Excarcelados: entre reclamos por libertad y dificultades para hacer una vida «normal»

Salir de prisión no es garantía de recuperar las condiciones de vida. Esa es la realidad que enfrentan decenas de excarcelados por razones políticas que, una vez fuera de centros de reclusión, no solo procuran la libertad de las más de 300 personas que aún permanecen detenidas en Venezuela sino el sustento económico para sus hogares, ya agotados por meses o años.

Según datos de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, poco más de mil personas han sido excarceladas este año y continúan sometidas a medidas cautelares que restringen su libertad. Esto tras un proceso de amnistía y «transformación» del sistema de justicia anunciado por Delcy Rodríguez a principios de enero, luego de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.

Uno de los beneficiados a principios de año fue Carlos Julio Rojas, periodista, activista de derechos humanos y parte de la Red de Ex Presos Políticos por la Democracia. La iniciativa, explica, surgió desde la misma prisión: son excarcelados de cárceles como Yare, el Helicoide, el Rodeo que «sin distingo político» decidieron unirse para mantener el reclamo por la libertad plena e inmediata de todos los detenidos por razones políticas en el país, los que continúan bajo medidas cautelares y la restitución de sus bienes materiales.

También procuran brindar asesoría psicológica y visibilizar los casos de aquellos que están en casa por cárcel todavía y tienen problemas de salud. «Sufrimos la represión por parte de la dictadura y ahora estamos luchando por hacer valer nuestros derechos y por la libertad de los que faltan», resume Rojas.

Recuerda que “las cifras son enormes”, por lo que determinar una cantidad de personas sometidas a medidas cautelares antes o después del 3 de enero es complejo. Sin embargo, proporcionan información y dan apoyo a organizaciones como JEP, el Comité y la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos o el Foro Penal.

Justamente, esta última calcula que más de 11.000 personas aún están sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad. Debido a esta opacidad, la Red ha solicitado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos su apoyo.

«Pedimos algo fundamental y que la propia Delcy Rodríguez admitió a comienzos de año y no ha cumplido: existe una necesidad de que las listas de excarcelaciones sean certificadas por la ONU. Es la única forma de que un ente independiente certifique esos números que dan, porque en muchos casos se han mezclado presos comunes», destaca Rojas.

Recuerda que hay presos políticos con boleta de excarcelación pero que no han sido liberados, así como decenas de excarcelados o detenidos con un retardo procesal brutal. El periodista obtuvo libertad plena el pasado 8 de octubre por los presuntos delitos de magnicidio en grado de tentativa, conspiración y terrorismo. La propia representación del Ministerio Público (MP) solicitó la absolución de los cargos.

Sin embargo, pasó más de siete meses con restricciones de movilidad que le impidieron asistir a eventos internacionales de derechos humanos. «En el tema laboral es muy complicado, tienes una espada de Damocles e incluso permaneces constantemente amenazado por la dictadura. En unas declaraciones, Diosdado Cabello me atacó por ejercer el periodismo por la cobertura de los terremotos, por poner un ejemplo. Existe la persecución».

Uno de los principales problemas que identifica la Red y otras organizaciones como el Movimiento de presos políticos «Nelson Mandela» es la recuperación de sus bienes e indemnizaciones justas por el tiempo que estuvieron en prisión bajo acusaciones infundadas.

«Lo verán como algo pequeño, pero los bienes materiales van desde una casa hasta celulares. Muchos presos políticos tienen miedo de denunciar, pero hasta comisarios del Sebin o la PNB están ocupando esas casas y ellos sin vivienda. Es una situación dantesca», dice Rojas.

Al igual que la Red, el movimiento «Nelson Mandela», compuesto en su mayoría por excarcelados de El Rodeo, ha trasladado sus peticiones al ámbito político. En particular a la mesa de diálogo instalada en agosto por representantes de la Asamblea Nacional 2025 y la administración Rodríguez, bajo la supervisión estrecha de Estados Unidos.

«A la mesa le está faltando una pata y son los presos políticos. Los presos políticos somos las principales víctimas de estos 27 años de torturas y violaciones de derechos humanos de forma sistemática», dice Whilfer Piña, representante del movimiento.

A Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, le entregaron un documento donde exponen la necesidad de incluirlos como parte fundamental del diálogo que sostiene con la administración Rodríguez. «Queremos que nos ayuden a un proceso de indemnización y reparaciones económicas a cada uno de los presos políticos».

El movimiento también ha aprovechado el «nuevo momento político» para visitar diversos estados del país y denunciar la situación de los presos políticos, cómo han sido torturados y construir propuestas con la sociedad civil para una futura redemocratización. «No queremos que esta historia de persecución persista en el país, tenemos que transformarnos como sociedad».

Excarcelados y sin empleo

«Los presos políticos que han ido saliendo de la cárcel no solo añoran su libertad, sino recuperar su calidad de vida. La mayoría, para no decir el 100 por ciento, de los presos políticos que han salido vivimos en penurias», dice el profesor Whilfer Piña.

Piña, quien estuvo en prisión por una supuesta conspiración para atentar contra altos funcionarios en Maturín, es especialista en matemáticas. La respuesta que se ha encontrado a la hora de solicitar empleo es que «estás bajo presentación, no te puedo dar trabajo».

«Así estamos una gran cantidad de compañeros que aparte perdieron sus propiedades», menciona el profesor. Además, insiste en que hay presos políticos con graves daños morales, pues algunas familias terminaron fracturándose en el proceso o no pueden sostener los múltiples gastos debido a las afectaciones físicas y psicológicas con las que abandonaron la prisión.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) documentó que el estigma, las medidas cautelares y los antecedentes penales deja a los excarcelados en una situación de «muerte civil».

La mayoría de los excarcelados queda sujeto a regímenes de presentación obligatoria ante tribunales cada 15 o 30 días. Antes de la eliminación de los tribunales especiales de control en materia de terrorismo, decenas de excarcelados debían viajar desde sus estados de origen hasta Caracas para poder cumplir con esta medida. El ODH ULA calculó que, por ejemplo, cada viaje desde Mérida a la capital costaba entre 70 y 150 dólares en el mes de septiembre.

Si algo repiten los excarcelados es lo “engorroso” del trámite para presentarse. Largas colas para presentar la cédula, firmar el libro o registrarse en el sistema. Si se acude un día distinto al habitual de la presentación porque cae fin de semana, puedes resultar bloqueado.

«Hay algunos que salen con miedo o prefieren quedarse en sus casas, como yo, porque sigues dentro del Siipol (Sistema de Investigación e Información Policial). Aunque no hagas malo, hay temor de volver a esas mazmorras», dice un excarcelado, que prefirió no identificarse.

Cuando salió de prisión este año, la recomendación que le dieron sus carceleros fue «pórtate bien y no declares», pese a que ninguna de las medidas restrictivas que le impusieron le impedía exponer su caso.

Asimismo, el Observatorio registró los problemas derivados por tener este tipo de antecedentes penales. El contar con una acusación por terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria o el resto de imputaciones bloquea las oportunidades laborales a estas personas.

Pero además, la oenegé indicó que en la plataforma digital del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, los datos de los expresos políticos «suelen aparecer bloqueados o bajo un estatus de ‘en proceso’. Este bloqueo administrativo impide a las víctimas generar la documentación necesaria para formalizar un contrato, empujándolas forzosamente hacia la economía informal o el autoempleo de subsistencia para poder comer».

TalCual