Lo que esconde el Esequibo y las razones de la controversia Guyana-Venezuela
Más allá de los reclamos históricos por territorio, el Esequibo plantea un gran potencial económico para el país que lo administra. Guyana sostiene parte de su economía con base en el oro que se encuentra en ese territorio, mientras que los nuevos yacimientos de petróleo y gas le ponen mayor atractivo a la disputa centenaria.
El pasado 6 de abril, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo donde ordenó avanzar en la demanda presentada por Guyana contra Venezuela para resolver la disputa sobre la validez o no del Laudo Arbitral de 1899.
Los reclamos territoriales entre ambos países han tenido sus altibajos, pero la disputa se renovó luego de que ExxonMobil hallara en 2015 un importante yacimiento de petróleo en aguas territoriales del Esequibo, que además posee reservas de gas, oro y otros minerales. La transnacional obtuvo en 2017 del gobierno de Guyana licencias para la explotación de gas y petróleo y Exxon anunció el 2022 haber hallado dos sitios adicionales, frente al mar, con yacimientos importantes de crudo.
Tras una docena de perforaciones exitosas, se han certificado al menos 9,4 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente depositados en el extremo sureste del bloque Stabroek y en el bloque Orinduik, en la fachada Atlántica que también forma parte de la disputa.
La decisión de quién se queda con el territorio Esequibo, que tiene 159.500 kilómetros cuadrados de extensión, también supondrá un impacto en materia ambiental para los países, debido a los acuerdos ya suscritos para mantener ese sector de la Amazonía; además de resolver la situación de los pobladores y asentamientos indígenas repartidos en toda esa zona.
Venezuela y Guyana disputan el territorio Esequibo desde hace 100 años. Georgetown defiende la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, en el que se le despoja a Caracas la jurisdicción de esa extensión de tierra; mientras que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el que Venezuela considera válido para buscar una salida pacífica a la situación.
La jurisdicción del caso pasó de las Naciones Unidas a la CIJ por considerar que el «buen oficiante», figura que estaba mediando en estas diferencias, no fue efectiva.
Con información de Tal Cual