Matando la naturaleza, por Mitzy Capriles de Ledezma

Las proclamas para asumir la
defensa de las reservas naturales que le quedan a la humanidad, no pueden
reducirse a la retórica que sirve para hacer ruido y llamar la atención de una
audiencia que se va quedando atónita, mientras palpa las grandes
contradicciones entre lo que se dice o promete hacer y lo que en la vida real
se tolera impunemente. Esta reflexión le queda al dedillo a los líderes del
mundo que “se rasgan las vestiduras” a la hora de pronunciar encendidos
discursos y estampar sus rúbricas en documentos que se convierten en cenizas,
después de ser devorados por las llamas de esas “masacres ambientales”, tal
como lo ha denunciado, con justificada razón, Luis Almagro, Secretario General
de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien aseguró que: “el régimen
venezolano destruye y ni siquiera pretende controlar. Las próximas generaciones
tienen derecho no sólo a que se conserven los recursos naturales del país, sino
a vivir en un ambiente sano”. 

Así tenemos que “el Acuerdo
de París establece un marco global para evitar un cambio climático peligroso,
manteniendo el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C y
prosiguiendo los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C. También aspira a reforzar
la capacidad de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático
y apoyarlos en sus esfuerzos”. Ok muy bien, muy bonito todo eso. ¿Pero qué se
hace mientras arde la Reserva Forestal de Imataca, en Venezuela?. El editor
Mauricio Dahbar divulgó un documental basado en informaciones de SOS Orinoco,
que da cuenta de uno de los crímenes ecológicos más espantosos que se están
cometiendo en el planeta tierra, como por ejemplo que en “el río Cuyuní, se
encuentra una zona minera con un tamaño equivalente a 6.300 canchas de fútbol
profesional. Además se confirma, según datos aportados por el señor Maurico
Dahbar, que “Venezuela es el país amazónico con mayor número de minas ilegales.

Hasta la fecha SOS Orinoco ha
identificado 680 sectores mineros en 51,286 hectáreas y esta cifra va en
aumento. Solamente en el Parque Nacional Canaima existen al menos 59 sectores
de minería ilegal dentro y en los límites del parque, algunos apenas a 23 Kms
del “Salto Ángel”. Esta tragedia repercute en la salud de las personas por lo
que se confirma que “en el año 2019, Venezuela reportó ella sola, el 53% de los
casos de malaria de todo el continente americano (398,285 casos nuevos) y más
del 70% de ellos se encuentran al sur del Orinoco en las zonas mineras”.

Los estragos de esa masacre
afectarán aun más al país que ya bastante sufre por los apagones que dejan sin
luz a la mayoría de las familias venezolanas, esto porque “de las cuencas
Caroní-Paragua, depende más del 60% del abastecimiento eléctrico del
país». SOS Orinoco estimó que “un 70% del curso del río Caroní podría
estar severamente alterado por causa de la minería aurífera. Estos sedimentos
afectan el funcionamiento de las centrales”. Las comunidades indígenas no
escapan a esta masacre ambiental, porque “indígenas Pemón en Canaima y La Gran
Sabana, Yekwana y Sanema de la cuenca del Caura, tienen en sus cuerpos 5 veces
los niveles de concentración límite de mercurio, fijada por la Organización
Mundial de la Salud”. Compartimos el testimonio de la capitana de una
comunidad.

Ante esta realidad ¿cómo queda El Acuerdo de París? que es el primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el cambio climático, adoptado en la Conferencia sobre el Clima (COP21) en diciembre de 2015.

Por Mitzy Capriles de Ledezma.