La Noticia Penal
BALTASAR GARZON Es de Torres, Jaén, Andalucía, 26 de octubre de 1955, un jurista español. Fue Juez en 1981 y Magistrado del Juzgado Central de Instrucción N- 5 de la Audiencia Nacional desde 1988 hasta 2012 (excepto desde mayo de 1993 hasta mayo de 1994). Tuvo a su cargo la investigación de algunos de los delitos de mayor relevancia que se produjeron en España durante aquella época: crímenes contra la humanidad, terrorismo criminal y de estado, narcotráfico, corrupción política y delincuencia económica. Se presentó como candidato independiente a diputado en las listas del PSOE en 1993 y, al constituirse el ejecutivo, fue nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de secretario de Estado. En mayo de 1994 abandonó ambos cargos. El 22 de febrero de 2012 fue expulsado de la carrera judicial tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo de España a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel. Desde entonces, ha ejercido, entre otros cargos, el de asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya o el de director de la defensa jurídica del fundador de Wikileaks, Julian Assange. El 29 de noviembre de 2012 recibió de manos de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, su documento de identidad de residente extranjero en Argentina. Allí fue coordinador de asesoramiento internacional en la secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, hasta que renunció al puesto en enero de 2016, tras el fin del mandato de Kirchner. En Colombia, asesoró a la Fiscalía General. En Ecuador fue designado coordinador de la Veeduría Internacional a la Reforma de la Justicia, cuyo informe final fue presentado el 13 de diciembre de 2012. Es doctor honoris causa por la Universidad de Jaén, y por veinte universidades más en el extranjero. Ahora bien, éste personaje se le vió hace un par de meses en Caracas en el Palacio de Miraflores, presuntamente enviado por el Inefable Rodríguez Zapatero, para buscar salvar al Presidente Maduro de lo que se avecina en la CPI, por los elementos presentados por la fiscal de la Corte, cuyo glosario fue expuesto por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, en su denuncia que ya los Penalistas deben saber. Llevar a caracas el Jurista más connotado en Materia Penal Internacional, hace pensar que ese expediente en la haya está bien soportado en medios probatorios, que de una u otra forma traerá consecuencias para civiles y militares que aparecen en esos criminales folios, y que no podrán salvarse de la haya, apareciendo más temor hasta en el alma de los involucrados. Ya el jurista manifestó en Europa que no cree, viable una denuncia ante la CPI contra maduro porque dentro de los artículos del Estatuto de Roma, no encaja con claridad la situación que se está viviendo en Venezuela. El jurista afín al PSOE, es decir a Rodríguez Zapatero, explicó que para presentar una denuncia por crímenes de lesa humanidad en la CPI, tienen que cumplirse una serie de condiciones generales de acción sistemática que parta de una política contra sectores concretos de población. Dice el ex magistrado que Tiene que haber una intencionalidad penal, tiene que haber un claro dolo criminal que desde su punto de vista no lo percibe con objetividad porque no ha estudiado el caso en profundidad, en virtud a que no ha tenido acceso a las actas en la sede del Tribunal Penal Internacional, presumimos que faltarían los Honorarios que por cierto no serían monedas soberanas. SEGUIMOS.
ABOGADO: SALVADOR J. GUARECUCO C.