Prevén más detenciones de líderes políticos y sociales
Para el Programa Venezolano de
Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la detención de diputados
este 10 de marzo responde a una política del gobierno de Nicolás Maduro
para generar desconfianza en eventual una salida electoral a la crisis
venezolana.
“Este año vamos a tener varios
episodios de hostigamiento y persecuciones a dirigentes políticos y
sociales porque el gran objetivo es que la ciudadanía se inhiba de
participar en elecciones”, dijo Rafael Uzcátegui, coordinador general de
Provea.
Luego de la marcha convocada por el presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó este 10 de marzo, los diputados Renzo Prieto, Angel Torres y Zandra Castillo fueron detenidos por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes). Posteriormente, Torres y Castillo fueron liberados. De Prieto se desconoce el paradero.
Uzcátegui sentenció que el efecto de puerta giratoria denunciado por la organización Foro Penal podría continuar en 2020.
“Hay la posibilidad de que algunas
personas sean liberadas en el contexto de una consulta electoral, pero a
la vez, otros líderes políticos y sociales van a ser encarcelados”,
dijo Uzcátegui.
El coordinador general de Provea sostuvo que será un año cuesta arriba para la sociedad independiente.
“Van a promover diferentes normativas
para limitar la cooperación internacional con las organizaciones que en
Venezuela defienden los derechos humanos y es probable que castiguen de
alguna forma a las personas vinculadas con las medidas económicas
unilaterales contra el gobierno”, indicó Uzcategui.
La estrategia es descalificar
De acuerdo a Uzcátegui, la respuesta
de la administración de Maduro a la reciente actualización oral del
informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU sobre
Venezuela, es continuar insistiendo en que ese organismo carece de toda
la información y sus conclusiones son sesgadas.
“Del informe de este martes 10 se
desprende la persecución por razones políticas, la prohibición de hacer
sesiones en la Asamblea Nacional y el hostigamiento a periodistas,
miembros de ONG, sindicalistas y manifestantes”, aseveró Uzcátegui.
El coordinador general de Provea
recordó que pese al compromiso del gobierno de Maduro, no se le ha
permitido el acceso a centros de detención de presos políticos a
miembros del Alto Comisionado de DDHH de la ONU. “No tenemos respuesta
por parte de los organismos públicos en materia de derechos humanos. Se
siguen recibiendo denuncias de torturas en la Dgcim”, dijo.
Uzcátegui informó que para junio está prevista la divulgación de un informe especial por parte del Alto Comisionado de DDHH de la ONU en referencia a los derechos civiles y políticos y el arco minero del Orinoco.
Con información de http://www.runrun.es