OVP denuncia que el Ministro Penitenciario guarda silencio y no da la cara tras hechos en Yare III

Cinco muertos, una cantidad desconocida de heridos, traslados inconsultos, suspensión de visitas y paquetería, la nula información a los familiares de los privados de libertad y el total silencio de Julio García Zerpa, Ministro de Servicio Penitenciario, es lo que ha quedado tras cinco días de que se registró el presunto motín en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado Miranda.

Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hemos venido documentando desde el primer día y, en vista de cómo se fueron desarrollando los hechos, exigimos que el director sea separado de su cargo para ser investigado, y que el centro penitenciario sea intervenido por una comisión integrada por el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Servicio Penitenciario y que se invite a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con sede en Caracas, que permita verificar las condiciones reales de reclusión, garantizar la vida e integridad de los reclusos y asegurar transparencia en la investigación sobre los hechos.

“Al mirar atrás y ver la historia de los hechos violentos dentro de las cárceles en Venezuela, observamos cómo en cada masacre la película es la misma. Se repite la narrativa por parte del Gobierno, responsabilizan a los presos por los hechos, se anuncian investigaciones que nunca se concluyen o no se dan a conocer los resultados”, manifiesta Humberto Prado, director de OVP.

Nos seguimos preguntando ¿De donde salieron las armas?, ¿Quién disparó?, ¿Por qué tanta opacidad ante unos hechos tan graves?, ¿Qué esconden?

Han pasado cinco días y se ha observado como el Ministro Julio García Zerpa sigue sin dar la cara a los familiares, apareció en una reunión con Delcy Rodríguez la noche del 23 de abril y no hubo pronunciamiento alguno de su parte sobre lo ocurrido en Yare III.

“No existe un listado oficial donde informan las identidades de los heridos y donde se encuentran siendo atendidos, tampoco hay un listado de los presos que fueron trasladados y hasta que penales fueron llevados. Esta situación vulnera los derechos de los familiares de los privados de libertad quienes deben estar informados sobre la situación del recluso”, añade Prado.

“Además estos traslados deben ser ordenados por los jueces que llevan las causas y estoy seguro que esto no sucedió, porque esto es un patrón que se repite, cada vez que pasa algo en un penal su solución es los traslados”, expresa el director de OVP.

Mientras los familiares siguen sin conocer las condiciones físicas en las que se encuentran sus seres queridos, sin saber si los trasladaron, solo algunos han recibido llamadas donde les solicitan antibióticos y medicamentos para atender sus heridas, y aún siguen sin restablecer las visitas.

Es por ello que estás madres, esposas e hijas, han decidido alzar sus voces para exigir fe de vida de sus familiares.

“Antes era un centro de tortura, ahora es de criminales pero a través del propio gobierno, antes teníamos miedo de denunciar, pero perdimos el miedo tarde porque ya tenemos muertos, heridos y desaparecidos”, dice Yusmary Montes familiar de uno de los privados de libertad de Yare III.

A la par, los familiares revelan cómo los presos han sido víctimas de torturas que eran recurrentes. María Escobar relató cómo su hijo estuvo por un tiempo sin poder caminar, además tenía una cortada en el rostro y golpes en su cabeza, ella pudo verlo cuando se recuperó, y esta ocasión es una de las tantas madres que no ha recibido una llamada, desconoce el estado de salud de su ser querido.

Como organización hemos documentado casos de privados de libertad que los envían a celdas de castigo, que son golpeados con bates y tablas, han sido colgados de los brazos por días, y además conviven en condiciones inhumanas, donde tienen limitaciones al acceso del agua, la comida y a la atención médica.

“El miedo de los familiares a denunciar y hablar para evitar que fueran golpeados o castigados, demuestra el trato que los funcionarios tenían hacia los internos. Es una situación grave, son víctimas de un sistema penitenciario que no protege, ni garantiza la vida de los internos”, sentenció Prado.

La Patilla