Integrante de Misión ONU: Tenemos nombres de torturadores del Sebin y la Dgcim

Francisco Cox, uno de los tres expertos que encabeza la Misión de Verificación de Hechos comisionada por la ONU que determinó que en Venezuela Nicolás Maduro y otras autoridades son responsables de posibles crímenes de lesa humanidad, afirma que las prácticas violatorias de derechos humanos han penetrado a fondo en los cuerpos de seguridad nacionales

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El 2 de diciembre de 2019, comenzó a trabajar la Misión Independiente
de Verificación de Hechos por mandato del Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, con el objetivo de evaluar si desde 2014 y hasta
esa fecha, existen en Venezuela violaciones de derechos humanos como
desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones
extrajudiciales. Así lo explica Francisco Cox Vial, uno de los tres
integrantes de la instancia, en conversación con TalCual.

La conclusión ha sido clara:
«Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y
cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el
conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos
funcionarios del gobierno», dijo la Misión, señalando directamente a Nicolás Maduro, Néstor Reverol, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello.

Cox es abogado
penalista y dirigió el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno de México que encabezaba Enrique
Peña Nieto para investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos
en Ayotzinapa. Además, el chileno litigó ante la Corte Penal
Internacional el caso contra Dominic Ongwen representando a 2605
víctimas del conflicto armado en el norte de Uganda.

Esa amplia
experiencia en materia penal internacional le hace aclarar que no hace
comparaciones entre regímenes violadores de derechos humanos. No
obstante, sí destaca que en el caso venezolano encontraron,
particularmente en el Sebin y la Dgcim, que «había una utilización de la
humillación sexual». En el caso de hombres encarcelados, se usaron
insultos homofóbicos, amenazas de violaciones y «violaciones que se
concretaron como un intento de humillación y de maltrato en los centros
de tortura». A las mujeres también, con tocamientos sexuales y amenazas
de violación «no solo a ellas sino a sus familiares y personas
cercanas».

Cox destaca que la tortura en Venezuela registrada por la Misión
tiene técnicas muy propias, como la utilización de electricidad y
«otros métodos que tienen nombres particulares que yo no había escuchado
antes, como la crucifixión o el pulpito -esposar pies y manos juntos-.
Lamentablemente el ser humano se pone muy creativo a la hora de infligir
dolor a otro ser humano».

Lo que dice, respaldado por un amplio y detallado informe de 443 páginas, es resultado de la evaluación de diversos testimonios. «El estándar que usamos es el de motivos razonables para creer que algo ocurrió,
que se da cuando hay consistencia entre varios relatos, coherencia en
la descripcion de lugares, los nombres que empiezan a adquirir (las
prácticas) -que es típico de centros de detención con torturas donde las
personas conversan entre ellos-. También relatos de quienes escuchaban
cómo torturaban a otras personas. Esto no es solo el relato de una
persona, sino de muchas personas que van teniendo consistencia y
coherencia y sirven para ratificar que tenemos motivos razonables para
creer que todo lo que está dicho ahí tiene sustento».

Los testimonios
fueron levantados, explica, a partir de víctimas, familiares y
funcionarios activos o no que aportaron información, además de
organizaciones no gubernamentales y equipos de defensa jurídica.
«Pusimos un llamado abierto y hubo gente que directamente se comunicó
con el equipo basado en Panamá. También tuvimos intermediarios».

Cuando habla de
los testimonios de oficiales uniformados, confirma que se trata de
funcionarios de rangos medios y bajos, «pero preferiría no dar mucho
detalle para no poner en riesgo a nadie».

-¿Cómo se lograron las entrevistas con funcionarios aún activos de las fuerzas policiales?

-Se contactaron
con el equipo usando los datos que habíamos hecho públicos. Algunos
también usaron intermediarios. Muchos de los funcionarios que hablaron
tienen mucho temor de posibles represalias. Por eso no se dan señales
que los puedan identificar. De más está decir que atentar contra alguien
que aportó información sería contrario a tratados internacionales
ratificados por Venezuela.

-¿Los delitos de lesa humanidad están institucionalizados en Venezuela?

