Prado solicitó a Bachelet pronunciarse sobre presos políticos

Humberto Prado envió una carta a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el incumplimiento por parte del régimen de Nicolás Maduro en la supervisión de los centros de detención en donde están denominados presos políticos.

Prado solicitó a Bachelet
pronunciarse sobre la grave situación que viven los privados de libertad
por parte de la dictadura venezolana.

A continuación, la carta íntegra:

Ciudadana, Sra. Michelle Bachelet Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH)
Palacio Wilson
52 rue des Pâquis
CH-1201 Ginebra, Suiza

Estado: Venezuela (República
Bolivariana de) Ref.: Memorando de Entendimiento Asunto: Incumplimiento
por parte de las autoridades de facto en la supervisión del ACNUDH sobre
Centros de Detención
Víctimas: Privados de Libertad en la sedes del DGCIM, SEBIN (Helicoide),
Centro de detención de Plaza Venezuela (la Tumba) y la casa de los
sueños (Fuerte Tiuna)

Yo, Humberto Prado Sifontes,
en mi condición de Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y
Atención a las Víctimas designado por el Presidente (E) de la República
Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó , me dirijo muy respetuosamente a
su persona, y por su intermedio, a su Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el propósito de
reiterar a su loable autoridad la necesidad de cumplir y hacer cumplir
el memorando de entendimiento que fue suscrito entre el ACNUDH y las
autoridades del Poder Fáctico que actualmente controla las instituciones
democráticas del país, a través de las cuales, hasta el momento, se ha
gestionado todo lo relativo a la supervisión de la situación de derechos
humanos, la cual no hace falta recordar que se ha agudizado desde que
presentaron en julio del año pasado (2019) el informe país que había
solicitado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En fecha 6 de junio de 2020,
la Comisión Presidencial para Derechos Humanos del Gobierno Interino
encabezado por el Presidente del Parlamento Nacional, Juan Guaidó,
obtuvo noticias de una denuncia verbal manifestada durante una
entrevista por la Sra. Molly De la Sotta, hermana de Luis de la Sotta,
preso político recluido en los denominados “sótanos del DGCIM”, quien
habría sido torturado y sometido a condiciones de detención
incompatibles con la dignidad humana. La Sra. De la Sotta solicitaba
pronunciamientos ya que estimaba que la actual situación que enfrenta su
hermano y toda la población carcelaria bajo la custodia del Grupo de
Exterminio conocido como Dirección General de Contrainteligencia Militar
(DGCIM) es por lo más grave y requiere de medidas urgentes .

Sobre el particular, la
Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas ha
denunciado esta deleznable circunstancia en múltiples ocasiones ante su
oficina. Así, el 16 de abril de 2020 reportamos que un componente de la
DGCIM intentó ingresar en el Centro Nacional de Procesados Militares de
Ramo Verde sin que se reparase en las medidas de higiene y prevención
necesaria para evitar la propagación de la enfermedad COVID-19, que al
igual que como ocurre en el resto del mundo, afecta de manera
diferenciada y muy particular a los privados de libertad en nuestro país
. El 30 de abril de 2020 recordamos que en noviembre de 2019, miembros
del DGCIM detuvieron arbitrariamente a la periodista Ana Belén Tovar .

El 1 de junio de 2020
interpusimos un llamado urgente ante su oficina donde denunciamos que en
fecha 25 de abril de 2020, un grupo de funcionarios de los Grupos de
Exterminio conocidos como DEGIM y las Fuerzas de Acciones Especiales
(FAES), interceptaron a Maryfranci Marcano y Ana Pernía (hermana y
vecina de un militar que participó en la operación libertad,
respectivamente), en la autopista Guarenas-Guatire y, sin mediar
palabras, procedieron a detenerlas arbitrariamente sin orden judicial ni
en acto de flagrancia alguno y a trasladarlas a la sede de la DGCIM,
lugar donde permanecen hasta la fecha.

El 2 de junio de 2020
emitimos una Comunicación Publica en la que lamentamos el fallecimiento
del Sargento Segundo de la Guardia Nacional, Luis Armando Monsalve
Estaba, quien murió el 31 de mayo en el Hospital Militar Dr. Carlos
Arvelo, tras sufrir un paro respiratorio.

