Justicia española activa la búsqueda de 14 terroristas refugiados en Venezuela
La operación militar de EE UU del pasado 3 de enero en Venezuela ha provocado en el país sudamericano una transición política que la justicia española quiere aprovechar. El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha librado una comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) a las autoridades de Caracas para que le faciliten información sobre 14 miembros de la organización terrorista separatista vasca ETA, huidos que supuestamente se refugian en su territorio, entre ellos Iñaki de Juana Chaos.
En su resolución, fechada el 19 de mayo y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado señala que ha tomado esta decisión al considerar que el “cambio político operado recientemente en Venezuela” —en clara referencia a la llegada a la Presidencia de Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro— “permite inferir una colaboración” de las autoridades del país sudamericano para localizar a este grupo de etarras. El juez añade que a algunos de los miembros de ETA les constan “reclamaciones judiciales pendientes” por atentados de los primeros años de la democracia. Hasta ahora, Venezuela ha rechazado las peticiones de colaboración, principalmente de extradición, alegando que los etarras reclamados por España se encuentran en el país amparados por un convenio bilateral de los años 80.
Además de sobre De Juana, el juez pide a las autoridades judiciales venezolanas “cuanta información posean” de José Luis Eciolaza Galán, alias Dienteputo; Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, Arbe, y su pareja, María Artola Echeverría; Ángel María Lizarbe Oses, Luis María Olalde Quintela, Txistu; José Ángel Uriz Zabaleta, Arturo Cubillas Fontan, Javier Urruti Imaz, Asunción Arana Altuna, Olivia; Juan José Aristizábal Cortejarena, Manuel Asier Guridi Zaloña, Gari; Jesús María Huerta Fernández e Ignacio Echevarría Lanzábal. El magistrado pretende “poder determinar la participación de las personas reseñadas en el delito de integración en organización terrorista” dentro de una causa abierta en 2024 sobre el autodenominado Colectivo de Huidos Políticos Vascos (EIPK en sus siglas en euskera) en la que ya figuran como imputadas otras siete personas desde hace un año.
El juez señala que estos etarras supuestamente refugiados en Venezuela aparecen citados en un informe de la Guardia Civil del pasado 25 de septiembre en el que les vinculaba con el EIPK, un órgano que el instituto armado sitúa como subordinado al aparato político de la extinta organización terrorista y que esta utilizaba para realizar “un seguimiento” de los etarras asentados en terceros países y prestarles “asistencia jurídica y económica”, además de para someterlos a “control”, según detalla el magistrado. El juez aclara que aspira a saber el “grado de responsabilidad en el seno de este colectivo” de cada uno de los 14 en una investigación sustentada en parte en el llamado archivo de ETA, más de 40.000 documentos en papel y cientos de terabytes en formato digital intervenidos a miembros de la banda armada entre 1999 y 2010 en Francia y que París remitió a España en 2018.
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La Patilla