Hambre de información: En Venezuela el régimen se ha aprovechado de la pandemia para radicalizar la censura contra medios y periodistas

Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) presenta un informe que recoge las incidencias de la cobertura periodística en todo el país, desde el 16 de marzo, fecha en la que entró en vigencia el estado de emergencia

En el informe “Pandemia de la Desinformación” se da cuenta de las 22 detenciones arbitrarias contra los trabajadores de la prensa que han ocurrido durante los últimos 49 días, además de otros hechos violatorios del derecho a la información y sus responsables

“Pandemia de la desinformación” es una recopilación de hechos y experiencias que describen el trabajo periodístico en Venezuela entre el 16 de marzo de 2020 y el 3 de mayo de este mismo año, fecha en la que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Cuarenta y nueve días han pasado desde que la administración
de Nicolás Maduro firmó un decreto de emergencia, imponiendo la cuarentena como
medida de prevención contra el Covid-19, un virus que mantiene en alerta a 190
países, pero que en Venezuela, además de las dificultades y riesgos sanitarios,
ha significado también un mayor debilitamiento de la libertad de expresión y la
casi extinción de las garantías para el ejercicio del derecho a la información.

Desde antes de confirmarse los primeros casos de contagios
en este país, la persecución contra medios y periodistas ya intentaba inhibir
el libre debate sobre un tema de tantísimo interés. Esta práctica terminó
convirtiéndose en política y durante este tiempo se le ha negado la posibilidad
al periodismo libre, al periodismo independiente, de investigar e informar más
allá de la versión oficialista que a diario, y sin la interpelación propia de
la búsqueda de la verdad, han ofrecido Nicolás Maduro y sus otros voceros, casi
siempre Delcy y Jorge Rodríguez, vicepresidenta y ministro de Comunicación
respectivamente.

Publicar información distinta o tan siquiera complementaria
a la contenida en el boletín que se lee en los medios del Estado y que replican
los medios privados, le ha valido el encarcelamiento a una veintena de
periodistas en distintos estados del país, lo mismo que a voceros o fuentes
expertas que han rendido declaraciones para opinar u ofrecer datos que, de
manera deliberada, omite la administración de Maduro.

Con los días, la cuesta de la censura se ha hecho más alta. No
hay voceros oficiales y quienes desde sus áreas de experticia, pueden aportar
información relevante, han optado por ser cautelosos frente a la amenaza de
someterlos a la persecución judicial y privarlos ilegal y arbitrariamente de su
libertad. Un modelo, por cierto, que se repite en cada uno de los estados del
país, como lo demuestra este informe especial.

Aunque la Constitución venezolana garantiza los derechos a
la libre expresión y a la información (artículos 57 y 58), y aunque ella misma
establece que tales derechos no pueden ser suspendidos ni en los estados de
emergencia o excepción, la verdad es que, además de las dificultades ya
mencionadas para el acceso a la información pública, el ejercicio del
periodismo ha conocido todo tipo de obstáculos en este tiempo.

Su declaratoria como área prioritaria no ha impedido la
utilización de mecanismos que claramente constituyen censura previa o censura
indirecta. Las fallas en el suministro de gasolina también para este sector,
por ejemplo, han vaciado las calles de periodistas que puedan revelar el estado
en el que se encuentra el sistema público de salud, los llamados hospitales
centinelas en los que atienden a pacientes con Covid-19, los Centros de
Diagnóstico Integral. De periodistas que puedan visitar los mercados
municipales, los alrededores de las mismas estaciones de servicios, los puntos
de control vial, los pasos fronterizos en Táchira, Zulia, Apure o Bolívar, los
lugares destinados para recibir y aislar a los migrantes venezolanos, entre
otros lugares en los que a diario ocurren cosas importantes.

En los casos en que la escasez de combustible no ha sido
razón para la desmovilización, las fuerzas policiales y militares han
igualmente limitado el libre tránsito e impuesto mecanismos discriminatorios
con los que se premian a medios con líneas editoriales de tendencia
oficialista. De esta manera, documentamos cómo no se le ha permitido a los
periodistas el paso por alcabalas móviles y, en algunos estados, cómo se les
exige un salvoconducto firmado por el jefe de la Zona de Defensa Integral
(Zodi) respectiva, pero que en la mayoría de los casos solo se le da a los
afectos.

Esta publicación es una iniciativa del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa (SNTP) con la colaboración de más de 70 delegados
voluntarios que hacen trabajo de documentación, denuncia y visibilización, así
como acompañamiento de víctimas, en los 23 estados del país y en el Distrito
Capital. Es un informe especial que narra situaciones y hechos que describen
cómo es el “periodismo en cuarentena”.

MÁS DE UNA VIOLACIÓN POR DÍA

Desde el 16 de marzo, el SNTP ha documentado 57 hechos que
afectan la libertad de expresión y el acceso a la información, así como al
derecho al trabajo de comunicadores, periodistas, reporteros, camarógrafos,
fotógrafos, asistentes, conductores y todo el personal administrativo de los
medios de comunicación en el país.

Las ya complejas condiciones de trabajo para la prensa
venezolana, ante la constante censura, la persecución y el amedrentamiento,
empeoró con la cobertura durante la pandemia y ha dejado, hasta el momento, de
150 víctimas de violaciones o delitos como censura, intimidación, detenciones,
amenazas, descalificaciones públicas y desconocimiento de la inamovilidad
laboral.

De estos hechos, que son también agresiones, 26 fueron
cometidos por fuerzas de seguridad del Estado, cuya política en alcabalas,
estaciones de servicio, puntos de control, hospitales y carreteras ha sido, en
muchos casos, obstruir el trabajo de la prensa y contravenir la instrucción de permitir
salvoconducto a los medios de comunicación y sus trabajadores para el ejercicio
de su labor.

Durante este período, se han producido 22 detenciones
arbitrarias contra igual número de periodistas y reporteros gráficos, quienes
fueron privados de su libertad de forma ilegal e incurriendo en procedimientos
que vulneran las principales garantías en los estados de Delta Amacuro (1),
Zulia (1), Mérida (6), Vargas (3), Apure (1), Guárico (1), Táchira (2), Cojedes
(1), Distrito Capital (6), Miranda (4).

Luego de las detenciones, los hechos más recurrentes son las
agresiones verbales y la Intimidación contra trabajadores de la prensa, renglón
en el que se cuentan 21 casos. Hay, además, 9 eventos de censura que incluyen
el cierre de al menos 6 medios de comunicación, cuatro de ellos por medidas
arbitrarias de gobiernos estatales y Conatel. Los restantes por la falta de
papel y gasolina para transportar sus diarios.

El SNTP registro también 5 situaciones que implican la
precarización del trabajo por despidos o suspensiones masivas, negación del
salario y finiquito de acuerdos laborales preestablecidos que pusieron en
riesgo a un importante número de trabajadores de la prensa.

Con información del SNTP