Gobierno habría pagado más de 50 millones de euros a diputados opositores para evitar reelección de Guaidó en 2020
Con testimonios de diputados y dirigentes políticos, se conoció que entre 50 y 60 millones de euros es el monto estimado total que el gobierno de Nicolás Maduro desembolsó por la llamada «operación Alacrán», una trama de sobornos a diputados para cambiar la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional y restarle votos a Juan Guaidó, para evitar su reelección en enero de 2020, según informó el presidente de la Comisión de Contraloría José Prat.
Así se desprende del informe preliminar aprobado por la Comisión
permanente de Contraloría este viernes 26 de junio. El diputado José Prat (La Causa
R- Bolívar), presidente de esta instancia parlamentaria, destacó que se
realizaron cinco sesiones para recabar testimonios de parlamentarios y
dirigentes políticos «quienes aportaron información sobre qué montos se
ofrecía, los términos para esto, además de amenazas y extorsiones para lograr
un cambio en la correlación de las fuerzas dentro de la Asamblea Nacional».
Prat recordó que la «operación Alacrán» fue una trama donde «hubo
sobornos e intentos de sobornos por parte de diputados, en coninvencia con
personeros del régimen». La Comisión de Contraloría logró establecer que a los
parlamentarios se les ofrecieron entre $750.000 y un millón de dólares, y el
costo final fue de entre 50 y 60 millones de euros.
El informe, de 80 páginas, contiene documentación fotográfica y audios
que, según comentó el presidente de Contraloría, «constata también la relación
de familiares de algunos diputados que efectivamente fueron sobornados en esta
operación».
«Incluso se otorgaban comisiones para aquellos que consiguieran mayor
cantidad de diputados», señaló Prat, al tiempo que señaló como financiadores
directos de la operación a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami,
David de Lima y el exdiputado Francisco Torrealba.
El informe preliminar sobre la «operación Alacrán» se presentará en los
próximos días ante la plenaria de la Asamblea Nacional. Entre las
recomendaciones figura que se establezcan las sanciones y responsabilidades
penales correspondientes cuando se tengan un sistema judicial independiente.
«Hubo un grupo de diputados que se prestaron a estas maniobras, pero
también hubo una gran mayoría de diputados que no se prestaron a estas práticas
pese al dinero ofrecido», afirmó Prat.
Otra de las solicitudes es que la comisión especial, presidida por el
diputado Edgar Zambrano, entregue el informe especial sobre la intervención y
presuntas irregularidades cometidas dentro de la Comisión de Contraloría en
2019.
Propuesta contra la corrupción
Durante la sesión ordinaria de la Comisión permanente de Contraloría, la
directora ejecutiva de Tranparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, tuvo un
derecho de palabra solicitado por la diputada Sandra Flores e hizo una
propuesta sobre la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción e Impunidad.
Durante su intervención, la directora de Transparencia Venezuela señaló
que la corrupción en Venezuela en los últimos 17 años ha superado los niveles
conocidos. «Hablamos de gran corrupción en Venezuela, basados en terminos de
Naciones Unidas y sus oficinas. Pero otras organizaciones internacionales
refieren que hablar de gran corrupción en Venezuela se queda corto».
De Freitas detalló que han podido identificar 69 países donde hay
presencia de la corrupción venezolana, además de 78 casos en 20 países «que
están investigando, procesando y judicializando casos relacionados con
corrupción venezolana».
En estos 78 casos hay casi 30 mil millones de dólares que están
involucrados, monto que puede aumentar debido a que hay varios países que no
han informado el monto del capital involucrado, resaltó la directora de
Transparencia Venezuela.
La organización también ha podido identificar 7.500 venezolanos que han
sido nombrados o involucrados en casos de corrupción en diferentes países.
Por ello la directora de Transparencia Venezuela resaltó que, debido al quiebre de
la insitucionalidad y los óganos encargados de investigar estos delitos, es
necesario que en el país se implemente mecanismos híbridos de justicia «para
sancionar y evitar la impunidad».
De Freitas indicó que, a diferencia de Guatemala y Honduras donde hay
apoyo de la institucionalidad de esos países para sancionar la corrupción, en
Venezuela se propone que una Comisión Internacional contra la corrupción e
Impunidad tenga una duración de al menos 15 años y «donde haya un equipo de
tres personas internacionales que dirijan esta institución, con apoyo de
organismos internacionales, y con un equipo multidisciplinario para generar la
confianza que el país necesita para acabar con la corrupción y la impunidad».
Además plantean una Unidad de Recuperación de Activos y la creación de
una Unidad de Coordinación con la Cancillería, pues esa instancia sería
importante para proteger bienes de la República en muchos países que están
judicializando casos de corrupción donde hay dinero venezolano involucrado.
De Freitas resaltó que estas son propuestas que pueden institucionalizarse una vez se de un cambio político, pero que son necesarias construirlar e involucrar a la población «en la construcción de exigencias».
Con información de Runrunes