá la profunda crisis estructural del sistema judicial».
En su pronunciamiento, la ONG recordó que la construcción de un Sistema de Administración de Justicia (SAJ) eficiente, independiente y ajustado a la Constitución sigue siendo una deuda histórica del Estado venezolano.
A su juicio, el sistema ha funcionado por décadas con «fallas estructurales vinculadas a la discriminación, la burocracia, la corrupción y la estigmatización de sectores vulnerables, especialmente en contextos de persecución política y desigualdad socioeconómica».
Provea citó antecedentes históricos para sustentar su diagnóstico. Recordó que ya en 1986 la extinta Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre) advertía sobre la «grave crisis del sistema judicial, marcada por corrupción, retardo procesal y politización».
Asimismo, señaló que en 1991 diversos actores institucionales describían a la entonces Corte Suprema de Justicia como un organismo percibido como «facilitador de impunidad y debilitamiento del Estado de derecho».
La organización afirmó que, lejos de resolverse, estas deficiencias se habrían profundizado en las últimas décadas. En su balance, sostuvo que durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro el sistema judicial experimentó un «proceso de erosión institucional, control político y uso como herramienta de persecución contra la disidencia, afectando su autonomía y capacidad de respuesta a los ciudadanos».
Entre las principales denuncias actuales, Provea destacó la existencia de «violaciones al debido proceso, incluyendo la inadmisión de recursos de hábeas corpus, presuntas desapariciones forzadas, restricciones al derecho a la defensa, retardo procesal y el uso excesivo del derecho penal como mecanismo de control social».
Asimismo, la ONG cuestionó la situación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que señala de estar integrado por actores con presuntos «vínculos políticos y sin el cumplimiento pleno de requisitos de mérito».
También recordó que en 2024 el TSJ habría tenido un rol determinante en decisiones que generaron controversia respecto a la interpretación de los resultados electorales del 28 de julio y su relación con el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que, según la organización, «profundizó la desconfianza institucional».
Provea advirtió que cualquier reforma judicial «debe ir acompañada de procesos transparentes en la selección de magistrados y de una transformación integral que no se limite al TSJ, sino que incluya el fortalecimiento del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo».
La organización también expresó preocupación por la posibilidad de que la reforma responda a agendas «externas o limitadas», sin suficiente participación de actores nacionales como universidades, organizaciones sociales, víctimas y organismos internacionales de derechos humanos.
Finalmente, Provea llamó a «despolitizar el sistema de justicia, detener su uso como herramienta de restricción de libertades y fortalecer políticas públicas sostenidas contra la impunidad y la corrupción, así como garantizar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en las instituciones judiciales del país».
Alberto News