Laboratorio de Paz: Programa de convivencia cumple 100 días sin responder a estándares de justicia transicional
Cuando falta poco para que se cumplan 100 días de la creación del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, el centro de análisis Laboratorio de Paz presentó una evaluación desde la perspectiva de derechos humanos en la que concluye que este “no es un mecanismo de justicia transicional sino un espacio político para gestionar el conflicto mediante el diálogo”.
El programa fue anunciado el 23 de enero de 2026 por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien señaló que tendría como objetivos promover el diálogo político nacional, reducir la confrontación y fomentar la convivencia y la reconciliación. Sin embargo, el informe indica que después de tres meses este programa no responde a estándares internacionales en materia de justicia transicional.
El análisis subraya que el mecanismo no puede equipararse a una comisión de la verdad. “Nada de lo anterior se cumple en el Programa promovido por Delcy Rodríguez”, afirma el documento en referencia a los criterios establecidos por Naciones Unidas, como independencia, mandato claro, acceso a la información y centralidad de las víctimas.
El Laboratorio de Paz advierte que se trata de “un programa sin mandato claro”, pues sus funciones y duración no han sido publicadas oficialmente. Señala que “ante la ausencia de un documento fundacional que establezca sus reglas de funcionamiento, sus objetivos deben buscarse en las declaraciones” de sus voceros, lo que limita su alcance institucional.
El informe también detalla que el programa no promueve pilares fundamentales de la justicia transicional. Entre sus principales hallazgos destaca:
- En materia de verdad, “no es un órgano independiente de investigación” ni produce informes públicos.
- En justicia, “no promueve la rendición de cuentas” ni investigaciones autónomas.
- En reparación, no impulsa “una política integral” para las víctimas.
- En garantías de no repetición, no plantea reformas estructurales ni cambios en prácticas represivas.
En términos institucionales, el análisis resalta la falta de transparencia y estructura formal. “El Programa para la Convivencia Democrática y la Paz no cuenta ni con un decreto de fundación en Gaceta Oficial ni con un sitio web”, indica. Agrega que tampoco existe información pública sobre sus decisiones o actividades.
Falta de enfoque en víctimas y legitimidad social
El documento también cuestiona la composición del programa, señalando que “por lo menos dos tercios del programa están alineados abierta y directamente con el oficialismo”, lo cual deriva en “débil legitimidad social y autónoma”.
Otro de los aspectos críticos es el papel de las víctimas. Según el informe, “hasta ahora las víctimas no son el centro de la actuación del Programa: no participan en diseño y no definen agenda”, lo que contradice los estándares internacionales en derechos humanos.
El Laboratorio de Paz concluye que el alcance del programa es limitado. “No es un mecanismo de verdad, ni de justicia, ni de reparación, ni de garantías de no repetición. No tiene mandato, no es independiente, no es transparente y no está centrado en las víctimas”, afirma el texto.
Aunque reconoce que podría servir para “gestionar tensiones y producir acuerdos políticos puntuales”, el informe advierte que “no puede, por sí solo, enfrentar las causas del conflicto ni garantizar derechos”.
El análisis cierra recordando que “la reconciliación, entendida desde los estándares internacionales, no se construye con diálogo únicamente, sino con verdad, justicia y reparación”, elementos que según el documento aún no forman parte del enfoque del programa.
El Nacional