ONG denuncia que crisis democrática en Venezuela se profundizó tras elecciones municipales
El más reciente informe de la ONG Venezuela en Movimiento, titulado 27J: La normalización fallida. Elecciones municipales y cierre del espacio cívico en Venezuela, advierte que las elecciones del 27 de julio no significaron un regreso a la institucionalidad. Por el contrario, el proceso refleja una crisis democrática que sigue consolidando un sistema de control político y debilitando la participación ciudadana.
Según el documento, la convocatoria anticipada a elecciones municipales y parlamentarias buscaba proyectar una imagen de normalidad institucional, pero terminó reforzando el poder del oficialismo y profundizando la crisis democrática. La participación real apenas alcanzó el 29% del Registro Electoral, mientras que el partido de gobierno aseguró el 85% de las alcaldías y el 83% de las concejalías, consolidando un escenario de “elecciones sin elegir”.
El informe subraya que esta situación mantiene a la ciudadanía al margen de las decisiones políticas y alimenta la crisis democrática al impedir un equilibrio real de poder entre los distintos actores políticos.
Narcotráfico como pilar del poder
El estudio alerta sobre cómo el narcotráfico se ha convertido en un soporte estructural del poder en Venezuela. De acuerdo con cifras citadas de Transparencia Venezuela y la ONU, cerca del 24% de la cocaína mundial transitó por el país en 2023, generando ingresos superiores a 8.185 millones de dólares en 2024, lo que refuerza el control del Estado por redes ilegales y profundiza la crisis democrática.
Altas autoridades civiles y militares vinculadas al Cártel de los Soles son señaladas como responsables de convertir estas economías ilícitas en un pilar del poder político-militar, con consecuencias directas sobre los derechos humanos y la gobernabilidad.
El informe también documenta incidentes recientes en el Caribe durante operativos antidrogas de Estados Unidos, que resultaron en 14 muertes. La respuesta del gobierno, a través del Plan Independencia 200 y la activación de 284 frentes militares y milicianos, evidencia una creciente militarización de la sociedad que refuerza la crisis democrática en el país.
Migración forzada: otro síntoma de la crisis democrática
La crisis democrática en Venezuela ha impulsado un desplazamiento masivo de ciudadanos. A mediados de 2025 se contabilizaban 6,87 millones de venezolanos en 17 países de América Latina. Un fenómeno preocupante es el retorno forzado de aproximadamente 14 mil personas desde Estados Unidos y México, en condiciones de extrema vulnerabilidad.
En la Unión Europea, las solicitudes de asilo venezolanas alcanzaron las 49 mil durante el primer semestre de 2025, pero solo 0,02% obtuvieron reconocimiento formal como refugiados. La gran mayoría debe subsistir con permisos humanitarios temporales, que ofrecen protección limitada ante persecución y exclusión social, reflejando cómo la crisis democrática se traduce también en crisis humanitaria.
Estos desplazamientos muestran que la falta de institucionalidad y los abusos de poder continúan profundizando la crisis democrática, afectando la estabilidad social y política.
Presos políticos y desapariciones forzadas
Entre junio y agosto se registraron 71 detenciones arbitrarias, principalmente contra militantes de partidos políticos. Para septiembre, la cifra de presos políticos confirmados llegó a 1.056, incluyendo 41 extranjeros y 48 binacionales, utilizados como instrumentos de negociación diplomática.
El informe documenta la práctica de desapariciones forzadas de corta duración: el 45% de los detenidos permaneció aislado sin notificación a familiares. Con 110 casos activos en septiembre, se evidencia un patrón sistemático destinado a infundir miedo colectivo y reforzar la crisis democrática.
Estas tácticas de represión muestran cómo el Estado utiliza detenciones arbitrarias y aislamiento para controlar a la ciudadanía y mantener un sistema político cerrado, perpetuando la crisis democrática.
Crímenes de lesa humanidad
El documento concluye que Venezuela mantiene una política de represión sistemática: simulacro electoral, captura del Estado por economías ilícitas, militarización de la sociedad, cierre del espacio cívico y detenciones arbitrarias. Estos patrones cumplen criterios de derecho internacional para ser considerados crímenes de lesa humanidad.
La combinación de estas prácticas consolida la crisis democrática, dejando a la ciudadanía sin mecanismos reales de participación y debilitando las instituciones. El informe finaliza con recomendaciones dirigidas a futuros gobiernos democráticos y a la comunidad internacional, instando a mantener presión sobre el Estado, proteger a las víctimas y acompañar a largo plazo al pueblo venezolano.
Con información del Correo del Caroní