-Para que estemos
frente a la categoría de un delito de lesa humanidad se requiere de un
elemento contextual. Tiene que haber una política y los delitos tienen
que favorecer o implementar esa política de Estado o de un grupo
organizado que tiene control territorial. Nosotros determinamos que
existen dos políticas de Estado con motivos razonables para creer que
existen. Una es la represión, silenciamiento y aplastamiento de la
oposición; y la otra es una política, en el contexto de lucha contra la
delincuencia, de aceptar ejecuciones extrajudiciales.

-El
informe retrata entre los ejecutores de estas violaciones al Cicpc, las
FAES, el Sebin, la Dgcim. ¿Hay algún estamento de las fuerzas de
seguridad que no haya adoptado prácticas violatorias de derechos
humanos?

-De lo que vimos,
casi todas las organizaciones ejecutan la política. Lo que sí notamos y
lo decimos es que, si bien hay un debilitamiento en la independencia del
Poder Judicial, hay jueces y juezas que a veces se salen de esa línea, y
hay fiscales que también intentan investigar, por ejemplo a las FAES,
pero que son amenazados. Hay jueces que incluso han dado órdenes de
libertad pero que el Sebin no respeta. Por lo tanto, sí se ve que esta
política ha penetrado bastante en las instituciones de seguridad del
Estado venezolano.

-¿Qué rol ha cumplido Tarek William Saab al frente de la Fiscalía General?

-Respecto de la
Fiscalía, nosotros decimos que se requiere mayor información, que sí hay
una afectación a la independencia, que vemos que a veces se burla el
sistema de designación de causa y que se van repitiendo algunos fiscales
que toman estas causas. A diferencia de lo que decimos, por ejemplo,
del presidente Maduro, del ministro del Interior, de Defensa, o del
propio Diosdado Cabello, respecto de la Fiscalía nosotros necesitamos
más información. No podemos decir que tiene una contribución directa a
la comisión de los delitos. Sí decimos que hay ocasiones en las cuales
se investiga sin tener pruebas, que se usan pruebas que han sido
plantadas, falsificadas o fabricadas. Pero en esta etapa no podemos
responsabilizar y decir que el Fiscal General tiene una participación
directa en esto.

-Ahora, sí
hay una determinación de que el Ministerio Público, por ejemplo, no
actúa. En marzo de 2019, Tarek William Saab decía que en Venezuela
«quien torture va preso». Este informe cita cientos de casos que
desmienten eso.

-Efectivamente,
eso lo decimos en el informe, en cuanto no hay una investigación
acuciosa de las torturas, y es una de las recomendaciones que se hace.
No hay aplicación del Protocolo de Estambul, no se respeta el Protocolo
de Minnesota para ejecuciones extrajudiciales. Hay una serie de guías
que son buenas prácticas más o menos aceptadas a nivel universal para
investigar torturas y ejecuciones extrajudiciales que no se están
implementando en Venezuela. Y efectivamente, como decimos, hay muy pocos
casos de torturas que son investigados, y eso obviamente es un abandono
de los deberes de la institución.

-¿Lograron
determinar nombres específicos, más allá de la cúpula mencionada en el
papel, de funcionarios involucrados en estos crímenes?

-Definitivamente
del Sebin y el Dgcim sí tenemos nombres. Tenemos más de 20 en Sebin, y
más de 25 en Dgcim. Respecto de FAES es más difícil. No tenemos nombres
en la OLP y en las FAES. Como se usa mucho el cubrirse la cara, no estar
con identificación, es más difícil que las personas hayan dado nombre e
identificación, y en eso no tenemos más detalles de los autores
materiales de las ejecuciones extrajudiciales en los operativos de lucha
contra el crimen.

-¿Se ha
determinado si jueces y fiscales en específico están más involucrados en
este tema? Por ejemplo, jueces a los que siempre les caigan las causas,
o siempre participen de algunos juicios.

-Hay efectivamente
nombres que se repiten de manera llamativa, toda vez que en teoría
estos casos debieran ser sorteados, debiese ser una asignación aleatoria
y no predeterminada. Entonces, efectivamente hay nombres. Nosotros no
los pusimos en el informe, pero hay nombres que se repiten.