El Sr. Monsalve estaba
detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia
Militar desde mayo de 2019, por presuntamente planificar la fuga del
exministro de la usurpación Miguel Rodríguez Torres. Difícilmente su
muerte pueda ser atribuida exclusivamente a causas naturales .

La Comisión Presidencial para
Derechos Humanos considera que su deceso presuntamente habría sido
producto de una ejecución extrajudicial continuada, en la que
perennemente se le suministraron drogas con diversas sustancias
psicotrópicas por negarse a obedecer las órdenes dictadas por el coronel
Hannover Guerrero, de conformidad con lo que han alegado los
familiares.

De acuerdo con la versión del
Poder Fáctico, el año pasado Monsalve habría intentado suicidarse
saltando desde el piso 5 del DGCIM, empero, sus familiares contradicen
esta hipótesis.

Cualquiera que fuere la
causa, lo único cierto es que el Sargento quedó cuadripléjico, estando
en custodia del DGCIM, motivo por el cual opera la presunción de
responsabilidad que aplica en estos casos a la luz de la jurisprudencia
reiterada de Tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos
.

Un caso icónico que no puede
dejar de referirse por más conspicuo que fuere es el de la ejecución
extrajudiciales del Capitán de Corbeta, Rafael Ramón Acosta Arévalo. El
Sr. Acosta Arévalo fue detenido por efectivos del Grupo de Exterminio
DGCIM el 22 de junio de 2019.

Estuvo sometido a
desaparición forzada durante 6 días en los cuales sus familiares nunca
tuvieron noticias de su paradero. No fue hasta el 26 de junio que fue
anunciado por el Ministro del Poder de facto para la Comunicación, el
Sr. Jorge Rodríguez, que este había sido detenido e imputado de tipos
penales en blancos como traición a la patria.

Supuestamente esto se debía
que el Capitán de Corbeta estaba involucrado en la planificación de un
Golpe de Estado que buscaba asesinar a Diosdado Cabello y a Nicolás
Maduro. La defensora de Derechos Humanos, Tamara Suju, denuncio que
estando bajo custodia de la DGCIM, fue trasladado a un lugar boscoso a
las afueras de la Ciudad de Caracas donde fue atado desnudo a un árbol,
siendo vendados sus ojos con un trozo de cartón. Fue denunciado que le
golpearon con palos y piedras, e inclusive se disparó un proyectil muy
cerca de su oído.

No queda ninguna duda que a
algunos actos inhumanos tuvo que haber estado sometido el Capitán toda
vez que el día 28 de junio de 2019 cuando fue trasladado al Tribunal
Militar a donde arribó en silla de ruedas y con indicios muy claros de
golpizas. La audiencia no pudo finalizar y esa noche Acosta Arévalo
falleció en un Hospital Militar. La Comisión Presidencial tuvo noticias
de que ese día y el siguiente se bloqueó en la Red Social Twitter
cualquier búsqueda de la etiqueta “DGCIM”.

Pues bien, ante este
panorama, la Comisión Presidencial nota que la situación de privación de
libertad de presos comunes y políticos lejos de mostrar signos de
mejoría, se ha agudizado profundamente.

Las prácticas de ejecuciones
extrajudiciales, el sometimiento de torturas y a otros tratos y penas
crueles e inhumanos siguen ocurriendo, muy a pesar de la existencia de
un informe emitido por su oficina en donde Grupos como la FAES son
vistos como amenazas a la vida y a la integridad personal, y por lo
tanto se sugirió su disolución. Vistas las prácticas recientes por parte
de la DGCIM, parece cónsono con las necesidades de protección de los
venezolanos que esa calificación y recomendaciones de desarticulación
subsecuentes se hagan extensivas hasta este.

Sobre ello, es oportuno traer
a colación que en las más recientes observaciones preliminares emitidas
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la
visita in loco de ese organismo regional a la frontera entre Colombia y
Venezuela, se diagnosticó que existe un componente agravado de crueldad
dirigido específicamente contra militares disidentes .

