Oenegés: Falta de información impide saber si hay o no Covid-19 en el país
La opacidad y la falta de acceso a la información pública
caracterizan en Venezuela el actual período de crisis sanitaria
internacional por la propagación del coronavirus, denunciaron este
martes en Ginebra defensoras de los derechos humanos de este país.
«La ONU definió a Venezuela y Haití como países prioritarios en caso
de que el coronavirus llegue, pero la opacidad y falta de acceso a la
información pública dificulta conocer la realidad, si hay casos o no»,
dijo la directora del Centro para los Defensores y la Justicia, Marianna
Romero.Ads by
«La información de lo que podría ocurrir es muy opaca y, por eso, hay
que entender las razones estructurales de la salida masiva de
venezolanos, relacionadas con los problemas de acceso a la salud, a la
educación, así como a los medicamentos», añadió Liliana Ortega,
coordinadora de la oenegé Cofavic, que mantiene un registro de las
violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela desde 1989.
Ambas activistas presentaron este martes un informe que analiza la
situación de los defensores de los derechos humanos en ese país,
elaborado en colaboración con la Organización Mundial contra la Tortura,
con sede en Ginebra, y la Federación Internacional de Derechos Humanos,
en París
Ortega indicó que, ante la amenaza del coronavirus que se cierne
sobre Venezuela, es hoy más importante que nunca «permitir que las
organizaciones humanitarias trabajen sin interferencias para brindar
auxilio a los venezolanos».
La crisis humanitaria en el país, recordó, incluye una serie de
graves deficiencias en el sistema hospitalario y escasez de medicinas.
Venezuela es uno de los pocos países que no ha reportado ningún caso
de coronavirus en Latinoamérica, donde la propagación del virus es
limitada.
De acuerdo al informe sobre la situación de los activistas
venezolanos, presentado coincidiendo con la sesión del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, durante 2018 y 2019 se
documentaron más de cien ataques en su contra y, de ellos, 60 fueron
casos de intimidación, 32 de acoso, 12 de intimidación y 8 de
detenciones arbitrarias.
El Estado venezolano es considerado el responsable de la mayoría de
esos casos, sea a través de lo que se considera uno de sus principales
instrumentos de comunicación, el portal web Misión Verdad; del programa
de televisión «Con el Mazo Dando» o de sus fuerzas de seguridad.
«Todas las personas que tienen una voz crítica en defensa de los
derechos humanos son consideradas enemigos internos del Estado. A raíz
de esta política, quienes defienden o exigen derechos humanos en
Venezuela son catalogados de terroristas, traidores o agentes
desestabilizadores de la paz y sufren distintas represalias», explicó
Romero.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que también
participó en el informe, ha documentado más de 66.000 protestas
ciudadanas entre 2011 y 2019 en Venezuela, que han sido reprimidos de
manera sistemática.
El director del Organización Mundial contra la Tortura, Gerald
Staberock, mencionó el caso de la presidenta del Colegio de Enfermeras
de Venezuela, Ana Rosario Contreras, objeto de amenazas por denunciar la
situación crítica del sistema de salud.
Staberock consideró que su caso es un ejemplo de la criminalización y el riesgo que corren todos aquellos que se atreven a criticar en voz alta al Gobierno y sus políticas.
Con información http://www.laverdad.com