OVP: Terremotos en Venezuela dejaron en evidencia falta de protocolos para proteger a privados de libertad
Las personas privadas de libertad constituyen uno de los grupos más vulnerables frente a cualquier desastre natural. A diferencia del resto de la población, no pueden evacuar por sus propios medios, decidir dónde resguardarse ni adoptar medidas para proteger su vida por lo que, si ocurre una emergencia, dependen absolutamente de quienes ejercen su custodia.
Precisamente por esa condición de absoluta dependencia, los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela, de magnitudes 7.2 y 7.5, que ocasionaron importantes afectaciones en el estado La Guaira, Miranda, Falcón, Aragua y Distrito Capital, deja una pregunta que el régimen aún no ha respondido: ¿qué protocolos fueron activados para proteger la vida de las personas privadas de libertad y garantizar que los centros de reclusión continuarán siendo seguros después del doblete sísmico, tomando en cuenta que se han registrado al menos 1388 réplicas?
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) recibió información de que las personas privadas de libertad recluidas en la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (D.I.E.P.) de la Policía del estado La Guaira, ubicada en Caraballeda, fueron evacuadas tras el movimiento telúrico.
Sin embargo, 25 mujeres fueron posteriormente reingresadas a las instalaciones, mientras que hasta el momento se desconoce cuántos hombres permanecían recluidos en ese centro de detención y cuál fue su situación luego del procedimiento de evacuación. Asimismo, el OVP conoció que este grupo requiere alimentos y otros insumos básicos, debido a que sus familiares no han podido hacerlos llegar hasta el recinto.
Por otro lado, los parientes de los privados de libertad en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda, denunciaron que tras los terremotos hubo daños en las hileras B y C, y que en las columnas. Indicaron que un ingeniero del Ministerio para el Servicio Penitenciario, identificado como Miguel Aponte, acudió a la cárcel para hacer una supuesta evaluación de la cual no hay información pública.
“Ellos estaban encerrados en sus celdas cuando sintieron el terremoto, dijeron que caían pedazos de bloques y que luego de 45 minutos fue que llegaron los custodios a sacarlos porque ellos pegaban gritos. Después los mantuvieron en el patio hasta las 2:00 a. m. o 3:00 a. m.”, contaron los parientes al OVP.
Hasta ahora, ninguna institución del régimen ha informado cuál es la situación de las personas privadas de libertad ubicadas en las zonas afectadas por el terremoto ni qué medidas fueron adoptadas para garantizar su seguridad.
Revisiones de cárceles y calabozos
Después de un movimiento telúrico los estándares internacionales de ingeniería establecen la necesidad de inspeccionar columnas, vigas, losas, muros portantes, cimentaciones, instalaciones eléctricas, sistemas hidráulicos y demás elementos estructurales que puedan haber sufrido daños capaces de comprometer la estabilidad de las edificaciones.
Estas inspecciones adquieren una relevancia aún mayor cuando se trata de centros de reclusión. A diferencia de cualquier otra infraestructura pública, las personas allí recluidas no tienen posibilidad alguna de abandonar el inmueble por iniciativa propia ni de decidir permanecer fuera de una edificación potencialmente comprometida.
En Venezuela, esta evaluación resulta aún más urgente debido al progresivo deterioro que durante años han sufrido cárceles y calabozos policiales. Filtraciones, grietas, fallas de mantenimiento, hacinamiento y el uso prolongado de instalaciones que nunca fueron diseñadas para albergar personas durante largos períodos incrementan la vulnerabilidad de estas edificaciones frente a fenómenos naturales.
Otros países de la región
Los países con alta actividad sísmica en la región han diseñado normativas específicas para proteger a la población carcelaria ante emergencias. En Chile, Gendarmería gestiona planes de contingencia y protocolos de evacuación adaptados a cada región y centro penal. Por su parte, México obliga por ley a que cada establecimiento penitenciario desarrolle su propio Programa Interno de Protección Civil, adaptado estrictamente a su infraestructura, riesgos y volumen de población.
En una línea similar, Colombia aplica una política de emergencias a través del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la cual resguarda tanto al personal como a los reclusos. Este modelo exige que cada centro cuente con planes de contingencia, comités operativos y brigadas entrenadas. Además, la normativa colombiana hace obligatorio el desarrollo de capacitaciones constantes y la realización de al menos dos simulacros de evacuación al año.
El factor común en Chile, México y Colombia no es la perfección operativa, sino la existencia de una base institucional sólida sustentada en leyes, entrenamiento y autoridades con responsabilidades claras. Este nivel de previsión y organización contrasta abiertamente con la situación de Venezuela, donde hasta la fecha no se ha podido identificar una estructura similar ni planes públicos equivalentes para afrontar estos eventos.
En el caso específico de Venezuela el problema no termina con una evacuación temporal. La verdadera garantía de protección exige que exista certeza técnica de que las instalaciones pueden seguir siendo ocupadas sin poner en riesgo la vida de quienes permanecen allí recluidos.
Es por ello que, a casi un mes de los terremotos, exigimos al Ministerio para el Servicio Penitenciario informar públicamente sobre la situación de todas las personas privadas de libertad que permanecen en cárceles y calabozos ubicados en las zonas afectadas.
También instamos a impulsar una reforma del Código Orgánico Penitenciario (que desde su aprobación en 2015 no tiene reglamento) para que incluyan este tipo de protocolos tras terremotos y otras catástrofes como incendios.
La Patilla