Particularmente, en cuanto al
caso de los detenidos en custodia del Grupo de Exterminio DGCIM, la
CIDH emitió el 21 de marzo de 2019 la Resolución 14/19 contentativa de
Medidas Cautelares No. 178-19, donde se determinó que las personas
(militares y civiles) detenidas en la Dirección General de
Contrainteligencia Militar DGCIM respecto de Venezuela existían
circunstancia de gravedad urgencia e irreparabilidad debido a posibles
sometimientos a torturas, así como consecuencia de las condiciones de
detención.

La Comisión Presidencial
recuerda que los reportes sobre violaciones graves acaecidas en centro
de detención han tenido lugar en instalaciones no solamente
administradas por el Poder de facto, sino custodiadas por Grupos de
Exterminio. A saber:

  • Sede del DGCIM (Sótanos del DGCIM)
  • Sede del SEBIN (Helicoide)
  • Centro de reclusión en Plaza Venezuela, Caracas (conocida como la Tumba)
  • La casa de los sueños (Ubicada en Fuerte Tiuna)

Ahora bien, es de nuestro
conocimiento que en fecha 23 de septiembre de 2019 se suscribió un
Memorando de Entendimiento entre las autoridades de facto y el ACNUDH .
Asimismo, en el reporte de seguimiento del mes de marzo de 2020 su
Oficina hizo actualizaciones alrededor de su informe de julio de 2019,
en donde dio cuenta del incumplimiento parcial del Memorando de
entendimiento.

Dra. Michelle Bachelet, si el
documento de entendimiento contempla que los oficiales de la ONU
tendrán libertad para acceder a las cárceles del país, donde, dicho sea
de paso, hay más de 400 presos por razones políticas, nos preocupa
inmensamente que a la fecha a pesar del compromiso adquirido con el
régimen de facto no existen registro ni noticias de visitas a los
Centros de detención que hemos referido.

En consecuencia, nos
preguntamos ¿Porque no han podido visitar los centros arriba
mencionados? la información que tenemos es que los oficiales no se les
ha permitido ingresar en esos recintos carcelarios, cosa que genera
inquietud sobre lo que pudiera estar ocurriendo. Se trata de graves
violaciones de derechos humanos, que no pareciera que quieren que sean
constatadas por el Poder Fáctico. Pasa el tiempo y las familias no
tienen respuesta, estimada señora, es hora que su oficina exija ese
cumplimiento de ese compromiso.
Tenga en cuenta, distinguida Alta Comisionada, que desde que se
suscribió el acuerdo han transcurrido cerca de nueve (9) meses, y hasta
el día de hoy no existen reportes ni registros de visitas a esos Centros
de reclusión. En términos generales, esa cantidad de meses es muy
grande. Pero para Venezuela, y especialmente para los presos y sus
familiares, es una eternidad. El que sus oficiales vislumbren con sus
propios ojos el drama que se vive a lo interno de esos penales puede ser
determinante para la vida e integridad personal de todos ellos.

Si bien es cierto que el
ACNUDH ha logrado visitar determinados centros de detenciones a nivel
nacional, lo cierto es que estos centros de reclusión enunciados ut
supra, donde se manejan reportes más graves, no presentan evidencia de
visitas recientes.

La Comisión Presidencial
comprende que el Alto Comisionado seguramente ha agendado esto como
parte de su trabajo en terreno en Venezuela, y que el hecho de no haber
podido visitar estos centros de reclusión concretos donde la situación
es más dramática responde a un impedimento derivado de la agenda
política de la usurpación, la cual no ha respetado los términos del
Memorando de entendimiento y no ha permitido el ingreso de oficiales de
su Oficina.

A pesar de lo anterior, como
lo hemos demostrado en la presente comunicación, es claro que la
situación se ha visto agudizada, especialmente en la sede administrada
por el Grupo de Exterminio de DGCIM.

