La Casa Blanca confirma la “privatización” del sector petrolero venezolano con un contrato de un siglo
La Casa Blanca ha confirmado oficialmente la “privatización” del sector de hidrocarburos de Venezuela, en un comunicado difundido a última hora del lunes en el que publica nuevos detalles del pacto por el que la Administración estadounidense pasa a controlar una quinta parte de las reservas de crudo del país sudamericano. Según esta versión, el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha concedido por un siglo entero 17 campos petroleros que acumulan cerca de 65.000 millones de barriles en reservas a la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP), propiedad del millonario venezolano Alejandro Betancourt, investigado por la Justicia. Esta empresa se ha asociado con el Gobierno estadounidense, según confirma la oficina presidencial.
La publicación de los nuevos detalles llega tres días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el pacto que ha descrito como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”. Analistas y expertos del sector apuntan, no obstante, que lo que se sabe hasta ahora de los términos desata numerosos interrogantes sobre cómo y si se cumplirá. Poner al día la deteriorada industria petrolera venezolana será cuestión de años, según aseguran. Algunos también advierten de la posibilidad de que un gobierno venezolano distinto repudie el pacto en el futuro. Y de las sombras en torno a Betancourt, investigado en Suiza y en España por su supuesta participación en un esquema de lavado de miles de millones procedentes de PDVSA, la petrolera estatal.
La Administración republicana defiende que el pacto permitirá crear una nueva potencia petrolera en el continente, sin coste para el contribuyente estadounidense y en beneficio de la seguridad nacional del gigante norteamericano.
Como parte del plan, el pacto otorga al Pentágono, a través de su Oficina de Activos Estratégicos, la propiedad del 35% de la empresa matriz de NABEP. El Departamento de Estado tendrá garantías para adquirir el 20% de la producción de todos los pozos petroleros operados ahora y en el futuro por la compañía venezolana, a precio de coste. También tendrá derecho a la primera opción de compra del 80% restante, “lo que proporcionará una fuente de energía garantizada en nuestro hemisferio en situaciones de emergencia”.
Ese suministro permitirá reponer los depósitos de la reserva estratégica de petróleo estadounidense, ahora en su nivel más bajo en cuatro décadas, y se destinará también a usos “militares y otros fines sensibles”.
Derecho de veto
El Gobierno de Estados Unidos tendrá derecho de veto sobre el nombramiento de todos los miembros del consejo de administración de la nueva compañía. La Casa Blanca precisa que una mayoría de ellos debe tener nacionalidad estadounidense. La nueva entidad dispondrá de “auditores, abogados y consejeros de prestigio estadounidenses”. El acuerdo entre la Administración y NABEP estará sujeto a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses y de la ley de Estados Unidos. Las concesiones petroleras, bajo la nueva ley de hidrocarburos venezolana.
“NABEP ha desarrollado un ambicioso plan para ampliar la producción rápidamente, mediante la inversión de hasta 100.000 millones de dólares en nueva infraestructura petrolera en Venezuela. Eso ayudará a crear crecimiento económico, respaldará miles de trabajos bien pagados en Venezuela y generará cientos de miles de millones en actividad económica más amplia”, apunta la Casa Blanca en un comunicado. También confirma el cálculo por el que se espera que NABEP pagará cerca de 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos durante los primeros 25 años del pacto —Delcy Rodríguez habló de 209.000 millones—. Esos ingresos, sostiene, aportarán un apoyo “fundamental” para “el gobierno actual y los futuros en Venezuela para sufragar la reconstrucción y el desarrollo social”.
La oficina presidencial presenta el acuerdo como un triunfo de la llamada Doctrina Donroe —un juego de palabras con el nombre del presidente actual y la doctrina Monroe que en el siglo XIX proclamó que América debía ser para los americanos—, la política de la Administración de Trump para América Latina. Esta nueva “Doctrina” defiende una intensificación de la influencia política y económica de Estados Unidos en la región en detrimento de sus rivales.
Así, puntualiza que las concesiones petroleras incluidas en el acuerdo —que Caracas había revelado que se encuentran en la Faja del Orinoco y el lago Maracaibo, y parte de ellas no han sido explotadas jamás aún— habían estado bajo el control de intereses de Rusia y de China, o de oligarcas corruptos asociados al chavismo, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. “Esos agentes extranjeros malignos saquearon los recursos de Venezuela en beneficio de adversarios estadounidenses como Cuba, Rusia y China”, apunta el comunicado. “El presidente Trump ha restablecido la Doctrina Monroe, para purgar la influencia extranjera maligna de nuestro patio trasero y garantizar que la dominación de Estados Unidos en nuestro hemisferio nunca vuelve a ponerse en duda”.
La Casa Blanca defiende también que Washington ha promovido las conversaciones de reconciliación entre parte de la oposición y las autoridades interinas del país. Según esta versión, el proceso ya ha dado como resultado “reformas significativas” en el poder judicial del país y ha permitido la liberación de centenares de presos políticos.
Pese al triunfalismo con el que la Administración estadounidense lo ha descrito, el plan ha recibido numerosas críticas en Venezuela, tanto del chavismo como de la oposición, que denuncian una operación para hacerse con los recursos nacionales de un país de un modo que parece salido del colonialismo del siglo XIX, y con la aquiescencia de un Gobierno interino venezolano obligado a decir a todo que sí a Estados Unidos para mantenerse en el poder.
Alberto News