El silencio de Miraflores ante la Misión

Francisco Cox
integra el panel de cinco expertos mundiales que asesora al Comité
Ejecutivo de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal
Internacional para elegir al próximo Fiscal de la Corte Penal
Internacional, y detalla a TalCual
que el equipo de apoyo técnico para la Misión de Verificación sobre
Venezuela fue contactado por la Oficina de la Alta Comisionada de
Derechos Humanos.

Allí se incluyó un
especialista en temas de género para que el informe tuviese un enfoque
de una sensibilidad a esos temas, y «también había una sensibilidad por
la comunidad Lgbti». En total, se contó con más 13 personas dedicadas a
este trabajo, incluyendo asesores legales e investigadores con
experiencia en otros países, además de los tres expertos que encabezaron
la instancia: Cox, Marta Valiñas y Paul Seils.

Ninguna de estas
personas logró que el régimen de Nicolás Maduro aportara algún dato.
«Enviamos más de seis comunicaciones al gobierno de Venezuela, la
primera estando en Ginebra, solicitando una reunión formal con la
representación de Venezuela ante Naciones Unidas, porque nos interesaba
trabajar con ellos, coordinar, hablar con ellos para que pudieran
facilitar información. También se hicieron solicitudes expresas y
precisas sobre casos concretos que no fueron respondidas por el
gobierno. Ninguna de nuestras comunicaciones fueron respondidas, todas
fueron ignoradas. Los expedientes entonces fueron obtenidos a través de
abogados de distintos representantes de víctimas, y de organizaciones no
gubernamentales».

-¿El gobierno de Maduro tuvo oportunidad de revisar el informe antes de hacerlo público?

-Les preguntamos
cuál era el canal de comunicacion para remitir el informe y que ellos
hicieran sus observaciones y luego ver cómo nosotros las incorporábamos,
las respondíamos, las manejábamos. El gobierno venezolano no nos dio
respuesta. No nos contestó. No teníamos canal de comunicación y no
podíamos enviarlo.

-¿Por qué creen que no hubo respuestas de las autoridades venezolanas?

-La reacción
posterior, incluso desde que se anuncia una Misión, es que el gobierno
no la reconoce sino que se entiende con la Oficina de la Alta
Comisionada. Entiendo que esa es la respuesta oficial.

-¿Esta actitud del gobierno venezolano se ha visto antes en otro gobierno que se haya negado a dar así la cara?

-No es la primera
Misión que tiene que trabajar sin poder ingresar al país. El ejemplo más
reciente es Myanmar, donde no colaboraron de ninguna forma con una
Misión. Es una práctica de algunos Estados que intenta esconder la
cabeza en la arena e ignorar las conclusiones que llegan de distintos
organismos de derechos humanos. No es tan frecuente obviamente en países
con un récord democrático y con un récord más o menos positivo de los
derechos humanos.

-Este
informe será discutido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, y puede llegar a la Corte Penal Internacional. ¿Esa actitud del
gobierno venezolano pesa a la hora de evaluar este documento?

-Una de las
recomendaciones que se hizo cuando se crea la Misión es que el Estado
venezolano colaborara en la entrega de información. Yo no soy
diplomático y no sé decirle si tiene o no impacto, pero revisar que el
Consejo solicitó que se colaborara y no se colabora, se evalúa como algo
negativo porque no se cumplió con la petición del propio Consejo.

-¿Cómo se explica que esa sea la actitud de un país que es miembro del mismo Consejo que ordenó esa Misión?

-Creo que la
actitud de Venezuela es no reconocer ninguna legitimidad de la Misión, y
hablar sería reconocerle algun tipo de legitimidad. Si eso es buena
decisión o no, o si eso favorece a la defensa de derechos humanos en
Venezuela, escapa a mi rol como miembro de la Misión.

-Una de las recomendaciones del informe es que las
autoridades venezolanas investiguen lo que está contenido en el
documento para determinar responsabilidades. ¿Se le está pidiendo a los
violadores de derechos humanos que se investiguen a ellos mismos?