En estos escenarios es cuando
más resulta necesario el escrutinio internacional, y no uno cualquiera,
pues, no se agota su labor con simplemente mantener presencia en el
terreno, sino que se completa holísticamente cuando acuden a espacios
donde se reportan situaciones más graves de derechos humanos.

Con independencia de la
verdad material sobre estas alegaciones, lo cierto es que el Estado debe
permitir que sus oficiales ingresen en todos aquellos lugares donde
ustedes soliciten entrar, de lo contrario, objetivamente, ello supone un
incumplimiento de los compromisos asumidos lo cual contraviene el
contenido del artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho a los
Tratados que consagra el principio del pacta sunt servanda.

La Comisión Presidencial para
Derechos Humanos considera que preliminarmente existen indicios claros
de la inobservancia al contenido de reglas internacionales para la
protección de reclusos, tales como las Reglas Mandela y las Reglas
Bangkok. En cuanto a las primeras, se verifica transgresiones al
contenido de la Reglas No. 12 y siguientes.

En cuanto a la segunda, es
evidente que el trato inhumano ajeno a medidas positivas en favor de la
población femenina recluida, contradice disposiciones como las Regla 29 y
siguientes.

En síntesis, luce ineludible
que esta Comisión Presidencial para Derechos Humanos respetuosamente
exhorte a su Oficina a que haga un llamado a las autoridades del Poder
de facto a honrar sus compromisos contraídos en septiembre, se supone,
de buena fe, ya que de lo contrario el contenido del Informe de julio de
2019 quedaría relegado a meras cartas de intenciones desprovistas de
cualquier posibilidad de ejecución, cuestión que de ninguna manera es
admitida o tolerada por el derecho internacional de los derechos humanos
moderno en cuanto a crisis humanitarias se refiere.

PETITORIO

La Comisión Presidencial para
Derechos y Atención a las Víctimas solicita nuevamente a su encomiable
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos que se pronuncie sobre la situación de privados de libertad,
siendo propicio para ello el reporte de seguimiento sobre informe de
julio de 2019 que corresponde hacer en las semanas venideras de estos
meses de junio y julio, máxime, cuando se cumpliría un año desde ese
informe

Estamos convencidos que la
diplomacia tiene límites. Respetamos que se haya efectuado un acuerdo
con las autoridades de facto. Precisamente porque la prioridad son las
personas y sus derechos. Sin embargo, no es tolerable que no se honren
los compromisos contraídos por la usurpación.

La falta de apego a las
clausulas pactadas no puede sino merecer un llamado de atención que
invite a la reflexión, la rectificación y, en consecuencia, a la
implementación de políticas destinadas a garantizar que sus oficiales
logren entrar a los centros de reclusión donde existen más reportes de
violaciones graves, los cuales han sido suficientemente detallados en
esta comunicación.

Cabe destacar que no es la
primera vez que la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y
Atención a las Víctimas del Gobierno Interino solicita respetuosamente a
esta Oficina del ACNUDH que busque alternativas que permitan cumplir
con su mandato de monitoreo en centros de reclusión.

Ciertamente, estamos muy
agradecidos con las conquistas alcanzadas hasta el momento, pero al
mismo tiempo nos resulta difícil comunicar que es ahora cuando
corresponde afrontar el camino más difícil en este proceso de escrutinio
internacional, ya que hace falta incursionar en los Centros de
Reclusión de donde se han derivado un mayor volumen de denuncias en
ocasión de violaciones graves, sobre los cuales la usurpación teme
nuevos reportes que develen las condiciones infrahumanas y distópicas
que padecen las poblaciones carcelarias que allí yacen.

La Comisión Presidencial
remite esta comunicación con la esperanza que ella inspire en su Oficina
la necesidad de mensajes más contundentes, donde se reproche, en los
límites que la diplomacia internacional impone, pero con la mayor
vehemencia posible, la falta de voluntad de las autoridades de facto por
cumplir y hacer cumplir los compromisos contraídos con usted en el
Memorando de Entendimiento suscrito en septiembre del año pasado (2019).

Hago propicia la ocasión para reiterarle a usted las seguridades de mi más alta y distinguida consideración y estima.

Con información de 800Noticias