La comunidad LGBTIQ+ en Venezuela exige reconocimiento por parte del Estado
Durante años, el gobierno ha promovido un discurso de aceptación para las personas con diversas orientaciones sexuales, identidad o expresiones de género, pero no se han concretado logros significativos que se traduzcan en una mejor calidad de vida. Temas como el matrimonio igualitario, la posibilidad de adopción para parejas del mismo sexo o la protección de identidad para las personas trans se han convertido en promesas vacías.
La comunidad LGBTIQ+ en Venezuela celebra el Mes del Orgullo aplaudiendo su crecimiento y visualización dentro de la sociedad, pero también reiterando sus denuncias por la falta de avances por parte del Estado para garantizar sus derechos. Mientras que en otros países de Suramérica desde hace años se ha trabajado en leyes que condenan la discriminación o permiten el matrimonio igualitario, el gobierno nacional se ha convertido en el principal victimario de las personas con diversas orientaciones sexuales, identidad o expresiones de género, pese que la inclusión suele formar parte de su narrativa política.
«La mayoría de los países de América (a excepción de Paraguay y Bolivia) tiene como mínimo una ley que protege contra la discrminación y también tiene algún tipo de legislación que protege la identidad de las personas trans. Mientras, nosotros seguimos con esa deuda: no tenemos protección para las parejas del mismo sexo, las personas trans no pueden cambiar su nombre y no tenemos ninguna protección legal contra cualquier tipo de discriminación. Entonces, en ese aspecto en Venezuela no hemos logrado ningún cambio favorable para las personas de la comunidad”, dijo Quiteria Franco, coordinadora general de la ONG Unión Afirmativa.
Durante años, el Estado ha promovido un discurso de aceptación para la comunidad LGBTIQ+, pero no se han concretado logros significativos que se traduzcan en una mejor calidad de vida. Temas como el matrimonio igualitario, la posibilidad de adopción para parejas del mismo sexo o la protección de la identidad para las personas trans se han convertido en promesas vacías.
Franco explicó que si bien se ha logrado la aprobación de una que otra sentencia legal en favor de la comunidad, la deuda por parte del Estado para garantizar sus derechos sigue siendo muy grande.
En 2018, el Tribunal Supremo de Justicia aprobó una sentencia que prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual, es decir, no se prohíben ni condenan las relaciones entre personas de un mismo sexo. Sin embargo, al día de hoy sigue pendiente por parte de la Asamblea Nacional una legislación sobre este tema, tal y como lo dictó esa sentencia.
Con información de El Nacional