-El derecho internacional de los derechos humanos, y más aún el
derecho penal internacional interviene una vez que ha fracasado o no
existe la voluntad o no se puede investigar un delito a nivel nacional.
Es decir, primero se tiene que acreditar que las autoridades nacionales
no quieren o no pueden hacerlo, para que pueda activarse el aparato
internacional de manera efectiva. Entonces, nuestro llamado es a que se
dé cuenta si es que se quiere y no se puede investigar, y por lo tanto
dar la oportunidad a las instituciones del Poder Judicial y de la
Fiscalía a que lo haga. Y, por otra parte, sí hemos detectado que hay
jueces, juezas, fiscales que sí han intentado hacer su labor y reciben
amenazas, pero tenemos que dar la oportunidad a que las autoridades
locales cumplan con su mandato. Esa recomendación, que puede parecer
ingenua, tiene que hacerse sobre la base del derecho internacional,
sobre el cual nosotros construimos nuestro mandato.

-¿Hacia dónde se conducen los siguientes pasos una vez publicado este informe?

-El informe es una acumulación de información. En la Corte Penal
Internacional se hace un examen preliminar que analiza la situación de
muy arriba, la globalidad. Nosotros hemos podido entrar al detalle y
establecer patrones de conducta, cómo se ejecutan las órdenes, quiénes
son las personas involucradas, cuáles son los organismos involucrados.
Ese nivel de información es útil para la Corte Penal Internacional. No
es que nosotros estemos trabajando coordinadamente, pero obviamente, al
ser un documento público, que se entrega al Consejo, es algo que puede
ser utilizado por la Corte o por la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional.

-¿En qué se diferencia este informe a otros que se han publicado antes revelando violaciones de derechos humanos en Venezuela?

-Nosotros hemos utilizado
una metodología más cercana a lo que es el derecho penal internacional,
que a lo que es habitualmente una misión de derechos humanos, y por lo
tanto con ese enfoque hacia determinación de responsables. Los detalles
precisos obviamente tienen que ser determinados en juicio. Cada
institución es independiente. De hecho, nosotros no hemos accedido a la
información que tiene la Oficina de la Alta Comisionada. El mandato que
se nos dio es determinar los patrones de conducta, la cadena de mando,
la toma de decisiones, qué delitos se están cometiendo. Si uno revisa
los informes anteriores y los más recientes, se habla de tortura, de
situaciones muy similares a los que nosotros estamos documentando, pero
con otro enfoque. Somos entes independientes, no estamos alineados en
nuestras conclusiones, en nuestra información. Ahora, a mí me parece que
los hechos que hemos recabado hablan por sí solos. Las conclusiones
casi como que cayeron por sí solas, una vez nosotros aplicamos el método
que se aplica para cualquier investigación en términos de derecho penal
internacional y en términos de derecho internacional de los derechos
humanos cuando se está frente a crímenes de lesa humanidad.

-¿Las conclusiones a la que llega esta Misión de Verificación de Hechos acerca a Nicolás Maduro
a la galería donde están Augusto Pinochet, Jorge Videla y otras figuras
históricas reconocidas internacionalmente como violadoras de derechos
humanos?

-Yo sinceramente prefiero no emitir opinión sobre eso. Yo sigo siendo
miembro de la Misión y tengo un mandato muy determinado. La gente puede
leer el informe y sacar sus propias conclusiones.

-¿Maduro o las otras personas señaladas pudieran ser detenidos si salen de Venezuela?

-Yo no conozco de casos abiertos, pero efectivamente hay países -como
Bélgica, Francia o Alemania- en donde existe la jurisdicción universal
donde una víctima venezolana puede concurrir y tratar de activar esos
mecanismos en esos países y sin duda que eso es un riesgo una vez que
hay un informe como el nuestro circulando que tiene antecedentes que
pueden ser utilizados. Ahora, cada país tiene su propia legislación y
tendrán que ser los o las fiscales de esos países respectivos quienes se
formen la convicción para ver si inician una investigación o no, y eso
es algo que en el fondo escapan de nuestras competencias. Pero el
informe sí documenta información que señala que Nicolás Maduro y las
personas que usted menciona contribuyeron a la realización de los
delitos.

-Luisa Ortega Díaz ha dicho públicamente
que ella aportó información y documentación a la Misión (ella aparece
mencionada en el informe pues era Fiscal durante varios años de los
eventos narrados). ¿Usted puede confirmar que esto fue así?

-Sí, ella efectivamente entregó información.

Con información de Tal Cual